El Senador provincial criticó con duros términos la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, y denunció tratos desiguales en adelantos financieros. En la misma línea, advirtió sobre el endeudamiento en dólares y alertó sobre una severa discriminación normativa en la coparticipación federal, la que, según estimó, sería perjudicial para Corrientes en unos 600 millones de dólares anuales.
El senador provincial Noel Breard, entrevistado por Laura Tribbia y Luis Sosa en Radio Sudamericana, analizó el vínculo actual entre las provincias y el Gobierno nacional.
En ese sentido, el legislador advirtió sobre dificultades de diálogo, falta de reciprocidad institucional y asimetrías que afectan al desarrollo del federalismo.
Breard señaló que, si bien existen sectores que manifiestan públicamente la voluntad de diálogo con la Nación, ese intercambio no siempre se traduce en resultados concretos.
En el mismo tono, expresó que la principal preocupación no radica únicamente en la falta de contacto, sino en la ausencia de respuestas efectivas. «Hasta ahora la estrategia es de ida y no de ida y vuelta», afirmó, retomando un diagnóstico que también, recordó, ya fue planteado por el senador Sergio Flinta.
El legislador aclaró que a todas sus apreciaciones las realiza a título personal, no obstante, subrayó que forman parte de una preocupación compartida dentro del arco político provincial.
En ese marco, recalcó que las tensiones actuales no son nuevas, sino que se inscriben en una historia prolongada de reclamos vinculados al trato desigual entre las provincias, particularmente en materia presupuestaria y financiera.
RELACIÓN NACIÓN-PROVINCIAS Y RECLAMOS FEDERALES
Breard recordó episodios recientes en los que el Senado provincial debatió cuestiones sensibles vinculadas a la Corte Suprema y al presupuesto nacional. El legislador enfatizó que en esas instancias se plantearon reclamos concretos relacionados con el trato diferenciado que reciben distintas jurisdicciones. Como ejemplo, mencionó adelantos financieros otorgados por la Nación a algunas provincias, mientras otras continúan con fondos retenidos o en litigio.
Como contraste, el Senador recordó que al Chaco se realizó un adelanto de 40 mil millones de pesos, a Entre Ríos uno de 80 mil millones y a Córdoba uno de 150 mil millones, pese a que en todos los casos se trata de recursos que, según sostuvo, pertenecen originalmente a las provincias. «Estamos hablando de plata retenida por la Nación, que es plata de las provincias», afirmó, y calificó esa situación como una irregularidad institucional.
Breard enfatizó que estos planteos no implican un intercambio de favores legislativos por fondos, sino una exigencia de respeto institucional. «No parece que estamos pidiendo plata a cambio de ley, y esto no existe. Estamos pidiendo respeto institucional», sostuvo. En ese sentido, cuestionó por qué algunas provincias acceden a adelantos y otras no, interrogante que, según dijo, sigue sin respuesta clara.
El legislador reconoció que existen factores políticos que inciden en estas decisiones, como la conformación de alianzas electorales. Sin embargo, remarcó que la postura de su espacio responde a una defensa de principios.
FORTALECER LA REPÚBLICA. El Senador cuestionó el rol del Congreso de la Nación, al que calificó lento y con dificultades para ejercer un control efectivo.
Endeudamiento
Breard advirtió que esta práctica, promovida en el contexto actual, genera beneficios para la Nación pero implica riesgos significativos para las administraciones provinciales. Explicó que cuando una provincia se endeuda en dólares, esos fondos ingresan al Banco Central y luego se convierten en pesos, lo que expone a las jurisdicciones al riesgo cambiario.
El Senador señaló que este mecanismo ya tuvo consecuencias negativas en el pasado, particularmente durante la etapa económica asociada a Domingo Cavallo. «Esto ya nos ocurrió en la época de Cavallo. Y te queda el compromiso en dólares», recordó. Según explicó, una eventual devaluación puede encarecer de manera sustancial el costo de las obras financiadas con esos recursos, comprometiendo la sostenibilidad fiscal provincial.
En contraposición, destacó la situación de Corrientes, provincia que, según indicó, mantiene una deuda de apenas 20 millones de dólares, muy por debajo de otras jurisdicciones que arrastran compromisos significativamente mayores. Breard atribuyó esta diferencia a decisiones políticas previas y a una estrategia de prudencia financiera orientada a evitar escenarios de vulnerabilidad futura.
Si bien reconoció que el endeudamiento puede ser una herramienta válida en contextos excepcionales, aclaró que su posición es de cautela. «En principio somos reticentes, queremos que nos den nuestra plata», afirmó, insistiendo en que el reclamo principal pasa por la restitución de recursos que considera legítimamente provinciales.
Noel dixit
“Hasta ahora la estrategia es de ida y no de ida y vuelta”
“Estamos pidiendo respeto institucional”
Discriminación normativa
Breard profundizó además en lo que definió como una «discriminación normativa» en el sistema de coparticipación federal. Para ilustrarlo, comparó los presupuestos de las provincias del NEA, señalando diferencias significativas entre jurisdicciones con realidades demográficas similares. Indicó que el presupuesto de Corrientes ronda los tres billones doscientos ochenta y dos mil millones de pesos, mientras que el de Chaco supera los cuatro billones.
Según explicó, esta brecha equivale a unos 600 millones de dólares menos para Corrientes al inicio de cada ejercicio presupuestario. Atribuyó esta situación a la ley de coparticipación de 1988, que, según sostuvo, perjudicó a provincias como Corrientes, Buenos Aires y La Rioja. En el caso de estas últimas, señaló que existieron mecanismos de compensación que no se aplicaron de igual modo para todas.
El Senador también mencionó reclamos vinculados al pago de regalías de Yacyretá y Salto Grande, afirmando que no solo se abonan montos inferiores a los correspondientes, sino que existen diferencias en los criterios de actualización respecto de otras jurisdicciones. «Hacen lo que ellos quieren», expresó, al describir un esquema que consideró agotado.
En ese contexto, Breard sostuvo que el sistema actual responde a una lógica de imposición unilateral por parte de la Nación. «Esto es lo que llama el sistema de ida», afirmó, al tiempo que aclaró que ello no implica desconocer los márgenes de maniobra política de los gobernadores, sino exponer los problemas estructurales de la relación Nación-provincias.