Corrientes, al igual que todo el Interior del país, amaneció este martes sin colectivos por un paro de choferes convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido a un reclamo salarial. Está previsto que la medida de fuerza se replique el jueves y el viernes, mientras que solo habrá servicio normal el miércoles, para no entorpecer la realización del Censo Nacional.
El referente de la UTA Corrientes, Alejandro Quintana dijo a EL LIBERTADOR «no hubo acuerdo y vamos al paro». De esta manera, no funcionan las líneas locales de transporte urbano ni el servicio Corrientes-Chaco.
El gremio que nuclea a los colectiveros había anticipado que de no llegar a un acuerdo salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), avanzaría con la medida de 72 horas.
COMUNICADOS
A través de un comunicado, la UTA explicó los motivos y alcances de la medida de fuerza, tomada luego de agotar «toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación».
«Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)», resaltó el gremio.
Respecto a la modalidad con la que se aplicará la medida, el comunicado detalló: «Paro de actividades el próximo martes 17, retomando la actividad el día del Censo Nacional (miércoles 18) en colaboración con la función desempeñada ese día, en la instancia del feriado nacional, cumplida la cual se reanudará la medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20».
Por último, no descartaron acercar posiciones mientras se desarrolle la medida. «Continuaremos poniéndonos a disposición de todas las partes intervinientes en la negociación, durante el transcurso de la pretende medida de acción gremial, a efecto de lograr el acuerdo salarial que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior merecen», concluyó el texto que difundió la UTA.
Por su parte, desde la Fatap emitieron un documento en el que lamentan que las autoridades nacionales, provinciales y municipales del Interior del país no se hayan «hecho eco de la delicada situación que vive el sector, lo que ha ocasionado la inminente paralización de la actividad a causa de la medida de fuerza anunciada por la Unión Tranviarios Automotor».
Sobre la cuestión salarial, la Cámara de Empresas expuso: «Hemos puesto en conocimiento de los poderes concedentes y gobiernos de toda jurisdicción que, considerando que el eventual acuerdo de recomposición salarial comprendería el período abril-septiembre de 2022 por un monto de 22.100 millones de pesos mensuales para el semestre, según el presupuesto del Ministerio de Transporte, resultan necesarios 23.600 millones para el mismo período, por lo que se verifica un déficit de 1.500 millones, solicitando así que, entre la Nación y las Provincias, aporten al sistema de transporte urbano del interior del país la suma de 3.000 millones para el período abril-septiembre, sin lo cual resultaba imposible avanzar en cualquier propuesta o acuerdo con la entidad sindical».
Continuando con lo anterior, el comunicado empresario se refirió a las «asistencias (subsidios) insuficientes -defectuosa y tardíamente liquidadas… y tarifas obsoletas por su desvalorización galopante», como los motivos que impiden «atender los justos reclamos de una recomposición salarial que merecen nuestros trabajadores y es causa del conflicto que por estas horas paraliza la actividad».
Además, las empresas plantearon una «evidente inequidad en la asignación de asistencias, que se evidencia en que la destinadas al interior del país para todo el año equivalen a las que se asignan al Amba para casi dos meses, lo que determina que la tarifa para esa región sea de sólo 18 pesos, mientras que en el interior podrían alcanzar hasta los 100».
Por último, la Fatap reclamó de forma «urgente» encontrar «soluciones para el sector, ya que, de lo contrario, a la medida de fuerza sindical, habrá de sumarse la imposibilidad de las empresas prestadoras de retomar servicios como consecuencia de la pérdida de recaudación que la paralización de la actividad les ocasionará».
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