El avance de la histórica obra de la autovía sobre la Ruta Nacional N° 12 sumó un capítulo de tensiones en las últimas horas que disparó un sinfín de trascendidos. Esta situación obligó al Municipio capitalino a dejar en claro varios puntos, haciendo hincapié en lo que consideran una persistente ocupación irregular del espacio público y en la necesidad de respetar una ordenanza sobre venta ambulante que, por muchos, es interpretada de manera antojadiza.
Fue un pedido de Vialidad Nacional a la Municipalidad de Corrientes para intervenir y despejar las colectoras, donde un grupo de comerciantes informales instaló casillas y estructuras fijas que impedían el paso de la maquinaria pesada y ponían en riesgo la seguridad vial de trabajadores y conductores.
HUBO AVISO
Frente al reclamo de los ocupantes, quienes argumentaron ante la opinión pública que la Comuna nunca se había acercado a dialogar ni a notificar la medida, en el Municipio expusieron un contundente historial de actas y comprobaciones que desmienten esa postura. El proceso de regularización y advertencia no fue repentino.
Los registros oficiales demuestran que las intimaciones comenzaron el 21 de octubre de 2024 y se sostuvieron con múltiples visitas de los inspectores a lo largo de todo 2025, extendiéndose de manera reiterada hasta los operativos efectuados el 26 y 27 de septiembre de 2026.
Durante todo ese periodo de casi dos años se buscó sistemáticamente que los infractores se retiraran de forma voluntaria.
El secretario de Servicios Públicos de la ciudad, Ignacio Maldonado Yonna, apuntó contra la irregularidad de la situación y la negativa de los ocupantes a liberar la traza. «La máquina no podía avanzar, se los sacó el sábado (26), se les pidió, hicieron caso omiso y el domingo fuimos y estaban instalados de vuelta, es un trabajo diario», relató el funcionario.
En la misma línea, remarcó que el objetivo principal del operativo fue prevenir siniestros en una zona de intenso despliegue logístico y agregó que «lo que tratamos, primero que todo, es salvaguardar la seguridad, porque no pasa nada hasta que pasa algo, y después cuando pasa vuelve la responsabilidad de por qué no se avisó».
MANIOBRAS RECURRENTES
La problemática de la ocupación trasciende el conflicto operativo con la jurisdicción nacional e impacta de lleno en la tranquilidad vecinal. En las inmediaciones del Corsódromo, una propietaria debió colocar canteros y plantar árboles en el frente de su domicilio para evitar que una verdulería informal continuara descargando mercadería e instalándose diariamente sobre su vereda. Esta situación grafica el nivel de avasallamiento a la propiedad privada y al espacio de uso común que el municipio busca erradicar mediante estos controles.
LEGISLACIÓN SOBRE LA VENTA AMBULANTE
El conflicto en la ruta reavivó el debate sobre los verdaderos alcances de la normativa vigente en la Capital provincial respecto a la economía informal. Sobre este punto, Maldonado Yonna fue categórico al definir la postura de la gestión frente a quienes reclaman su derecho a trabajar en la vía pública sin los permisos correspondientes.
«Lo que buscamos es que se cumpla la ordenanza. El nombre lo dice bien, el vendedor tiene que deambular, porque si no ya pasa a tener el uso del espacio público», sentenció el Secretario de Servicios Públicos.
La instalación prolongada o el armado de estructuras desvirtúan por completo el concepto de la actividad regulada y cruzan un límite legal. «Cuando uno ya empieza a clavar un poste, armar una casilla, eso no es deambular, eso ya es hacer usurpación», concluyó el funcionario, dejando en claro que la Comuna intervendrá sistemáticamente para resguardar el libre tránsito y proteger a los comerciantes que tributan y operan dentro del marco normativo local.