En un veredicto judicial sin precedentes para la jurisprudencia de la región, el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Santo Tomé declaró culpable al médico Ramón Virgilio Gómez por haber ejecutado a disparos de arma de fuego a Rocko, la mascota perteneciente a la familia de un vecino del paraje La Curtiembre. Si bien se trató de un fallo ejemplar, se produjo con una pena leve que no convenció. Ahora, la Fiscalía buscaría que el Superior Tribunal haga justicia.
La resolución del caso estuvo a cargo del juez Sergio Ramos, quien aplicó al profesional sanitario la pena de un año y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso. Esta medida punitiva se dictó al hallarlo responsable directo de la infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal en concurso real con la figura de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. La causa concitó una profunda conmoción social y mediática en toda la comunidad del Nordeste correntino, motivada principalmente por el hecho de que tanto el condenado como el propietario del animal extinto comparten ámbito laboral al desempeñarse en el Hospital San Juan Bautista.
JORNADAS INTENSAS
La substanciación del debate oral y público se extendió durante dos intensas jornadas de audiencias de carácter procesal, en las que la acusación fiscal fue sostenida con firmeza por el fiscal rural y ambiental, Martín Leiva, al tiempo que la defensa técnica del imputado estuvo encomendada al letrado Héctor Vincenti.
Tras escuchar las argumentaciones finales formuladas por las partes en la rueda de alegatos, el magistrado resolvió aplicar la sanción basándose en la contundencia de los elementos probatorios producidos en el proceso judicial. Estas probanzas fundamentaron el severo nivel de ensañamiento desplegado por el acusado dentro del ámbito rural contra el animal doméstico.
CONFLICTO ENTRE COLEGAS DE LA SALUD
Los antecedentes de la investigación criminal permitieron reconstruir el prolongado calvario padecido por la mascota y corroboraron que Rocko fue blanco de dos ataques sucesivos con proyectiles de armas de fuego durante el transcurso del año anterior.
La primera agresión de violencia se perpetró en julio de 2025, cuando el animal recibió un balazo a corta distancia en la zona craneal. En aquella trágica oportunidad, la mascota sobrevivió de manera casi milagrosa a las lesiones causadas tras permanecer hospitalizada bajo cuidados intensivos dentro de una clínica veterinaria de la zona.
No obstante, el desenlace fatídico terminó concretándose el 24 de diciembre de 2025, a las 18, en vísperas de las festividades navideñas. En dicha ocasión, la mascota fue alcanzada nuevamente por proyectiles que le provocaron heridas de extrema gravedad que causaron su posterior deceso.
Al descubrir el trágico ataque contra la integridad de su mascota, los propietarios de Rocko se hicieron presentes de inmediato en la residencia del médico Gómez con el objetivo de exigir explicaciones formales respecto de la agresión perpetrada. El acusado se hallaba realizando labores de mantenimiento del césped mediante una motoguadaña en el perímetro de su predio particular.
Aquella situación inicial desencadenó en un encendido altercado verbal entre los vecinos que escaló rápidamente hacia una confrontación física. De acuerdo con las actuaciones policiales recopiladas en la causa, los cruces de palabras terminaron derivando en hechos de violencia en los que Arce, enfermero del citado centro hospitalario público, le aplicó planazos utilizando un machete en la cabeza al médico Gómez. La violenta disputa estuvo muy cerca de convertirse en un evento de sangre con derivaciones impredecibles.
DE LA DETENCIÓN A LA CONDENA
El desarrollo del conflicto derivó en la apertura de actuaciones contravencionales y penales contra el enfermero Arce por el ataque propinado a su colega durante la discusión, lo que conllevó su inmediata aprehensión y posterior alojamiento en sede de la comisaría jurisdiccional por orden de la fiscalía de turno.
Posteriormente, la oportuna sustanciación promovida por la Fiscalía Ambiental posibilitó articular las pruebas recolectadas en la escena del crimen para requerir formalmente la elevación a juicio de la causa principal incoada por el maltrato hacia el can. El fuero penal especializado logró encuadrar la responsabilidad penal del tirador y condujo finalmente al pronunciamiento de la condena impartida por los tribunales.
Con información de Digital Santo Tomé