La Cámara de Diputados de Corrientes dio un paso decisivo hacia la modernización del Estado provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitió dictamen favorable, con modificaciones, al proyecto de ley que crea el Legajo Único Digital para la Administración Pública, impulsado por la diputada provincial Ana Améndola, del bloque Vamos Corrientes. La iniciativa, registrada bajo el Expediente Nº 19.915, fue girada a prensa y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto durante la próxima sesión ordinaria del cuerpo legislativo.
La propuesta apunta a resolver uno de los problemas más recurrentes en la relación entre los ciudadanos correntinos y el Estado: la obligación de presentar, una y otra vez, documentación que los propios organismos públicos ya tienen en su poder. Según explicó Améndola en los fundamentos del proyecto, ese circuito burocrático no solo multiplica los trámites y las visitas a distintas reparticiones, sino que también encarece la operatoria estatal y eleva el riesgo de errores administrativos.
UNA AGENDA NACIONAL Y PROVINCIAL
La digitalización de la gestión pública no es una novedad exclusiva de Corrientes. Desde la sanción del Decreto 434/2016, que aprobó el Plan de Modernización del Estado a escala nacional, la Argentina avanza de manera progresiva hacia la implementación del expediente electrónico y la firma digital, en línea con lo previsto por la Ley 25.506. Otras provincias, como Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, ya cuentan con sistemas de gestión documental electrónica que reemplazaron parcial o totalmente al papel. Con este proyecto, Améndola busca que Corrientes se sume a esa tendencia con un marco normativo propio.
NO MÁS PAPEL EN LOS TRÁMITES
El texto establece que toda la actividad administrativa deberá canalizarse por medios electrónicos o digitales, tanto en la relación entre el Estado y los ciudadanos como en el vínculo entre los distintos organismos públicos. Estos últimos quedarán obligados a compartir entre sí, por vía digital, la información y la documentación que ya posean, bajo la presunción de que los interesados autorizan esa consulta interna, salvo que manifiesten expresamente lo contrario.
El articulado prevé, además, la eliminación definitiva del papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones administrativas, un proceso que deberá completarse según el cronograma que establezca la reglamentación.
IDENTIDAD DIGITAL
Otro de los ejes del proyecto es la creación de mecanismos de identidad digital, tanto para los ciudadanos como para los agentes y funcionarios públicos que intervengan en cada trámite. Esas herramientas deberán garantizar la identificación del autor de cada actuación y la inalterabilidad de los contenidos. Los documentos que requieran firma podrán suscribirse con firma electrónica o firma digital, con la misma validez jurídica y el mismo valor probatorio que sus equivalentes en papel.
A la vez, se establece la obligatoriedad de un domicilio electrónico único ante la administración, que tendrá los mismos efectos legales que el domicilio constituido y donde se practicarán notificaciones, emplazamientos y comunicaciones.
POSIBLES SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
El proyecto encomienda a un órgano designado por el Poder Ejecutivo la coordinación de las tareas de depuración y unificación de la información existente en las distintas bases de datos provinciales, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad entre reparticiones.
El incumplimiento de los deberes previstos en la norma por parte de agentes o funcionarios será considerado falta grave, sancionable de acuerdo con los estatutos respectivos, y los organismos deberán habilitar canales digitales para que los ciudadanos denuncien cuando se les exija información que el Estado ya posee.
LOS SIGUIENTES PASOS PARLAMENTARIOS
Con dictamen favorable ya emitido y el expediente girado a prensa, el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto. De aprobarse, el texto contará con la primera media sanción, tras lo cual deberá ser girada al Senado para su estudio y ulterior sanción complementaria. De convertirse en ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días desde la promulgación para reglamentarla, lo que marcará el inicio de la implementación efectiva del Legajo Único Digital en los organismos de la administración pública correntina.
