El Senador provincial de la UCR expuso una mirada integral sobre el robo de hacienda en Corrientes, destacando su transformación en un delito organizado. Remarcó la importancia de la centralidad y el rol lque cobró el fiscal ante el nuevo sistema procesal penal. En ese sentido, enfatizó sobre el deber de reforzar los controles interinstitucionales y territoriales para proteger la producción ganadera. Subrayó la necesidad de acelerar la respuesta del Estado, y adelantó que los poderes públicos analizarán las responsabilidades de los funcionarios públicos en febrero.
02-TAPA-POLITICA-OKEl senador provincial de la UCR, Noel Breard, entrevistado por 13 MAX, analizó en profundidad la problemática que conmociona a los productores agropecuarios, con breve impacto sobre la economía regional y al entramado institucional de la provincia de Corrientes: el abigeato.
El legislador se refirió al fenómeno desde una perspectiva integral, vinculando la acción policial, el funcionamiento del Ministerio Público, el rol de la Justicia y la deber de promover un trabajo interministerial sostenido para enfrentar un delito que ha adquirido nuevas características.
El Senador explicó que el robo de ganado dejó de ser un hecho aislado o de subsistencia para convertirse, en muchos casos, en una práctica organizada y de escala industrial. Señaló que actualmente no se trata únicamente de «el hurto chico, el hurto famélico», sino de maniobras que involucran camiones, logística y estructuras complejas, lo que incrementa el impacto económico y social sobre los productores locales.
Breard destacó que la gravedad del fenómeno quedó expuesta públicamente cuando distintos Cactores del sector rural comenzaron a visibilizar la situación. En ese contexto, recordó que la propia Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes reconoció y felicitó el accionar del Priar y de la Policía de la Provincia por el trabajo realizado en la detección y persecución de estos delitos.
MARCO GENERAL
DEL DELITO
El legislador remarcó que, pese al reconocimiento al accionar policial, se detectó una «fractura» en el sistema que debe ser abordada para lograr resultados efectivos. Esa fractura, explicó, se vincula con el funcionamiento de algunos fiscales individuales y no con una falla sistémica del Ministerio Público en su conjunto, al que definió como una institución que «siempre actúa con mucha responsabilidad».
En ese sentido, destacó el rol del fiscal general Sotelo, quien, ante las denuncias de los productores, dispuso de manera inmediata un memorándum interno para que se actúe «con mucha diligencia». Según Breard, esta decisión reflejó una respuesta institucional adecuada frente a la preocupación creciente del sector agropecuario que ahora espera que la bajada de línea desde arriba permita separar la paja del trigo con. La sanción si correspondiera de quienes no han acompañado el eficiente trabajo de la policía.
Sin embargo, el Senador advirtió que el problema surge cuando, en casos concretos, se observa una inacción o demora injustificada en la adopción de medidas clave. Señaló que esta situación genera un fuerte impacto porque el sistema procesal vigente deposita en los fiscales un rol central y excluyente en la conducción de la investigación penal.
CAMBIOS EN
EL SISTEMA PROCESAL PENAL
Breard explicó que el actual escenario debe analizarse a la luz de una profunda reforma legislativa que modificó el Código Procesal Penal para adecuarlo a los estándares internacionales. Recordó que, bajo el régimen anterior, el juez podía investigar de manera conjunta o individual junto al fiscal, lo que derivaba en un involucramiento directo en la causa.
Ese esquema, sostuvo, generaba un problema de objetividad, ya que el juez que investigaba luego debía juzgar, lo que implicaba una posición previamente tomada. Según explicó, este modelo fue considerado incompatible con los principios constitucionales y, por ese motivo, fue abandonado en gran parte del mundo.
El Senador indicó que el nuevo paradigma estableció que el juez cumple el rol de juez de garantías, sin intervenir en la investigación, mientras que el monopolio de la acción investigativa quedó en manos del fiscal. En esa línea, subrayó que el fiscal se convierte en «un actor principal en la investigación», con amplias facultades y responsabilidades.
Mayor control
El Senador señaló que los hechos recientes pusieron en evidencia la necesidad de controlar toda la cadena comercial. Mencionó operativos en zonas como Santa Tecla, sobre las rutas 12 y 120, donde se halló ganado en carnicerías no habilitadas, lo que refuerza la hipótesis de que estos comercios pueden convertirse en bocas de salida del ganado robado.
La importancia en este caso es que el fiscal encuadro bajo la figura de abigeato y no del art. 206 como venían haciendo otros fiscales con lo cual en lugar de ir hacia atrás todo terminaba en un delito sanitario con pena mayor y sin lograr el objetivo perseguido
Aclaró que las carnicerías no deben ser colocadas bajo sospecha de manera automática, pero sostuvo que es imprescindible realizar controles de trazabilidad. Explicó que, si un matadero municipal faena una cantidad de animales que no guarda relación con la población local, se encienden señales de alerta sobre la procedencia del ganado.
En ese marco, destacó el enfoque planteado por el ministro de la Producción, Walter Chávez, quien afirmó que el gobernador Juan Pablo Valdés dio instrucciones de avanzar en «cercanía territorial y trabajo interinstitucional». Según Breard, esto implica un contacto directo con pequeños productores y los ministerios de Seguridad y Economía.
Competencias
Breard explicó que, ante posibles irregularidades en el accionar de un fiscal, la Constitución prevé mecanismos claros de control. Indicó que, en caso de verificarse un mal desempeño, el Consejo de la Magistratura es el órgano competente para analizar la conducta y, si corresponde, promover una acusación ante el jury. Señaló que el objetivo no es prejuzgar, sino determinar si existió negligencia, omisión o si hubo un descargo fundado que justifique las decisiones adoptadas. El Senador enfatizó que «lo que no podemos hacer es quedarnos con la duda», ya que se trata de temas delicados que afectan la confianza pública.