Un grupo de 18 jueces de Garantías y de Ejecución Penal de todas las circunscripciones de Corrientes formalizó un enérgico reclamo ante el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan para exigir la inmediata equiparación presupuestaria y salarial con los magistrados que integran los tribunales de Juicio y de Revisión. El planteo, ingresado tras dos presentaciones previas realizadas en mayo de 2025 y febrero de 2026 que no obtuvieron respuesta, combina fundamentos técnicos sobre el funcionamiento del nuevo sistema penal con severos cuestionamientos hacia los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El documento lleva las firmas digitales de los magistrados María Josefina González Cabañas, Andrea María Ibáñez, María Amelia Zair Nicolás, Rosa Elizabeth Ascona, María Cristina Sánchez, María Agostina Falcione, Sara Marina Durand, Mirta Elena Aguirrí, Néstor Óscar Anocibar, Lucio Raúl López Lecube, Francisco Antonio Arrúe, Simy Beatriz Benasayag, Leandro Damián Llorente, Silvia Erika Benítez, Carlos Antonio Balestra, María Teresa Zacarías, Jorge Gustavo Vallejos y Martín José Vega. Todos ellos solicitan que el máximo Tribunal provincial disponga una adecuación provisoria de categorías hasta tanto la Legislatura actualice las leyes orgánicas del sector.
EL DESFASE ESCALAFONARIO
El eje central del planteo radica en la desigualdad salarial interna que persiste dentro del fuero Penal, pese a la puesta en marcha de la Ley Provincial 6.518, normativa que instauró el modelo procesal acusatorio. Según exponen los magistrados, el Código vigente colocó a todos los jueces penales en un plano de horizontalidad e igualdad funcional, dejando únicamente a la Cámara de Casación como segunda instancia revisora.
Sin embargo, el escalafón judicial mantiene la vieja estructura previa a la reforma. En la práctica, los jueces de Tribunal Oral y de Revisión perciben haberes correspondientes a la clase 103, mientras que los jueces de Garantías y de Ejecución permanecen relegados en la clase 107, el anteúltimo peldaño de toda la magistratura correntina, apenas por encima de los jueces de Paz.
Los firmantes remarcan que esa brecha resulta incompatible con la carga real de trabajo que absorben a diario. De acuerdo con las estadísticas oficiales citadas en el escrito, el 80 por ciento de los legajos penales de la Provincia se cierra durante la etapa preparatoria, bajo la directa intervención de los jueces de Garantías, quienes dictan condenas o absoluciones mediante juicios abreviados y unifican penas.
A esa tarea suman la obligación de cubrir guardias permanentes durante todo el año en días feriados y horarios nocturnos, donde las demoras para firmar una resolución se contabilizan en minutos bajo apercibimiento de sanciones, a diferencia de otros fueros donde los expedientes pueden demorar más de un año.
CRÍTICAS A LOS OTROS PODERES
El tramo más incisivo de la presentación judicial apunta directamente contra la dirigencia política y la mora parlamentaria. Los jueces califican de incongruente, contradictorio y abusivo que se les exija aplicar un código procesal moderno mientras sus remuneraciones continúan regidas por una ley salarial sancionada en el año 1984, a la vez que reprochan que la Legislatura lleva más de seis años sin tratar la postergada ley orgánica de administración de justicia.
En un pasaje de inusual dureza institucional, los magistrados contrastan sus exigencias laborales con las prerrogativas de los otros poderes del Estado, a los que cuestionan por no estar sometidos a inspecciones, nombrar una gran cantidad de asesores sin controles horarios y contar con la facultad de aumentarse las dietas o los sueldos en pocas horas mediante una sesión parlamentaria o la firma de un decreto. En ese tramo del texto, los jueces aseguran que llegó el momento de decir «basta» y alzar la voz para visibilizar la situación, tras invitar a cualquier colega que no trabaje bajo el régimen de guardia permanente a compartir un solo turno junto a ellos para dimensionar el desgaste de la función.
Una reforma procesal que no cambió el escalafón
La disputa expuesta por los jueces de Garantías tiene su origen en la transformación del sistema Penal correntino iniciada en 2020, cuando la Provincia dejó atrás, de forma gradual, el antiguo régimen mixto e inquisitivo para adoptar el modelo acusatorio adversarial. Aquel cambio suprimió los históricos juzgados de Instrucción y Correccionales, traspasó la dirección de las investigaciones a los fiscales y convirtió a los jueces de Garantías en árbitros de audiencias orales continuas donde se define la libertad de los detenidos, la validez de las pruebas y la mayoría de las sentencias abreviadas.
Aunque el nuevo diseño aceleró de manera drástica los tiempos de respuesta penal y descomprimió la agenda de los antiguos tribunales de juicio, la ingeniería presupuestaria y administrativa del Poder Judicial quedó congelada en el esquema anterior.
El reclamo de los 18 magistrados llega además en un momento político sensible, justo cuando la Legislatura correntina se apresta a debatir el Presupuesto 2027, donde el Poder Judicial tiene asignada una partida global de 259.666 millones de pesos sujeta a las disponibilidades del Tesoro provincial.