En un fallo unánime firmado por los tres ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia desautorizó la maniobra judicial que había sacado de los tribunales de Comodoro Py una investigación sensible para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La resolución dejó sin efecto la intervención del magistrado Federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, y ordenó que el expediente regrese de inmediato al despacho del juez porteño, Daniel Rafecas.
El pronunciamiento incluyó severas reprimendas hacia los dos integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes habían avalado el traslado de la causa hacia territorio bonaerense.
Según los integrantes del máximo Tribunal del país, esa decisión afectó de manera «severa e inequívoca» la garantía del juez natural y configuró una «grosera» violación de las reglas de competencia judicial.
La medida representa un golpe directo para la dirigencia de la entidad rectora del fútbol local, que enfrenta múltiples frentes judiciales por presuntas irregularidades contables, lavado de activos y operaciones con firmas comerciales ligadas al negocio de «la pelota». Además, el fallo expone internamente a Borinsky, cuyo nombre circula en los pasillos tribunalicios como eventual candidato a ocupar una vacante en la Corte, y recuerda el pasado de Barroetaveña como vicepresidente de la Comisión de Ética de la propia AFA.
ARGUMENTOS IGNORADOS DE LA FISCALÍA
Al revisar el trámite en Casación, donde el camarista Alejandro Slokar había votado en disidencia contra el traslado, los jueces de la Corte remarcaron que Barroetaveña pasó por alto los planteos del fiscal general, Mario Villar, sobre la jurisdicción territorial.
Por su parte, Borinsky descartó evaluarlos al sostener que excedían el marco del recurso presentado por las defensas.
Para la Corte, los camaristas conocían perfectamente los fundamentos del Ministerio Público Fiscal acerca de los puntos de contacto entre la investigación y la Ciudad de Buenos Aires, pero se «omitió deliberadamente analizar sus argumentos».
De este modo, hicieron lugar al recurso extraordinario interpuesto por Villar y respaldado ante la Corte por el procurador general interino, Eduardo Casal, al concluir que Casación no brindó una respuesta judicial razonada.
Los vínculos políticos y la conexión judicial
La disputa judicial por la mansión en Pilar volvió a colocar bajo observación el entramado de relaciones políticas e institucionales que Claudio Tapia y Pablo Toviggino tejieron durante los últimos años. En paralelo, el abogado Fernando Míguez radicó una denuncia penal que alcanzó tanto a Tapia y Toviggino como al propio Mahiques por presuntas irregularidades en la puesta en marcha de esa casa de estudios. La presentación judicial cuestionó que el proyecto universitario fuera promocionado sin contar con las habilitaciones oficiales exigidas y señaló posibles incompatibilidades entre los cargos públicos ejercidos por el ministro y su rol en la institución académica deportiva.
La denuncia incorporó además un elemento de fuerte sensibilidad institucional al vincular la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia con las modificaciones posteriores en la Inspección General de Justicia. Ese organismo estatal tiene a su cargo el control de las asociaciones civiles y venía impulsando auditorías rigurosas sobre los balances de la AFA, en medio de las sospechas por el registro contable de los contratos comerciales y las transferencias de dinero hacia el exterior.
El rol del juzgado de Campana y los sobreseimientos
La definición sobre qué juez debía quedarse con el expediente resultaba determinante para el futuro de las medidas de prueba orientadas a identificar el origen del dinero y a los verdaderos dueños de los bienes. El fallo del más alto Tribunal de la Nación implica también un fuerte revés para González Charvay, quien no sólo había reclamado la competencia por la ubicación geográfica de la finca, sino que avanzó luego con resoluciones favorables para los sospechosos.
Durante su intervención en la causa, el magistrado bonaerense dictó el sobreseimiento de familiares y allegados de Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia en la conducción del fútbol argentino. Aquellos cierres parciales fueron apelados oportunamente por el fiscal Sebastián Bringas y por Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quienes ahora encuentran respaldo en la vuelta del expediente a los tribunales federales de la Capital Federal.

