El juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega reclamó una pronta respuesta del Superior Tribunal de Justicia al pedido de acomodamiento presupuestario impulsado por 18 magistrados. Subrayó que las nuevas responsabilidades del sistema acusatorio justifican el reconocimiento de sus funciones.
04-POLITICA-OKEl juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega fue entrevistado en La Otra Campana, emitido por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, por Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy, sostuvo que la equiparación presupuestaria y salarial de los jueces de garantías y de ejecución penal con los magistrados de revisión y de tribunales orales constituye un reconocimiento necesario de las funciones que desempeñan bajo el sistema acusatorio.
El magistrado fundamentó el planteo en el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, la complejidad de las responsabilidades asumidas y el incremento de las intervenciones judiciales durante la etapa preparatoria del proceso penal.
También señaló que la prestación del servicio de justicia es una función esencial del Estado, que requiere los medios necesarios para responder a los conflictos de la ciudadanía, garantizar la división de poderes y sostener la calidad institucional.
En ese contexto, expresó su expectativa de obtener una respuesta favorable del Superior Tribunal de Justicia y afirmó que los jueces mantienen su compromiso de mejorar diariamente el servicio de justicia para la sociedad correntina.
EL RECLAMO
El pedido de equiparación salarial y presupuestaria tiene antecedentes formales en mayo de 2025 y febrero de 2026.
Sin embargo, el reclamo colectivo más reciente de los jueces de Garantías y de Ejecución Penal de Corrientes fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia el 23 de octubre.
La presentación fue dirigida al presidente saliente del STJ, Guillermo Semhan, y reclamó equiparar las categorías y remuneraciones con las de los magistrados de Juicio y de Revisión.
El juez de Garantías de la ciudad de Curuzú Cuatiá, sostuvo que la equiparación presupuestaria y salarial de los magistrados que cumplen funciones en esa instancia del proceso penal resulta necesaria para reconocer la complejidad de sus responsabilidades y las nuevas atribuciones incorporadas con la implementación del sistema acusatorio.
El magistrado explicó que el planteo presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes no se limita a una demanda económica, sino que también procura el reconocimiento institucional de las funciones que desempeñan los jueces de garantías y de ejecución penal en el funcionamiento cotidiano de la administración de justicia.
Mayor exigencia
El Juez remarcó que la modernización procesal imprime mayor exigencia de trabajo para los magistrados que intervienen en la etapa de garantías.
Explicó que las modificaciones no consistieron únicamente en cambiar la ubicación institucional de cada actor, sino que incorporaron nuevas responsabilidades y modalidades de resolución de los conflictos.
Por ese motivo, consideró que la reorganización de las tareas debe tener un correlato en la estructura judicial, tanto en lo relativo a los recursos disponibles como en el reconocimiento de las funciones que cada magistrado desarrolla.
Transformación en curso
Vega explicó que la reforma procesal penal implementada en Corrientes modificó sustancialmente la distribución de responsabilidades entre los actores judiciales.
Cabe remarcar que el cambio significó el tránsito desde un sistema mixto con características inquisitivas hacia un modelo acusatorio, orientado a delimitar las funciones de los fiscales, las defensas y los jueces.
El magistrado subrayó que la transformación redefinió el papel de los magistrados y modificó las exigencias de su intervención en las distintas etapas de los procesos penales.
El magistrado recordó que, bajo el esquema anterior, los jueces de instrucción disponían de mayores facultades de intervención en cuestiones relacionadas con los derechos de las personas investigadas y acusadas.
Con el sistema acusatorio, explicó, las tareas de investigación quedaron principalmente en manos de las fiscalías, mientras que los jueces asumieron una posición de control e imparcialidad frente a las actuaciones de las partes.
Esta distribución procura evitar la concentración de funciones y establecer una separación más clara entre quienes investigan, quienes ejercen la defensa y quienes deben resolver las controversias.
Guardias permanentes
Vega enfatizó que las responsabilidades de los jueces de garantías también comprenden un sistema de turnos que debe garantizar la atención de las solicitudes judiciales durante toda la semana. Explicó que existe un esquema de superturno en la provincia, por el cual siempre debe haber un juez de garantías disponible para intervenir en los asuntos que requieren respuesta judicial, incluidos los fines de semana y los feriados.
Esta modalidad permite atender las peticiones de las partes y realizar las audiencias necesarias sin depender exclusivamente de los días hábiles ordinarios.
Igualdad
El magistrado remarcó que el planteo se sustenta en el principio constitucional de igualdad de remuneración por igual tarea, contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y en la consideración de que las responsabilidades asumidas por los jueces de garantías tienen una complejidad comparable con las de los magistrados de revisión y de tribunales orales.
Vega señaló que la cantidad de actuaciones, la naturaleza de las decisiones y las exigencias propias del nuevo procedimiento penal justifican revisar las diferencias existentes en la estructura salarial y presupuestaria del Poder Judicial provincial.
En ese sentido, remarcó que el reclamo contempla tanto la equiparación de las remuneraciones como el reconocimiento de las funciones que desempeñan los jueces dentro del nuevo esquema procesal.
Al explicar el alcance de la presentación, expresó que «no se trata meramente de un reclamo salarial o porcentual», sino de una cuestión vinculada con el reconocimiento de las nuevas responsabilidades y de «la dignidad de la función».