La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) primereó en la escena al rechazar la medida del Gobierno central, sobre el otorgamiento de 60 mil pesos a trabajadores en relación de dependencia. Y en las últimas horas, el empresariado correntino se sumó manifestando su «profunda preocupación».
En su mayoría, titulares de pequeñas y medianas empresas, los emprendedores locales hicieron hincapié en que las negociaciones paritarias son el ámbito dónde deben determinarse las remuneraciones, «toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector».
Resulta conveniente recordar que el Ministerio de Economía anunció, el domingo 27, un conjunto de anuncios económicos entre los que se agregó un bono para trabajadores privados a otorgarse en los próximos dos meses.
DETERIORO CONSTANTE
«Somos conscientes del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data», señalaron desde la federación que nuclea a empresarios de Corrientes.
Consideraron necesario advertir que «buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década», asegurando que este contexto «hace inviable que puedan afrontar la suma fija».
A la vez pusieron énfasis en que «la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de Pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad», alegando así los «costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente».
Hicieron hincapié en que el Gobierno nacional revea las medidas y solicitaron a los legisladores nacionales que «intercedan para salvaguardar las Pymes, fuente principal de empleo, bienestar y prosperidad».
Multas y aclaraciones
La respuesta no tardó en darse desde Nación, con la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos amenazando con que las empresas que no otorguen el bono serán multadas. Y aclaró que se pagará de manera proporcional a los ingresos netos (de bolsillo) y que los que perciban cualquiera de las sumas deducidas no podrán comprar dólares.
No es para todos
La ministra de Trabajo, Olmos explicó que el bono de 60.000 pesos a pagarse en dos cuotas, se dará de la siguiente manera:
-Quienes tengan en agosto un sueldo neto (de bolsillo) de 370.000 recibirán el bono completo, es decir, 30.000 por mes;
-Quienes cobren 380.000 pesos, cobrarán 20.000 cada mes;
-Quienes tengan un salario de 390.000, recibirán 10.000 por cada mes.
«En el caso del tope de 400.000 pesos, deberán ser netos y están incluidos todos los adicionales incluso el bono», aclaró la titular de la cartera laboral. Es decir, para cobrar el total del refuerzo, la sumatoria de los ingresos de cada empleado debe ser de hasta 400.000 pesos, incluyendo la suma fija.
«Si con el adicional pasan los 400.000 pesos, no cobran», explicó la Ministra para agregar que es un beneficio individual y no por familia.
La Came, punta de lanza
Una manifestación similar a la confederación madre de la mediana empresa argentina, la Came, desde donde expresaron su descontento tras los anuncios.
«Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance», comenzó el comunicado con dureza.
«En ese sentido, Came sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50 por ciento del incremento dispuesto», enfatizaron.
Provincias hacen la suya
De acuerdo a la iniciativa aún pendiente de reglamentarse en el boletín oficial, la liquidación por parte de los ejecutivos provinciales y municipales del bono será a modo de adhesión. O sea, las provincias y municipios que decidan pagar la suma fija a sus empleados públicos nacionales deberán hacerlo con fondos propios. No habrá partidas específicas del Gobierno nacional para asistirlas con ese gasto.
Ante este marco de situación, Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaron que no abonarán los 60.000 pesos impulsados por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Aclararon que decidieron mantener la agenda de paritarias para acuerdos salariales establecida en sus respectivas jurisdicciones, y que fueron previas al anuncio nacional.
Otros distritos, como Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro abonarán montos cercanos, similares o superiores a los 60.000 pesos para los trabajadores registrados del sector privado y para los estatales nacionales que ganen hasta 400.000 pesos. Las demás provincias aún no conformaron si se plegarán a la medida o están analizando cómo hacerlo.
En lo que respecta a Corrientes, aún no hay ninguna información, pero lo que sí fue confirmado por Gustavo Valdés fue que en los próximos días habrá anuncios para la Administración Pública, que impactarán con los pagos de septiembre.
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