Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales pusieron la lupa en la «creación» de un cargo a favor de un ex Fiscal de Estado. Cuestionaron el acompañamiento a «libro cerrado» de la plana mayor de la Corte provincial, a favor de una persona no habilitada y que además estaría denunciada por violencia de género.
02-TAPA-POLITICA-17El Acuerdo N° 2/22 del Superior Tribunal de Justicia destapó una olla en ebullición. Fueron los referentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), quienes repararon en un detalle polémico de una designación que iría en contra de todas las disposiciones vigentes para las coberturas de escaños en el Poder Judicial. Se trata del nombramiento del ex fiscal de Estado, Víctor Eduardo Ojeda.
Más precisamente, en el Sitraj repararon en el punto quinto de la acordada, mediante el cual se creó un cargo dentro del escalafón de secretarios para cumplir funciones de relator y coordinador de las cuestiones disciplinarias de magistrados, funcionarios, técnicos profesionales y empleados, a través del que también se le asignaron otras funciones en materia de derecho público y gestión de gobierno.
Consideraron que la designación es contraria a Derecho por violar las expresas disposiciones de la Ley Orgánica de Administración de la Justicia y del Régimen General de Concursos para el ingreso. En principio, cuestionaron que el ex Fiscal fuera incluido dentro de una «lista caduca», utilizada para la inclusión de un instructor sumarial en el año 2016. Además, sostienen que el nombramiento de Ojeda es «nulo e ilegítimo» porque su cargo no se creó de manera previa a la designación, «pese a lo cual lo selecciona de un concurso concluido y no vigente».
Un precedente que, de confirmarse, abriría la puerta a nuevas excepciones que irritan no solo al gremio de los judiciales, sino al propio Colegio de Magistrados dentro del cual alzaron su voz no pocos, incluso cuando orgánicamente recién la semana que viene habría un pronunciamiento.
El Sitraj hizo hincapié en que, además, el «postulado» se encuentra «sospechado y denunciado (según medios periodísticos) por violencia de género, sin aclarar la situación legal».
Esta designación trata de un funcionario que, cuando era titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, fue denunciado por violencia de género por su entonces pareja. La presentación la habría realizado la damnificada en la Comisaría 1ª, según trascendió, cuyas actuaciones habrían entrado en el letargo eterno del accionar judicial.
Esta polémica, de las tantas conocidas en este verano del 22, con los incendios, los carnavales, los funcionarios nacionales, los provinciales, entre otras, habría hecho replantear estrategias a los ministros de la Corte correntina, quienes analizarían la posibilidad de dejar sin efecto lo resuelto en el controversial acuerdo.
Por lo pronto, con buen criterio, los supremos dispusieron suspender la jura. Toda una señal de que podrían volver sobre sus pasos.
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