Hay imágenes que la memoria rural correntina atesora con mezcla de resignación y vergüenza: la del peón que, en plena noche, faenaba un ternero ajeno para que su familia tuviese algo que poner sobre la mesa. Era un delito, claro, pero uno que la comunidad entendía en clave de miseria, de tierra dura y de estómago vacío. La Justicia, cuando llegaba, solía ser tarde y con los ojos entornados. El cuatrero de entonces era, más que nada, un hombre con hambre.
Ese cuatrero ya casi no existe. En su lugar -o, más bien, detrás de él, usándolo de camuflaje- opera hoy una maquinaria delictiva que nada tiene de espontánea ni de famélica. El abigeato en la provincia de Corrientes mutó. Dejó de ser el delito del miserable para convertirse en el negocio del audaz. Y ese salto cualitativo, silencioso durante años, explotó en los últimos tiempos con una violencia y una escala que ya no admite eufemismos: autoridades judiciales describen la situación como un esquema de ‘gran organización criminal’, un delito que se industrializó y que trasciende con creces el hurto tradicional.
Pinpoint: una herramienta clave para caudal de contenido
El abordaje periodístico de fenómenos criminales complejos exige algo más que olfato noticioso: demanda organización, cruce de fuentes y capacidad para encontrar patrones en volúmenes masivos de información.
Es exactamente ahí donde Google Pinpoint se convierte en una herramienta decisiva. Diseñada para el periodismo de investigación, permite indexar, buscar y analizar grandes colecciones de documentos -expedientes judiciales, actas policiales, resoluciones, declaraciones- de una manera que potencia el trabajo del periodista sin reemplazar su criterio.
Para temas de alta densidad documental como el abigeato en Corrientes, donde las causas se multiplican, los imputados se ramifican y las conexiones entre casos pueden estar enterradas en cientos de folios, contar con esa capacidad de procesamiento marca la diferencia entre una nota de coyuntura y una investigación de fondo.
El diario EL LIBERTADOR utilizó Pinpoint como eje metodológico para construir esta colección sobre el abigeato en la provincia. La herramienta permitió sistematizar la información dispersa en distintas causas judiciales, registros de operativos y fuentes documentales, habilitando una lectura transversal del fenómeno que de otro modo habría resultado inabarcable.
El resultado fue una narrativa que conecta lo local con lo regional, lo policial con lo judicial y lo económico con lo social.
La evolución del delito: de la faena en el monte a la logística criminal
Para entender la magnitud del cambio, es necesario reconstruir la cadena delictiva en su forma actual. Ya no se trata de un hombre con un cuchillo y una tropilla propia que se lleva un novillo en la oscuridad. El abigeato correntino de hoy tiene etapas, roles, comunicaciones encriptadas y rutas de distribución que rivalizan en sofisticación con cualquier red del crimen organizado urbano.
El primer eslabón es el robo en campo. Los delincuentes llegan en grupos, armados, y actúan con una velocidad y una coordinación que habla de ensayo previo. Se han registrado casos de cuatreros que faenaban vacas en pleno campo, desafiando a plena luz del día tanto a los propietarios como a las fuerzas de seguridad. La violencia es, para estos grupos, una herramienta de trabajo. Así lo demostraron casos donde cuatreros masacraron a tiros a varias vacas sin aparente fin productivo, sólo para causar daño patrimonial como represalia o advertencia. El mensaje era claro: nadie está a salvo.
El segundo eslabón es el transporte. Los animales se mueven en camionetas, acoplados sin documentación y hasta en condiciones que rozan lo cinematográfico: se llegó a interceptar a un conductor que llevaba un toro maniatado oculto en la caja de su vehículo. Ese episodio, que parece anecdótico, reveló en realidad una red mayor. Para intentar frenar este tramo del circuito, se han impuesto multas de hasta cinco millones de pesos a quienes transporten vacunos sin documentación legal, aunque la medida disuasoria choca contra la rentabilidad del negocio, que convierte esa multa en una externalidad menor.
El tercer eslabón es la faena clandestina. Una vez fuera del campo, los animales pasan a manos de organizaciones especializadas en mataderos ilegales donde no existe ni refrigeración, ni habilitación sanitaria, ni control de ninguna clase. El resultado es un producto que llega al consumidor en condiciones riesgosas para la salud. La magnitud de estas operaciones quedó expuesta cuando las fuerzas de seguridad encontraron más de 500 kilos de carne en avanzado estado de descomposición sin ningún tipo de documentación que avalara su procedencia.
El precio del silencio: ¿cómplices?
Pero ninguna industria criminal perdura sin una red de protección. Y aquí el abigeato correntino muestra su faceta más inquietante: la sospecha, cada vez más documentada, de que en algunos eslabones de la cadena hay uniformes, sellos notariales y escritorios de funcionarios.
La complicidad interna se manifestó de manera concreta cuando, en el Paraje Los Vences, se dictó el procesamiento de tres civiles y un efectivo policial en el marco de una misma causa por robo de ganado. No fue un caso aislado. En los campos, peones detenidos por faena ilegal y caza de fauna silvestre resultaron ser justamente los empleados contratados para custodiar los establecimientos. El lobo, en más de un caso, cuidaba el gallinero.
La distribución del producto robado tampoco carece de cómplices. Las carnicerías son puntos clave en el esquema de comercialización ilegal, y así lo confirmó el testimonio documentado de un comerciante que admitió haber comprado carne de origen clandestino para su reventa. En Ituzaingó, el rastro llegó hasta un establecimiento gastronómico: el dueño de un comedor almacenaba 150 kilos de carne clandestina que, de no mediar el operativo policial, habría sido servida tranquilamente en las mesas del lugar.
La presión sobre el sistema judicial es otro vector del problema. En Paso de los Libres, la tensión llegó a tal punto que sectores de la comunidad reclamaron abiertamente el traslado de fiscales, con manifestantes que aseguraban que «a los fiscales no les entra bala» al momento de actuar contra los cuatreros. El Ministerio Público Fiscal salió a defender su actuación y ordenó dinamizar las causas, pero la desconfianza ya estaba instalada.
La dimensión internacional: cuando el Brasil cruza el río
Si la escala nacional del delito ya es alarmante, la dimensión internacional añade una capa de complejidad que desafía los recursos de las fuerzas de seguridad provinciales. La geografía correntina, recortada por el Paraná y el Uruguay, facilitó desde siempre el contrabando. Hoy, esa misma geografía sirve de autopista para el abigeato transfronterizo.
La irrupción de bandas de cuatreros brasileños que operan en suelo correntino puso en alerta máxima a los establecimientos del sur provincial. Estos grupos no improvisan: conocen los campos, conocen las rutas de escape y conocen el valor de lo que roban en el mercado del otro lado del río. La tensión llegó a su punto más alto cuando la Prefectura se tiroteo con una banda de cuatreros brasileños en zona de frontera, un enfrentamiento que desnudó el nivel de armamento con que operan estos grupos y la disposición a usarlo.
La logística fluvial es parte del esquema. Tras operativos policiales, algunos sospechosos huyeron en la costa del Paraná abandonando carne robada en las inmediaciones de Bella Vista. En La Cruz, los delincuentes abandonaron canoas durante los operativos al verse acorralados. El río, que siempre fue frontera natural, es también su mejor aliado.
La Mega Causa y el desafío judicial
En la localidad de La Cruz, epicentro de varias de las tramas más complejas, la denominada «Mega Causa» por abigeato avanza con una lentitud que exaspera a los productores pero que, según sus responsables, refleja la complejidad de una investigación sin precedentes en la provincia. El caso tiene ramificaciones múltiples, imputados en diferentes situaciones procesales y una cantidad de hacienda involucrada que cifra las pérdidas en millones de pesos.
Un hito reciente fue la captura del último cabecilla de la banda que operaba en la zona, después de meses de búsqueda. Pero el camino estuvo lleno de obstáculos: un período de «impasse» en las tareas investigativas generó críticas que obligaron al Ministerio Público a dar explicaciones públicas. La acumulación de hacienda secuestrada, además, creó un problema logístico concreto: el deterioro de los animales llevó a reclamar el remate urgente del ganado recuperado para evitar pérdidas adicionales.
Las condenas que empiezan a llegar marcan un cambio de paradigma. Se han dictado sentencias de cuatro años de prisión para un padre y su hijo y penas similares para otros imputados por abigeato agravado. Uno de los fallos más resonantes involucró a un productor ganadero condenado por un fraude que resultó en la desaparición de casi dos mil cabezas de ganado, un caso que sacudió al sur provincial y que reveló que el delito no siempre proviene de afuera del sector.
El Priar y la respuesta del Estado: golpes certeros en una guerra larga
Frente a esta ofensiva, el Estado provincial desplegó su principal herramienta operativa: la Policía de Seguridad Rural y Ecológica, el PRIAR. La fuerza atraviesa un momento de actividad frenética, con operativos que se suceden semana a semana y que van dejando un saldo de detenidos, animales recuperados y bandas desarticuladas que, sumados, dibujan el mapa de un fenómeno en expansión.
Entre los golpes más significativos se cuenta el desbaratamiento de una mega banda en La Cruz, con la recuperación de 80 vacunos robados. En Virasoro se frenó a una organización dedicada al robo de ganado en zona rural; en San Roque, operativos nocturnos lograron desarticular otra banda de cuatreros; en Miriñay, se neutralizó una segunda organización en tiempo récord.
En Curuzú Cuatiá, el hallazgo fue especialmente llamativo: se descubrió una organización liderada por mujeres, quebrando el estereotipo del cuatrero como personaje exclusivamente masculino.
La tecnología se incorporó como aliada. En un procedimiento, la policía llegó a secuestrar más de 20 teléfonos celulares que servían de logística a la banda. Se detectaron delincuentes que vendían carne robada por WhatsApp hasta que sus operaciones fueron desbaratadas. La modernización del delito exige, como respuesta, una modernización equivalente de la investigación.
Pero la guerra es larga y el campo es ancho. El propio PRIAR lo sabe: sus agentes se han enfrentado a situaciones de extrema peligrosidad, incluyendo el ya mencionado tiroteo con cuatreros a caballo en escenas que parecen sacadas de otro siglo, y casos donde delincuentes armados atacaron a tiros al personal del PRIAR para evitar ser capturados. El cruce entre el abigeato y el narcotráfico añade otro nivel de peligro: en San Roque, allanamientos por robo de ganado terminaron con el hallazgo de plantines de marihuana, una intersección que la policía ya no considera casual.
El misterio del ganado olvidado: cientos de cabezas sin dueño
Uno de los aspectos más llamativos de esta problemática es el destino de la hacienda secuestrada en operativos contra el abigeato. En la localidad de La Cruz, por ejemplo, una «mega causa» por abigeato llevó al secuestro de casi 250 cabezas de ganado. Si bien 65 fueron restituidas a sus propietarios, 198 animales quedaron alojados en la Sociedad Rural de La Cruz y, con el tiempo, comenzaron a morir por falta de alimento. La situación escaló a escala nacional, con medios como La Nación exponiendo el «letargo judicial» y la inacción del fiscal Facundo Sotelo, quien no autorizaba el traslado de los animales a un predio del INTA en Santo Tomé. Finalmente, tras la muerte de 12 ejemplares y la presión pública, los animales fueron trasladados a un campo del INTA en Santa Úrsula.
Esta situación no es un caso aislado. La diputada Adriana Vidal Domínguez solicitó al Superior Tribunal de Justicia la aplicación de la Ley Nº 5.893 para disponer de 183 animales secuestrados en un allanamiento en Alvear y La Cruz, advirtiendo sobre la muerte de varios ejemplares y el costo insostenible para los productores. La falta de espacio y recursos en la Sociedad Rural de La Cruz para albergar y mantener un rodeo de esa magnitud se convirtió en un problema sanitario y económico.
Las víctimas: el campo “bajo sitio”
Detrás de las estadísticas hay personas. Productores que amanecieron con los campos vacíos después de años de trabajo. Familias que viven con el miedo de que la próxima incursión no termine en robo sino en tragedia. El caso del asesinato del productor Melchor Díaz marcó un antes y un después en la percepción colectiva del problema. El crimen sembró un clima de terror en las zonas de Alvear y La Cruz y puso sobre la mesa una pregunta que nadie quería hacerse en voz alta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este delito?
La respuesta, por desgracia, parece no tener límites. Las bandas atacan lo que encuentran: vacas, búfalos, terneros. En la costa del río Uruguay, acribillaron a dos búfalos dejando solo los restos en una escena que habla más de brutalidad que de necesidad. El daño no es solo económico: es también psicológico, cultural. El campo correntino, que siempre fue identidad y modo de vida, empieza a sentirse sitiado.
El circuito completo: de los campos al plato del consumidor
La carne robada no desaparece. Recorre un camino que termina, muchas veces, en la mesa de un correntino que no tiene la menor idea de lo que está comiendo ni de dónde vino. El circuito está aceitado y sus nodos son, en muchos casos, perfectamente visibles.
Del campo, la carne va a la faena clandestina. De ahí, a intermediarios que la distribuyen en localidades del interior y en la propia capital. Las carnicerías reciben controles preventivos para verificar si la carne exhibida cuenta con sellos sanitarios, pero la complicidad de algunos eslabones dificulta la tarea. En la Ruta 5, se sigue el rastro de cargamentos secuestrados para determinar su origen y se intenta desarmar una cadena que pone en jaque la salud pública.
El consumidor final, en esta historia, es también una víctima: paga por carne que nadie controló, que viajó en condiciones sanitarias desconocidas y cuya procedencia es un misterio. La industria clandestina lucra dos veces: con el robo y con la venta. Y mientras eso ocurre, el productor legítimo pierde su hacienda, el Estado pierde impuestos y la salud pública queda expuesta.
Entre la esperanza y la urgencia
El fiscal José Casaré no duda en calificar el abigeato como un «flagelo» que requiere un combate frontal e integral. Las acciones conjuntas entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad van tomando forma, y los resultados —detenidos, condenas, hacienda recuperada— son reales. Pero también son reales las voces que advierten que todavía «no se da pie con bola» para erradicar el delito de manera definitiva.
La transformación del abigeato de delito miserable en industria criminal no fue repentina: fue gradual, silenciosa y aprovechó cada grieta del sistema. Lo que comenzó como el gesto desesperado de un hombre con hambre terminó siendo el negocio de bandas organizadas, con logística, armamento, tecnología y, en demasiados casos, complicidades que visten uniforme o ejercen cargos públicos.
Corrientes tiene el desafío de desandar ese camino. La magnitud de los procesos judiciales en marcha, la intensidad operativa del Priar y la presión social de los productores sugieren que algo está cambiando. Pero el campo correntino sigue en alerta. Porque el cuatrero de hoy no roba para comer: roba para prosperar. Y eso lo hace mucho más difícil de combatir, y mucho más urgente de erradicar.
