La causa por la desaparición de la docente rural Nanci Estela Godoy ingresó en un terreno de alto voltaje judicial y debate político con un debate que vuelve a mostrar que los tiempos de la Justicia no son los de la gente y que muchas veces el secreto del sumario, lógico de por sí, permite alentar conjeturas diversas que contribuyen a la preocupación que instalada en Esquina y visibilizada por multitudinarias marchas alcanzó una fuerte repercusión en los medios nacionales. Mientras las fuerzas de seguridad e inspectores científicos rastrillan el paraje El Malezal e inspeccionan prendas quemadas halladas a metros de la escuela, la defensa técnica del principal imputado lanzó severas críticas contra el Código Procesal Penal de Corrientes y la actuación de los fiscales.
CRÍTICA AL CÓDIGO
En declaraciones a EL LIBERTADOR, el abogado Andrés Gauna, representante legal del capataz Ireneo Zarza, expuso una postura sumamente crítica sobre el marco normativo bajo el cual se instruye el expediente. «Tengo una teoría propia de que, para este tipo de casos, no sirve este código», aseveró, diferenciando la naturaleza de la investigación: «Este código sirve para cuando vas caminando por la calle, alguien te asalta y es detenido a las dos cuadras. Pero cuando hay una investigación tendiente a determinar quiénes son los autores, el código fija objetivos que son imposibles de cumplir».
En esa misma línea, Gauna deslindó de responsabilidad directa a los funcionarios judiciales sobre las presiones del sistema: «En este caso no los considero victimarios a ningún juez ni a ningún fiscal, me parece que todos somos víctimas de esta legislación que te quieren hacer creer que es innovadora, pero es una arquitectura del poder pensada para otras circunstancias. Esto está hecho por los reyes del populismo penal».
Uno de los puntos más álgidos planteados por la defensa radica en la imputación por femicidio formulada sin que se haya localizado el cuerpo de la educadora ni establecido la causa de su deceso. «Si no existe un cuerpo y no está acreditado cómo fue el mecanismo de la muerte, ¿cómo tan pronto se puede concluir que estamos en presencia de un femicidio?», inquirió Gauna, remarcando que «el mecanismo de la muerte es fundamental. Ojalá Dios quiera que la señora aparezca con vida, pero suponete que aparece y resulta que le mordió una serpiente».
El abogado trazó además una directa y preocupante analogía con la causa que conmocionó a la provincia: «Vuelvo a ver mucha analogía con el precedente del caso Loan, donde primero se detienen personas y luego se buscan las pruebas».
Gauna hizo hincapié en la condición sociocultural de su defendido, al sostener que la Justicia cortó el hilo por el eslabón más débil del entramado rural. «Se eligió a los más pobres y se los metió presos. En el caso particular de mi representado, es una persona de 37 años completamente analfabeta, que apenas se ubica en tiempo y espacio», detalló sobre Zarza.
Para el abogado, las garantías constitucionales en el trámite del expediente se ven severamente erosionadas: «La igualdad de armas me demuestra que es otra ficción más en el código. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante el que la interpreta. Ante la enorme presión social y política, en investigaciones complejas el sistema precipita resultados por no tener plazos adecuados».
AUDIOS REVELADORES
Las objeciones de la defensa se cruzan con una serie de revelaciones incorporadas al expediente: siete audios de WhatsApp grabados por Nanci Godoy a una docente amiga antes de su desaparición, en los que exponía graves irregularidades en la Escuela Rural N° 626.
«Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas», relataba Nanci, denunciando que el director titular llevaba dos años sin asistir a dar clases mientras continuaba cobrando su sueldo, situación encubierta por la inacción de la supervisora escolar. «El daño que le hizo el otro director a esos pobres gurises no tiene nombre. Si me callaba y no denunciaba, me convertía en cómplice», expresaba la maestra. Nanci también detalló el lamentable estado del establecimiento -sin agua, con murciélagos en los techos y candados oxidados- y denunció que en su primer viaje fue intencionadamente enviada por una ruta equivocada desde Sauce para evitar que arribara al colegio.
La revelación de esta trama, expuesta con crudeza por el diario La Nación del último domingo, deja mucha tela para cortar. En los hechos abre una línea de investigación distinta y deja expuesto de manera deslucida al director de la escuela y a la supervisora que anoticiados ambos por la maestra desaparecida, no actuaron en consecuencia.
En los hechos, por el nivel de formación de la gente involucrada y por la falta de apoyo de una estructura de soporte no parece sustentable la teoría de un plan criminal sin que se advierta un móvil.
Así con más interrogantes que certezas se avanza con la investigación de una desaparición rodeada de cosas que no cierran, entre ellas que, a varios días del secuestro de los celulares no se dispone de una línea definida de investigación.
En el marco de un proceso penal resulta obvio que los imputados, detenidos, deben ser informados de la imputación que se realiza y de las pruebas en las que se sustenta y ello, a estar de las defensas, no se produjo.
NOVEDADES
En el terreno pericial, la Policía secuestró en las últimas horas prendas parcial o totalmente quemadas en la tapera donde pernoctaba Ireneo Zarza, una precaria vivienda ubicada a tan solo 150 metros de la escuela rural. Esos elementos están siendo sometidos a estudios de ADN para certificar si corresponden a la docente.
Con estas novedades, la nómina de privados de la libertad comprende a cinco personas distribuidas en distintas situaciones procesales. Por un lado, Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas permanecen con prisión preventiva bajo la imputación de femicidio. Por otro lado, la vecina Rosa Leguizamón se encuentra imputada por homicidio simple y encubrimiento agravado tras el secuestro de una ojota y una campera en su domicilio de Sauce, mientras que el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón continúa detenido imputado por falso testimonio e inconsistencias en sus declaraciones iniciales.
En tanto, la Justicia dispuso la liberación de Joaquín Leguizamón al no hallarse elementos de prueba en su contra. Mientras el expediente suma definiciones judiciales, el fiscal Javier Mosquera, junto a la fiscal María Andrea González coordinan los operativos de rastrillaje que fuerzas federales y provinciales ejecutan con apoyo de drones, helicópteros y canes adiestrados en El Malezal y Pueblo Libertador.