El juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega fue entrevistado en La Otra Campana, emitido por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, sostuvo que la equiparación presupuestaria y salarial de los jueces de garantías y de ejecución penal con los magistrados de revisión y de tribunales orales constituye un reconocimiento necesario de las funciones que desempeñan bajo el sistema acusatorio.
El magistrado fundamentó el planteo en el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, la complejidad de las responsabilidades asumidas y el incremento de las intervenciones judiciales durante la etapa preparatoria del proceso penal.
También señaló que la prestación del servicio de justicia es una función esencial del Estado, que requiere los medios necesarios para responder a los conflictos de la ciudadanía, garantizar la división de poderes y sostener la calidad institucional.
En ese contexto, expresó su expectativa de obtener una respuesta favorable del Superior Tribunal de Justicia y afirmó que los jueces mantienen su compromiso de mejorar diariamente el servicio de justicia para la sociedad correntina.
EL RECLAMO
El pedido de equiparación salarial y presupuestaria tiene antecedentes formales en mayo de 2025 y febrero de 2026.
Sin embargo, el reclamo colectivo más reciente de los jueces de Garantías y de Ejecución Penal de Corrientes fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia el 23 de octubre.
La presentación fue dirigida al presidente saliente del STJ, Guillermo Semhan, y reclamó equiparar las categorías y remuneraciones con las de los magistrados de Juicio y de Revisión.
El juez de Garantías de la ciudad de Curuzú Cuatiá, sostuvo que la equiparación presupuestaria y salarial de los magistrados que cumplen funciones en esa instancia del proceso penal resulta necesaria para reconocer la complejidad de sus responsabilidades y las nuevas atribuciones incorporadas con la implementación del sistema acusatorio.
El magistrado explicó que el planteo presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes no se limita a una demanda económica, sino que también procura el reconocimiento institucional de las funciones que desempeñan los jueces de garantías y de ejecución penal en el funcionamiento cotidiano de la administración de justicia.
IGUALDAD
El magistrado remarcó que el planteo se sustenta en el principio constitucional de igualdad de remuneración por igual tarea, contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y en la consideración de que las responsabilidades asumidas por los jueces de garantías tienen una complejidad comparable con las de los magistrados de revisión y de tribunales orales.
Vega señaló que la cantidad de actuaciones, la naturaleza de las decisiones y las exigencias propias del nuevo procedimiento penal justifican revisar las diferencias existentes en la estructura salarial y presupuestaria del Poder Judicial provincial.
En ese sentido, remarcó que el reclamo contempla tanto la equiparación de las remuneraciones como el reconocimiento de las funciones que desempeñan los jueces dentro del nuevo esquema procesal.
Al explicar el alcance de la presentación, expresó que «no se trata meramente de un reclamo salarial o porcentual», sino de una cuestión vinculada con el reconocimiento de las nuevas responsabilidades y de «la dignidad de la función».
MAYOR EXIGENCIA
El Juez remarcó que la modernización procesal imprime mayor exigencia de trabajo para los magistrados que intervienen en la etapa de garantías.
Explicó que las modificaciones no consistieron únicamente en cambiar la ubicación institucional de cada actor, sino que incorporaron nuevas responsabilidades y modalidades de resolución de los conflictos.
Por ese motivo, consideró que la reorganización de las tareas debe tener un correlato en la estructura judicial, tanto en lo relativo a los recursos disponibles como en el reconocimiento de las funciones que cada magistrado desarrolla.