El oficialismo consiguió la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero llegó a ese resultado a costa de sus dos capítulos más resistidos: la venta de tierras a extranjeros y la reforma al régimen de manejo del fuego. En el trasfondo de la negociación, el bloque radical -con el correntino Eduardo Vischi como interlocutor- construyó un canal propio con los gobernadores, mientras mandatarios de buena sintonía con la Rosada -entre ellos Juan Pablo Valdés en Corrientes- cuestionaban en público la manera en que la Casa Rosada explicó la reforma. Con la vista puesta en Diputados, donde ya se negocia una sesión especial por la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno enfrenta el mismo desafío de fondo: comunicar antes de legislar.
02-POLITICA-1 03-POLITICA-3Por Jaime Meza
Jefe de Redacción
Después de más de diez horas de debate y una sesión que estuvo a punto de naufragar, el Senado le dio media sanción a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. La foto final, sin embargo, esconde una negociación agónica: para llegar a ese número, el oficialismo tuvo que desprenderse, uno por uno, de los dos capítulos que más rechazo generaban -la flexibilización para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego-, en medio de manifestaciones frente al Congreso y de un clima social que la Casa Rosada tardó en leer.
La cuenta no se rompió de un día para el otro. El martes, con la sesión ya convocada, el oficialismo todavía daba por buenos los 37 votos propios.
Ese número empezó a resquebrajarse apenas los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Misiones, Hugo Passalacqua, hicieron saber que sus senadores no acompañarían el capítulo de tierras.
El neuquino Rolando Figueroa fue un paso más allá y grabó un video para sus redes: no iba a permitir que su provincia avalara la extranjerización del territorio. El salteño Gustavo Sáenz, que había comprometido su respaldo, también empezó a mirar para otro lado. Cada vez que un gobernador bajaba línea, su senadora hacía lo propio en el recinto: así cayeron, en cadena, los votos de Beatriz Ávila y de la neuquina Julieta Corroza.
EL INTERLOCUTOR QUE NO FUE BULLRICH
Pasadas las 14 del miércoles 5, con la sesión tambaleando, Patricia Bullrich subió al tercer piso del Palacio Legislativo, a las oficinas de la Unión Cívica Radical. Ahí, junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, terminó de sellarse lo que ya era un secreto a voces: sin los votos, el capítulo de tierras no iba a resistir. En esa reunión, el jefe del bloque radical, Eduardo «Peteco» Vischi, jugó un papel que excedió el de un simple socio numérico: fue, en las semanas previas, quien más había sostenido el diálogo con gobernadores del interior con los que el radicalismo tiene vínculos históricos, un terreno que la Casa Rosada -más cómoda negociando de manera directa entre Milei y los mandatarios- había descuidado.
Ese protagonismo se profundizó horas después, cuando el capítulo ya había caído. Mientras el oficialismo nacional buscaba bajarle el tono a la derrota, Vischi salió a dar explicaciones que Balcarce 50 no había dado. Cuestionó que «se disparó mucha discusión sobre temas que no están en la ley» y remarcó que el proyecto nunca buscó una liberación total de la extranjerización, sino devolverles a las provincias la potestad de fijar sus propios límites.
La lectura que instaló el radical correntino fue distinta a la que había primado en la calle: no había que discutir soberanía, sino autonomía provincial, una distinción que, insistió, nunca terminó de explicarse desde la gestión Milei.
El resultado fue un desdoblamiento que no pasó inadvertido en los pasillos del Congreso. Mientras Bullrich concentraba la negociación política y la defensa pública del proyecto en el bloque libertario, Vischi se convirtió en la voz que salía a justificarlo -primero puertas adentro, después en los medios-.
Dos canales, un mismo objetivo, pero con un matiz que no es menor: el radicalismo respaldó la letra del proyecto ya modificado sin hacerse cargo de los errores de comunicación que, a esta altura, ya casi nadie en el oficialismo se anima a negar.
El freno de los gobernadores
Detrás de cada senador que dio marcha atrás hubo un gobernador que hizo cuentas electorales. Con las elecciones provinciales asomando en el calendario de varios distritos, los mandatarios aliados dejaron en claro que no están dispuestos a pagar costos políticos por temas que no lograron instalarse como una necesidad genuina, aun compartiendo buena parte del diagnóstico económico del Gobierno.
Jaldo, Passalacqua y Figueroa fueron los más explícitos; Sáenz, el que más tardó en definirse. El mensaje, más allá del resultado puntual, fue que la relación entre la Casa Rosada y las provincias entró en una etapa más exigente, donde cada pedido de acompañamiento se mide con lupa.
En ese tablero, Corrientes jugó un partido propio. El bloque que responde a Vischi terminó votando a favor de la ley ya despojada de sus capítulos más conflictivos, pero eso no impidió que el gobernador Juan Pablo Valdés saliera, con el capítulo ya caído, a cuestionar abiertamente cómo la Casa Rosada había planteado la discusión. «Mal encarado, mal explicado», resumió el mandatario correntino días previos a la sesión del miércoles, y sostuvo que, tal como había sido presentado, el proyecto no iba a encontrar respaldo entre los argentinos.
Su diagnóstico no fue una rareza: coincidió, casi al pie de la letra, con la autocrítica que ya circulaba en el radicalismo, y confirmó que el problema de comunicación no fue sólo con la oposición o con la calle, sino con los propios socios políticos del Gobierno.
El error que se repite: subestimar el relato
Si hay un diagnóstico que atraviesa a propios y ajenos es la falta de comunicación: el capítulo de tierras no cayó por un problema de números, sino por un problema de relato.
La conferencia de prensa que dio Bullrich el martes, a modo de «última bala» antes de la sesión, no alcanzó para despejar las dudas ni para bajarle el tono a una discusión que, para entonces, ya se había corrido del texto real de la ley. Ni el propio Vischi lo disimuló: reconoció que esa conferencia no había servido para revertir la percepción pública y que, durante 48 horas, Bullrich fue la única voz del oficialismo que salió a bancar el proyecto, hasta que la ola ya era imposible de frenar.
No es la primera vez que el Gobierno tropieza con esta piedra. Milei ya había intentado, por la vía del DNU 70/23, avanzar directamente sobre la Ley de Tierras vigente; una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas lo frenó y el caso todavía espera una definición de la Corte Suprema.
Ante ese antecedente, la vía legislativa era la única que le quedaba al oficialismo, y aun así el Gobierno volvió a subestimar el trabajo de explicación que exige una reforma sensible: dejó que la discusión pública se fijara en la versión más extrema del proyecto, sin salir a marcar, con tiempo y en distintos frentes, qué era lo que realmente se estaba negociando con los gobernadores.
La revancha se juega en Diputados
La pulseada por la ley de tierras no cierra un capítulo: lo traslada a Diputados, donde el oficialismo ya negocia una sesión especial para la segunda quincena de agosto -las fechas que circulan son el 19 y el 26- en la que buscará aprobar en conjunto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda etapa de la Ley de Inocencia Fiscal. La Libertad Avanza no descarta reflotar en ese mismo paquete el capítulo de tierras que cayó en el Senado, aunque todavía en un formato que no está cerrado.
En el oficialismo reconocen que esos proyectos no tienen, a priori, la capacidad de movilización callejera que tuvo la ley de tierras. Pero desde los bloques del medio ya avisan que el terreno cambió: se acercan las elecciones provinciales y nada va a ser tan sencillo para el Gobierno como en el primer tramo de su gestión.
La ampliación del Régimen de Inocencia Fiscal, además, llega atada a una promesa que a los gobernadores les importa más que cualquier debate sobre soberanía territorial: un incremento de los fondos coparticipables.
A esa cuenta hay que sumarle un factor que crece dentro del propio esquema aliado: la interna del bloque misionero, que en el Senado ya se partió en dos monobloques (uno, leal a Passalacqua; otro, alineado con el ex líder misionero, Carlos Rovira) y que todavía no se replicó en Diputados, donde los cuatro integrantes de Innovación Federal aseguran que, por el momento, seguirán juntos. Esa fórmula, tan frágil como funcional, fue decisiva más de una vez para la Libertad Avanza, que la sigue de cerca.
La derrota parcial en el Senado no fue, en rigor, el único cortocircuito de la semana. Horas después de la sesión, el canciller Pablo Quirno -segundo funcionario en sumarse a un reclamo que había iniciado el jefe de Gabinete, Diego Santilli- le exigió públicamente la renuncia a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien acusó de buscar desestabilizar al Gobierno desde el inicio de la gestión, después de que la titular del Senado habilitara el voto remoto de una senadora kirchnerista con un embarazo de riesgo.
Villarruel no se quedó callada: «El Canciller se ha excedido», respondió, y la interna sumó un capítulo más. Ninguno de esos frentes alcanza, por separado, para explicar la semana que tuvo el oficialismo. Juntos, empiezan a dibujar un patrón: la dificultad, cada vez más evidente, para sostener una sola voz y un solo relato dentro de una coalición que crece en el Congreso, pero que todavía no aprendió a explicarse puertas afuera.