El proyecto de derogación de la norma sancionada en 2020 cuenta con amplia participación federal. «Tal como está, la legislación no ayuda ni a propietarios ni a inquilinos», dijo la diputada Brambilla.
05-POLITICA-3La Cámara de Diputados de la Nación retomó el trabajo en la Comisión de Legislación General para tratar los distintos proyectos que modifican o buscan derogar la ley de alquileres, sancionada en 2020. La reunión informativa contó con la presencia de 42 especialistas del interior del país que expusieron sobre la temática.
En la primera reunión informativa, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.
En este sentido, la legisladora correntina de Juntos por el Cambio, Sofía Brambilla puntualizó: «Como bloque logramos se largue esta modificación o intento de modificación de la ley de alquileres, cuando hicimos una movida de convocar una sesión especial y el oficialismo se resistió, y el acuerdo fue «tienen 30 días para ingresar un dictamen que sea lo más conciliador de todas las partes posibles». Espero que sea una ley superadora, esto surgió en esencia para ayudar a los inquilinos para darle visibilidad a sus inconvenientes. Pero terminó siendo contraproducente. Lo que se observa del debate, es que hay muchas posiciones diferentes. En este país es complicado fijar un precio. Van a ser decisivas estas semanas de exposición. Hay que sentarse a negociar, oposición, oficialismo y los actores involucrados como son propietarios e inquilinos».
La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
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