El diputado nacional, Manuel Aguirre recordó a EL LIBERTADOR que la derogación de la Ley de Alquileres había sido un reclamo de la oposición, y criticó que, como se adelanta desde el oficialismo, el presidente Alberto Fernández da curso administrativo a esa decisión mediante un decreto.
La derogación conllevará «menos oferta, precios sin techo cuando se renegocian contratos y el 93 por ciento de ICL», había advertido Aguirre en un tuit en el que se focalizó en que la «medida nuevamente se busca mediante un DNU, atropellando los procesos que se han iniciado en el Congreso desde JxC, pidiendo por su derogación».
El legislador remarcó que el Decreto de Necesidad de Urgencia es un acto jurídico que se ha vuelto de costumbre para el Presidente, y sostuvo que, al apelar nuevamente a este mecanismo, el mandatario sólo lo hace con el fin de obviar el debate parlamentario, teniendo en cuenta que el pedido fue impulsado por la oposición.
Aguirre insistió en que el presidente Alberto Fernández ha comenzado a utilizar este medio -con el que la Constitución nacional faculta sólo a los primeros mandatarios para tomar decisiones cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes- para «tapar políticamente el trabajo de la oposición sobre los reclamos de la sociedad».
«En el caso de los alquileres, el presidente Alberto Fernández apelaría al DNU sólo porque es un reclamo que impulsa la oposición, y él quiere que le sea atribuido el hecho, porque ya es sabido que si esta ley no se deroga va a traer serias consecuencias a los argentinos, en todo el país, y en especial en Corrientes, pero sin nombrar a quienes venían sosteniendo», señaló.
La Ley de Alquileres, que regula los derechos y obligaciones de la persona que va a alquilar y de la persona dueña del inmueble, prohíbe pagos adelantados, salvo el de un mes de alquiler y el depósito en garantía. También establece que el inquilino tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originan con el uso del inmueble, pero no el pago de las que gravan la cosa ni las expensas comunes extraordinarias.
Pero la norma, además, establece que plazo mínimo del contrato de alquiler ya sea comercial o de vivienda es de tres años, uno de los puntos mayormente criticados luego de su sanción, debido a que, según sus detractores, pese a que esta cláusula ha sido pensada para dar estabilidad a los inquilinos, también «endurece» el mercado y potencia los conflictos por retiro anticipados.
«Apelar al DNU es hacer política desde una posición egoísta, para personas que se consideran accionistas del Estado, y no representantes, sin honestidad ni transparencia, y en este caso, con intencionalidad política-electoral, por lo que seguramente, por todo esto, estaremos haciendo nuestro descargo en la Justicia», adelantó Aguirre.
VUELVE EL
ESQUEMA VIEJO
Según fuentes oficiales, la decisión de reemplazar la normativa actual fue acordada entre el presidente Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, y se concretaría la próxima semana, para lo cual el Gobierno ya habría comenzado a trabajar en distintas alternativas, entre ellas, la que circula en un borrador que llegó a manos del sector inmobiliario, en el que se indica que de suspenderse la ley actual se pondrá en vigencia el esquema que regía hasta 2020 por 180 días.
Otras versiones agregan que, a la par del DNU, se pedirá al Congreso que elabore una nueva ley sobre un dictamen de mayoría de legisladores oficialistas que, no obstante, no modificaría los puntos más polémicos de la ley actual.
Los cambios más urgentes, se indican desde el Congreso, serán suspender el pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos, junto al establecimiento de nuevos beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de unidades.
La Ley de Alquileres vigente, sancionada por el Senado en junio de 2020, introdujo al mercado extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación, lo cual, lejos de solucionar problemas, provocó subas por encima de la inflación para los nuevos contratos y una menor cantidad de propiedades disponibles para alquilar.
«Los Decretos de Necesidad y Urgencia se deben usar sólo cuando existe un caso de emergencia. Nosotros queremos que se deje sin efecto la Ley de Alquileres, pero que sea tratado con una ley en la que todos hayan participado, que se oiga al sector y a la oposición, porque al oficialismo sólo le interesa cobrar impuestos», sentenció Aguirre.
«Nosotros sabemos que al ver el uso reiterado de los DNU estamos ante una práctica que no es transparente, y no me cabe ninguna duda que todos nosotros nos vamos a terminar preguntando en qué se gasta el dinero público, qué es exactamente para lo que está el Congreso; si el Presidente no tuviera nada que ocultar, no lo utilizaría, pero no tiene claridad ni honestidad en su trabajo, lo hemos dicho muchas veces, no sólo es porque el kirchnerismo no quiere tratar el tema en el Congreso, es una farsa total y absoluta», insistió.
«Nosotros vamos a seguir plantándonos ante estas locuras, como las que también vemos en el Procrear, mejor dicho, la esclavitud del Procrear, que no se para porque hay accionistas detrás, como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que han llevado este otro tema al extremo de la usura, por la cual hoy los argentinos deben asistir por sus propios medios, como individuos, a la Justicia. Hoy no existe organismo que se encargue de proteger al ciudadano», remarcó.
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