No hay suficientes recursos humanos para una Fiscalía que debe cumplir un importante papel dentro del nuevo Código de Procedimiento. Incluso en la Policía hay también escasez de recursos humanos y logísticos.
03-POLITICA-6Apoco más de tres semanas de cumplirse un año de la inauguración del nuevo Código Procesal Penal, y ante un notorio aumento de casos delictivos en la ciudad de Santo Tomé, sobre todo en lo que refiere a delitos contra la propiedad, el medio local Santo Tomé On Line decidió indagar sobre el estado actual de esta nueva herramienta jurídica en el ámbito santotomeño.
Así, se consultó a abogados y operadores del sistema, quienes señalaron que el problema se inicia en la policía con su falta de recursos humanos y logísticos.
La Comisaría Segunda, por ejemplo, no tiene camioneta hace ya bastante tiempo, limitando sustancialmente su capacidad operativa y de patrullaje. Pero la cuestión no se centra en ello, sino que hay un problema mayor que hace al colapso en el ámbito judicial.
Así en la Quinta Jurisdicción que abarca tres juzgados de Garantías (ex Instrucción), tres fiscalías (Ituzaingó, Virasoro y Santo Tomé) y un Tribunal de Juicio (con asiento en Santo Tomé), sólo se ha realizado hasta la fecha un juicio oral por jurisdicción. O sea, sólo tres, una Circunscripción entera que abarca desde Alvear hasta el límite con Misiones, incluyendo todos los pueblos contando Ituzaingó, en casi un año sólo pudo realizar tres juicios orales.
Consultados entonces a sus operadores sobre si era buena la implementación del nuevo Código, la respuesta unánime fue: sí. Destacaron que el Código es ampliamente superador, sobre todo por las herramientas que brinda, las que sin llegar a juicio han resuelto bastantes casos.
¿Cuál es el problema, entonces? Es la mala distribución de los recursos humanos en la transición. Técnicamente es algo así: todo el trabajo que hacía el Juzgado de Instrucción pasó a la Fiscalía, que ahora investiga el caso. El Juzgado en el plazo de tres años no debe tener más causas viejas (unas 17 mil existían al inicio de la transición). Las que se generaron desde julio de 2021 van directo a Fiscalía (unas 120/130 al mes en lo local) y el Juzgado sólo va a quedar conformado al final de estos tres años por un juez, un secretario y uno o dos escribientes.
El Tribunal Oral (ahora Tribunal de Jueces de Juicio) no debe quedar con juicio pendiente del sistema anterior, y sólo va a quedar de su conformación actual con sus tres jueces, un par de secretarios y un par de escribientes, pues en el código nuevo no organiza más juicios. ¿Quién los organiza? Eso corresponde a la sala de audiencias y lo referente a los jueces que actúan: la Oficina Judicial. La presentación y producción de las pruebas del juicio en sí: la Fiscalía (con citación de testigos y todo).
Los jueces sólo deben sentarse a escuchar el caso (sin conocerlo antes) y dictar sentencia, como jueces unipersonales o como Tribunal según la gravedad del mismo.
RALENTIZACIÓN
Entonces, ¿qué ha ocurrido que ha provocado la ralentización del sistema? La respuesta es: la falta de recursos humanos que debieran migrar a Fiscalía. Se les pasó la totalidad del trabajo, pero no se les pasó el personal. Según se ha señalado a este medio, la distribución actual del trabajo resulta absolutamente desigual en el ámbito penal del Poder Judicial, variando entre organismos que trabajan colapsados (Fiscalía de Investigaciones), organismos que trabajan holgados (Tribunal Oral, Juzgado de Instrucción/Garantías) y organismos que buscan trabajo (Oficina Judicial).
La Fiscalía de Investigaciones (ex Fiscalía de Instrucción) que gestiona la investigación completa (realización de pruebas), realización de juicios orales y seguimiento de los casos hasta la finalización, correspondiente a todos los delitos, juicios abreviados, concesión de probation, y acuerdos de partes generados desde julio de 2021, además de todas las vistas que corresponden al sistema anterior remanente (17 mil al inicio), afronta su trabajo con cuatro escribientes y dos secretarios.
Desde el comienzo del nuevo Código, sólo han pasado un escribiente desde el ex Juzgado de Instrucción a Fiscalía, y tres escribientes y una secretaria para conformar la Oficina Judicial. Al Tribunal Oral no se le ha migrado de manera permanente ningún personal.
En cuanto a Defensoría Oficial y Asesoría de Menores no han tenido cambios significativos en su competencia, de modo que no se han visto afectados con el cambio. Como se señalara, en Virasoro y en Ituzaingó ha ocurrido más o menos lo mismo.
Resultado: una Fiscalía colapsada de casos, sin posibilidades en lo mediato de revertir la situación.
Por último, un dato no menor: los titulares del Ministerio Público (Fiscal, Defensor y Asesora) trabajan de corrido sin turnos, o sea de lunes a lunes, y sin embargo, los jueces trabajan de lunes a viernes y hacen turnos los fines de semana.
Se advierte entonces que el «diseño de transición» llevado a cabo desde el ámbito del Superior Tribunal de Justicia no ha sido, cuanto menos, el más acertado y se puede inferir que muchos delincuentes seguirán transitando las calles de la Quinta Circunscripción libremente, amparados en el error del sistema, el que suponemos, será corregido con urgencia por el máximo organismo de Justicia de la Provincia.
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