Con el objetivo de inspeccionar el lugar y verificar las documentaciones vinculadas al proyecto de urbanización para iniciar las obras de manera inmediata, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, y el fiscal de Estado, Horacio Ortega, estuvieron este sábado en el predio de la ermita del gaucho Antonio Mamerto Gil, cercano a la ciudad de Mercedes, junto al interventor de la asociación civil a cargo del Centro Recreativo, Víctor Isnardo y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
El Centro Recreativo Gaucho Gil es una asociación civil que está bajo la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende de la cartera de Justicia. Cabe resaltar que como era conocido por todos, la comisión que administraba el sitio durante años recibió cuestionamientos por las irregularidades de la actuación de sus anteriores miembros.
Durante la jornada de trabajo, los funcionarios analizaron la documentación relativa a la regulación del espacio que se torna necesaria para comenzar la ejecución de las obras planteadas por el Gobierno provincial. «De esta manera estamos cumpliendo con el objetivo de brindar más seguridad jurídica y también proteger a los trabajadores, devotos y turistas que lleguen aquí», subrayó el ministro López Desimoni en el lugar.
Por su parte, Ortega comentó que «junto al Ministro de Justicia, y personal del Ministerio de Obras Públicas nos reunimos con los propietarios del predio» donde se busca emplazar el nuevo memorial de Gil, «con resultados positivos, ya que logramos la anuencia y la autorización para que las obras se inicien a la brevedad».
«La gestión del gobernador, Gustavo Valdés, fijó una política turística en expansión, donde la festividad del Gauchito representa un flujo de turistas religiosos muy importante, y por ello era necesario replantear el espacio donde emplazar el centro religioso, como también crear la infraestructura para la explotación comercial que allí se concentra. Es un paso importante tener la autorización de los propietarios para seguir este proyecto ambicioso del Gobierno provincial», sostuvo.
COSTÓ DOS VIDAS
Las muertes de Milton Canteros, de 64 años y de su hijo Sergio, de 33, asesinados a puñaladas por conflictos por el uso de lugares en el predio, en agosto de 2021, fue el detonante de la decisión de intervenir el «Centro Recreativo Devotos de la Cruz Gil», que tenía a su cargo la administración de la ermita.
En ese momento, el excomisario de la Policía de Corrientes con domicilio en Chavarría, Víctor Isnardo fue designado Interventor del predio, lo que el Gobernador lo formalizó por medio del decreto Nº 1.860, y así se reemplazó a la polémica y cuestionada Ramona Villalba.
Por su parte, el Poder Judicial lleva a cabo la investigación del crimen por el cual ocho personas están detenidas y tendrían directa vinculación con los homicidios.
El Decreto ordena al Interventor «restablecer la normalidad institucional de la entidad, analizando la situación económica financiera y convocar a elección de autoridades de conformidad a las prescripciones pertinentes del estatuto social».
Desde entonces, la Provincia dispuso una guardia permanente para garantizar la seguridad de quienes trabajan allí y para los visitantes y el 9 de agosto de 2021 una orden judicial ordenó demoler los puestos que estaban instalados sobre la Ruta Nacional 123 en la zona del santuario del Gaucho Gil. Ahora, los funcionarios anunciaron que el lunes 16 se pondrán en marcha las obras.
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