El frente opositor asentó su cabecera de playa como preludio de lo que será el resto de este complicado 2021. Lo hizo en la Corte provincial, con una cautelar en contra de la convocatoria de Gustavo Valdés. El escrito no escatimó en duros términos respecto a lo que consideraron una «peligrosa», «ilegal» y «arbitraria» medida. Advirtieron que quedó expuesta una conducta que persigue un «interés particular oscuramente elegido por sobre los intereses generales e institucionales», atribuyendo la gravedad ante el contexto de la pandemia para un llamado de estas características. Entre los que acompañaron la medida, el PaNu.
03-POLITICA-3A pesar de que asoma el invierno, el escenario provincial comienza a elevar la temperatura. En el Partido Justicialista están decididos a no dejarse avasallar por un oficialismo que saca pecho como creyendo que no hay oposición. Por lo menos así quedó claro en los últimos días, en los que el peronismo local comenzó una avanzada tendiente a marcar la cancha de los últimos actos administrativos institucionales encabezados por el Gobernador, que derivaron en una convocatoria a elecciones considerada carente de legalidad.
Fue así que ayer, apoderados del PJ presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia una acción directa de nulidad del Decreto N° 1.145 mediante el cual, Gustavo Valdés convocó a las elecciones provinciales para el próximo 29 de agosto. Además, se planteó conflicto de poderes y se solicitó medida cautelar de no innovar.
La medida fue acompañada por los partidos aliados al justicialismo: Convocatoria Popular, Demócrata Cristiano, Renovador Federal, Cambio Popular, Nueva Causa, Kolina, Encuentro por la Democracia, y Equidad. Y como sorpresa en este contexto político, el PaNu.
Se debe hacer un párrafo aparte respecto al Partido Nuevo, puesto que en las últimas jornadas fue noticia el coqueteo entre el líder nuevista, «Tato» Romero Feris y el propio Gobernador, que fue a visitarlo.
Retomando la acción presentada ante la Corte correntina, el escrito tuvo términos contundentes sobre la decisión del Ejecutivo local. Hablaron de arbitrariedad en el acto de convocatoria para elegir diputados, senadores, así como Gobernador y Vice.
Solicitaron una medida cautelar de no innovar de carácter urgente, que ordene al Poder Ejecutivo como a la Junta Electoral de la Provincia a no llevar adelante e incluso suspender todo acto referido a esta «arbitraria e ilegal convocatoria», atentos a la «gravísima afectación manifiesta de orden público electoral, la buena fe democrática y los principios de legalidad y razonabilidad».
CON LOS TAPONES DE PUNTA
De entre los párrafos más contundentes se destacó que la decisión del mandatario correntino, «pone en gravísimo peligro el orden institucional» de la Provincia y «compromete el funcionamiento adecuado del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Fue por lo ocurrido el pasado 26 de mayo, cuando Valdés dio a conocer la decisión de que se votara a finales de agosto.
El PJ y sus aliados cuestionaron en la documental que fue «sorpresivamente, sin advertencia previa, sin reunión o consulta a los distintos órganos judiciales respecto de la instrumentalización del proceso electoral».
Advirtieron la «forma subrepticia» con la que además de la convocatoria para cargos parlamentarios, también se estableció «de forma impropia del accionar de un mandatario», se estableció la misma fecha para elegir Gobernador y Vice.
Hablaron de una «lamentable conducta de quien ejerce la primera magistratura provincial».
Esta maniobra de Valdés, fue considerada en el escrito presentado al Superior Tribunal como un «interés particular oscuramente elegido por sobre los intereses generales e institucionales».
Fundamentos
Entre los fundamentos, se alegó una «contradicción del orden público electoral», con «inobservancia de plazos establecidos» por normativa e «intromisión en facultades legislativas». Además, resaltaron una «afectación del principio de certeza», así como «publicidad adecuada» del llamado.
Otro de los fundamentos se basó en la «violación de la buena fe democrática». Añadiendo el «apartamiento del interés general», con una «prevalencia del interés particular de una fuerza política».
El tercero hizo hincapié en la «falta de motivación y vicio en la finalidad del acto». Sumando un cuarto, respecto a la «viabilidad de la competencia originaria», remarcando la «gravedad institucional del conflicto». Y, por último, la «reducción supletoria a la Justicia Electoral».