A casi dos años de la muerte de Carlos Andrés Bartlett, los policías imputados se sentarán en el banquillo. El debate oral se desarrollará en el Tribunal de Juicio de la segunda ciudad de la provincia y se extenderá hasta mediados de diciembre.
La Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio de Goya será escenario, a partir del próximo martes 10 de noviembre a las 8.30, del inicio del debate oral y público contra dos efectivos de la Policía de Corrientes imputados por la muerte de Carlos Andrés Bartlett.
El proceso judicial evaluará la responsabilidad penal del sargento Santiago Emiliano Molina y del cabo Sergio Matías Maciel, quienes prestaban servicio en la Comisaría Primera de dicha ciudad al momento del hecho acaecido en noviembre de 2024.
El tribunal encargado de juzgar la causa estará presidido por el juez Jorge Claudio Venialgo, acompañado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal, junto al juez sustituto Jorge Alejandro Muniagurria, designado de conformidad con el artículo 308 del Código Procesal Penal.
La programación de las audiencias fue dispuesta mediante decreto el 5 de octubre de 2026, luego de que el 15 de septiembre de ese mismo año se dictara el auto de apertura a juicio oral a través de la Resolución Nº 902.
Con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso en la sede judicial ubicada sobre calle Ejército Argentino Nº 550, la Oficina Judicial de Goya informó que el público interesado en presenciar las jornadas deberá concurrir con al menos media hora de anticipación, aclarando que no se permitirá el ingreso una vez iniciada la audiencia ni cuando se complete la capacidad de la sala.
Las hipótesis sobre la madrugada fatídica
El trágico episodio investigado se desencadenó durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 2:40, cuando personal policial acudió a la intersección de las calles Ferré y avenida Rolón.
En esa esquina se encontraba Carlos Andrés Bartlett en estado de exaltación y blandiendo un cuchillo en cada mano.
De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la acusación pública, Bartlett se desplazó posteriormente hacia la calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, tramo en el que fue alcanzado por el móvil policial C-487, una camioneta Ford Ranger conducida por Molina y en la que también se desplazaba Maciel.
La hipótesis formulada por la Fiscalía sostiene que Molina habría embestido al menos dos veces al hombre utilizando el vehículo oficial. Asimismo, la representación fiscal señala que, una vez desarmado y reducido, el cabo Maciel lo habría inmovilizado boca abajo sobre el pavimento apoyando su rodilla y el peso de su cuerpo sobre la espalda de la víctima. La muerte de Bartlett se produjo entre las 3 y las 3.30 de esa misma madrugada a raíz de un síndrome asfíctico y traumatismos craneoencefálicos y renales, entre otras lesiones registradas.
Por su parte, la querella autónoma que representa a la familia del fallecido plantea un cuadro de mayor gravedad: sostiene que las embestidas con la camioneta policial fueron al menos cinco y atribuye a los dos efectivos una conducta intencional que derivó en el deceso.
Calificaciones penales y partes intervinientes
Durante las audiencias se dirimirán imputaciones de severo encuadre legal. La acusación del Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora María Eugenia Ballará, atribuye a Molina y Maciel la coautoría material del delito de homicidio agravado por la condición funcional de los sujetos activos, contemplado en el artículo 80, inciso 9 del Código Penal. De manera alternativa, la Fiscalía formuló la acusación por homicidio cometido en exceso del cumplimiento de un deber.
A su vez, la querella autónoma encabezada por el doctor Federico Sandoval Benetti —en representación de Lilia Viviana Refojos, madre de la víctima— impulsa la acusación principal por homicidio agravado y fijó como calificación alternativa el delito de imposición de torturas agravadas por la muerte de la víctima.
En el debate también intervienen como querellantes adhesivos los doctores Sofía Domínguez y Jorge Eduardo Isseta, en representación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.
En cuanto a las defensas técnicas, el sargento Molina será asistido por el equipo de abogados integrado por Ramón Roque Gelabert, Eduardo Mariano Gomes y Claudio Alejandro Núñez; mientras que el cabo Maciel contará con la representación del defensor oficial Fernando Andrés Buffil.
Un cronograma con 68 testimonios y veredicto antes de fin de año
El desarrollo del juicio demandará un cronograma intensivo. El tribunal admitió la declaración de 68 testigos propuestos de forma compartida entre la Fiscalía, las querellas y las defensas. La agenda contempla audiencias en doble turno —a las 8.30 y a las 17— durante noviembre y diciembre.
El martes 10 de noviembre se llevarán a cabo la apertura del debate y los alegatos iniciales de las partes, mientras que la etapa de recepción de testimonios comenzará formalmente el miércoles 11. Entre las personas citadas a declarar figuran efectivos policiales, testigos presenciales del hecho, familiares de la víctima, profesionales que intervinieron en las distintas etapas de la investigación y peritos especializados.
De no mediar postergaciones, el proceso concluirá el miércoles 16 de diciembre a partir de las 8.30, jornada en la que se escucharán los alegatos de cierre y el tribunal dictará el veredicto correspondiente.