El doctor Gustavo Calvinho, director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Austral, encabezó un ciclo de cuatro encuentros consecutivos en el Colegio de Abogados de Capital (Corrientes), fruto de un convenio institucional orientado a debatir sobre el plazo razonable, la litigación estratégica y los tiempos de los procesos.
Con inscripción colmada y un salón repleto de abogados y operadores del sistema, el especialista dialogó con EL LIBERTADOR sobre la crisis de efectividad que atraviesa el servicio de Justicia en el país.
A continuación, el desarrollo de la entrevista.
¿La mora judicial es un problema exclusivo de provincias como Corrientes o responde a un fenómeno nacional?
-Es una preocupación generalizada de la sociedad argentina que excede ampliamente a la provincia de Corrientes. La demora excesiva en la resolución de los conflictos no es responsabilidad únicamente de los jueces, sino de un diseño estructural profundo que abarca los procedimientos, los marcos legales y la actuación de los propios abogados.
Señaló que la estructura procesal es obsoleta. ¿De qué época son las bases con las que se administra Justicia actualmente?
-En la Argentina seguimos estructurando la Justicia no penal -civil y administrativa- sobre modelos que tienen entre 100 y 200 años de antigüedad. Son procedimientos escritos diseñados para una época en la que no existían las tecnologías actuales. A esto se suma una paradoja: tenemos pocos jueces y muchos abogados, pero el sistema le recarga toda la tarea burocrática a los magistrados mientras los abogados quedan al margen por una concepción ideológica superada.
¿Cómo se puede desmantelar esa sobrecarga burocrática que frena los expedientes?
-Hoy las funciones están mezcladas y eso impacta de lleno en los tiempos de respuesta. Hay que avanzar hacia una transformación de roles, tal como lo hizo recientemente la provincia de Neuquén al adoptar un sistema civil adversarial. Allí se siguió la tendencia del fuero penal: los jueces deben concentrarse exclusivamente en resolver y bajar la carga administrativa, mientras que los abogados deben asumir la responsabilidad de litigar.
Corrientes reformó su Código Procesal Civil recientemente. ¿Considera que fue un avance en la dirección correcta?
-Provincias como Corrientes o Tucumán sancionaron códigos procesales nuevos hace poco tiempo, pero implementaron modelos con una oralidad un poco indiscriminada que no está dando buenos resultados. A veces no se revisan adecuadamente los datos ni los números de la Justicia antes de impulsar reformas y luego reaparece el problema de la falta de respuesta. Cambiar un código procesal no es un proceso rápido, y el verdadero reto es dejar de diseñar la Justicia en función de la autoridad que juzga.
¿A qué se refiere concretamente cuando afirma que el sistema está hecho «para los jueces»?
-A que seguimos haciendo las reformas pensando en la comodidad del juez y no en la gente que acude al sistema. Como suelo señalar, seguimos empeñados en hacer los hospitales para comodidad de los médicos y no de los enfermos. Hay que cambiar esa lógica de fondo; la demora afecta a todos, pero impacta de manera directa en los ciudadanos.
Además de las reformas legislativas, ¿qué otros factores deben modificarse a mediano y largo plazo?
-Toda transformación seria requiere voluntad política y el acompañamiento articulado de los poderes del Estado. Pero también hace falta autocrítica: las facultades de Derecho continúan enseñando con programas de estudio superados que no forman adecuadamente a los futuros operadores del sistema. Asimismo, se suele aplicar nueva tecnología sin un marco legal adecuado ni la capacitación correspondiente. Es un trabajo integral a mediano y largo plazo.
¿Qué dinámica y contenidos tendrá este ciclo de capacitaciones en la provincia?
-Es un esfuerzo conjunto y gratuito entre la Universidad Austral y el Colegio de Abogados de Corrientes que abarca cuatro martes consecutivos. Contaremos con disertantes de Santa Fe y Entre Ríos, además de un cierre con magistrados y abogados. La intención es debatir entre todos los actores del sistema para generar aportes y propuestas concretas que mejoren la Justicia correntina.