El oficialismo asegura que se trata de una concesión, y restan cumplirse pasos a su homologación. «El proyecto tiene origen en una ordenanza de 2014, presentado por la hoy oposición», expresó el presidente Vallejos.
02-TAPA-POLITICA-4El presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos, explicó que el proyecto de inversión inmobiliaria en la zona costera capitalina tiene su origen en la norma aprobada en 2014, que habilita inversiones privadas en lugares públicos.
El dirigente radical indicó que desde el cuerpo se busca otorgar seguridad jurídica a la iniciativa. «El Concejo lo único que hace es homologar el proyecto, como trámite previo a una licitación pública», aclaró el Concejal.
La controversia radica en que una empresa del Chaco, propone construir una losa terraza, con un área de usos para un café-restó con mesas y vista al río, en la Costanera General San Martín, más precisamente, en la zona conocida como «La toma de agua de la ex usina».
Además el proyecto comprende el desarrollo del centro de operaciones y monitoreo, las oficinas de Sise, y un espacio coworking tecnológico. La Secretaría de Turismo tendrá oficinas vidriadas y de estructura metálica con señalética digital a través de tótems.
En este marco, Vallejos aclaró que se trata de una concesión, y restan cumplirse pasos previos a su homologación.
«Este proyecto tiene su origen en una ordenanza aprobada en 2014, presentado por la hoy oposición, y que es normativa de la ciudad, a partir de ahí una empresa se presenta, establece cuales son las condiciones por las cuales podría avanzar esta inversión, y se constituye una comisión para evaluar la posibilidad y factibilidad desde el punto de vista técnico y formal», indicó el edil.
EN REGLA
«Si se cumplen todos estos requisitos establecidos, el expediente avanza, a partir de ahí el Ejecutivo puede declarar de interés y el Concejo lo único que hace, como trámite previo es homologar el proyecto antes de la licitación pública. Cabe aclarar que la superficie de 1.800 metros cuadrados no es tal, corresponde al área que abarca la intervención, que incluye a los lugares públicos, que no dejarán de ser públicos. Antes encontrábamos procedimientos rutinarios como dar concesiones precarias, lo que queremos acá es dar seguridad jurídica y actuar conforme a lo que establece la normativa vigente», remarcó.
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