El acceso a una vivienda digna continúa siendo una de las deudas estructurales más complejas de la Argentina contemporánea. Lejos de reducirse a la falta estricta de un techo, la problemática habitacional abarca un abanico amplio de privaciones que van desde el hacinamiento y la precariedad constructiva hasta la ausencia de servicios básicos y saneamiento.
Según el análisis publicado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) a través de su delegación Corrientes, sobre la base del Monitor de Calidad del Acceso a la Vivienda del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec), el 40,3 por ciento de los hogares argentinos presenta algún tipo de déficit habitacional. Sobre un universo urbano estimado en 14,83 millones de hogares (14.833.019), la cifra representa a un total de 5.983.241 familias afectadas en todo el territorio nacional.
Una de las aclaraciones metodológicas centrales del estudio radica en descomponer la cifra global para evitar interpretaciones erróneas. Presentar un indicador de casi seis millones de hogares con déficit no implica automáticamente una exigencia equivalente de construcción de nuevas unidades edilicias. El fenómeno se divide conceptualmente en dos componentes bien diferenciados: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.
El déficit cuantitativo agrupa a aquellos hogares que requieren de manera indispensable una vivienda nueva. Corresponde a situaciones de viviendas irrecuperables por su extrema precariedad, casos de allegamiento no deseado o condiciones de hacinamiento crítico que no admiten solución sobre la estructura existente. Este componente alcanza a 1.956.819 hogares, lo que equivale al 13,2 por ciento del total de hogares urbanos del país y representa el 32,7 por ciento del déficit global.
Por su parte, el déficit cualitativo comprende a las viviendas que son técnicamente recuperables pero que demandan intervenciones directas: desde ampliaciones de ambientes y refacciones de techos o pisos, hasta obras de saneamiento e interconexión a redes públicas de agua y cloacas.
Esta categoría abarca a 4.026.422 hogares, representando el 27,1 por ciento del universo urbano nacional y concentrando el 67,3 por ciento del total de las carencias registradas.
NORDESTE
El análisis pormenorizado del Nordeste evidencia un panorama complejo. Con datos procedentes de los aglomerados urbanos evaluados por el Indec para Chaco, Corrientes y Formosa -no habiéndose publicado datos individuales para Misiones en la serie analizada-, la región reúne a 801.000 hogares urbanos, de los cuales cerca de 445.000 enfrentan déficit habitacional.
De ese total regional, aproximadamente 146.000 hogares necesitan una vivienda totalmente nueva y cerca de 300.000 requieren obras de mejoramiento.
En el caso específico de la provincia de Corrientes, la Encuesta Permanente de Hogares proyecta un universo urbano de aproximadamente 301.000 familias. Al aplicar la tasa de incidencia publicada del 53 por ciento, se determina que alrededor de 160.000 hogares correntinos sufren privaciones de hábitat, superando por casi 13 puntos porcentuales el promedio del país.
Siguiendo el criterio metodológico aplicado por la delegación Corrientes de Camarco -que replica la composición nacional del déficit sobre la masa provincial-, en Corrientes existen aproximadamente 52.000 familias que requieren la construcción de una nueva vivienda para resolver problemas de hacinamiento crítico o unidades irrecuperables.
En paralelo, unos 107.000 hogares necesitarían programas de refacción, ampliación y conexión a servicios públicos esenciales.
DEUDA FEDERAL
Las conclusiones del informe técnico señalan que las cifras actuales no deben leerse de manera lineal ni atribuir responsabilidades exclusivas a los gobiernos provinciales. Las dinámicas de desarrollo urbano y la acumulación del déficit responden a factores socioeconómicos estructurales y al diseño histórico de la política de vivienda en Argentina.
A lo largo de las últimas décadas, los planes federales de vivienda se caracterizaron por esquemas de asignación de fondos, firmas de convenios y ritmos de ejecución marcadamente heterogéneos entre las provincias.
En múltiples períodos, la distribución de los recursos federales dependió de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo nacional, generando asimetrías en la capacidad de respuesta de los Estados provinciales.
En este marco, los datos elaborados por el sector de la construcción funcionan como una hoja de ruta para el diseño de políticas públicas.
La evidencia demuestra la urgencia de articular esquemas diferenciados: políticas de crédito e inversión pública directa para la construcción de unidades nuevas en el tercio más vulnerable, y programas masivos de microcréditos, infraestructura básica y regularización dominial para los dos tercios que demandan soluciones cualitativas.