El Ministerio de Economía de la Nación ultima los detalles de un nuevo proyecto de ley que enviaría al Congreso en los próximos días, con el propósito central de reformar el programa de Inocencia Fiscal. La iniciativa, delineada tras una serie de reuniones técnicas entre los equipos oficiales y diversos sectores profesionales, busca subsanar los puntos débiles de la normativa vigente. De este modo, el presidente Javier Milei buscaría otorgar mayores garantías de seguridad jurídica a los contribuyentes para incentivar la exteriorización de fondos que actualmente se encuentran fuera del circuito financiero formal.
La propuesta oficial apunta fundamentalmente a introducir cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), abriendo la posibilidad de rectificar las declaraciones juradas en supuestos más amplios que los contemplados originalmente. Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía de la Nación se evitó dar pronunciamientos de carácter formal, aunque fuentes cercanas a la conducción económica ratificaron que estas modificaciones responden de forma directa a las inquietudes planteadas por el ámbito de los especialistas tributarios. El objetivo gubernamental es destrabar el ingreso de capitales en un escenario donde la captación de divisas se considera prioritaria para consolidar la reactivación productiva de los meses venideros.
FLEXIBILIZACIÓN TÉCNICA
El núcleo de la reforma legislativa que se pondrá a consideración del Congreso de la Nación se enfoca de manera directa en otorgar una mayor elasticidad al andamiaje procedimental de la recaudación. En la actualidad, si la diferencia en el saldo a favor de una presentación supera el 15 por ciento, el aportante pierde de forma automática la denominada presunción de exactitud, quedando excluido del esquema promocional. Dicha exclusión faculta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) a realizar inspecciones retroactivas sobre los ejercicios fiscales precedentes, lo que generaba un fuerte recelo entre los asesores contables y sus respectivos clientes.
Con la redacción propuesta, la autoridad tributaria nacional mantendrá la potestad de detectar cualquier discrepancia significativa, pero incorporará la obligación de conceder una instancia formal de subsanación para el contribuyente. En la medida en que el sujeto obligado regularice la inconsistencia detectada y abone la diferencia correspondiente, conservará los beneficios de la estabilidad fiscal. Este mecanismo técnico bloqueará de manera definitiva la capacidad del fisco de revisar las declaraciones juradas correspondientes a los períodos anuales de 2022, 2023 y 2024, restableciendo el denominado efecto liberatorio.
“Si vos tenés una factura apócrifa, antes de la determinación de oficio, el contribuyente tiene la posibilidad de rectificar la declaración jurada y quedabas dentro del Régimen”, detalló un especialista ligado a las mesas de negociación técnica. En relación con las falencias del esquema vigente, la misma fuente aportó en estricto off the record que “ahora, si el contribuyente tiene un error en la declaración jurada en el saldo a favor superior al 15 por ciento, quedaba afuera del RSG”. Al explayarse sobre los riesgos del formato actual, puntualizó que la normativa “te volteaba el concepto de presunción de exactitud, lo que significa que el fisco te puede revisar las declaraciones juradas para atrás”.
AMPLIACIÓN DEL UNIVERSO
Más allá de las prerrogativas de orden procedimental, el texto que se girará al Congreso prevé la eliminación absoluta de las barreras patrimoniales y de facturación que restringían el acceso al beneficio. El borrador contempla la derogación del límite de ingresos de 1.000 millones de pesos anuales, como así también del techo patrimonial fijado en 10.000 millones de pesos. Mediante esta apertura, el Ejecutivo nacional prevé ampliar de manera considerable el universo de actores económicos en condiciones de normalizar su situación ante el erario público.
En paralelo, el proyecto de ley incorporará un artículo destinado a elevar el monto mínimo requerido para dar inicio a litigios judiciales en materia de impuestos, un piso que hoy se encuentra fijado en la suma de 25.000 pesos. La actualización de este umbral específico responde a la necesidad de acoplar los valores administrativos al proceso inflacionario acumulado, reduciendo las causas de menor cuantía económica. Con esta medida, el Gobierno nacional busca disminuir la congestión burocrática en los tribunales federales, permitiendo que tanto las dependencias oficiales como el Poder Judicial concentren sus recursos logísticos en controversias de verdadera relevancia para las arcas estatales.
ANTECEDENTES Y PROYECCIÓN
Esta decisión de modificar el andamiaje legal de Inocencia Fiscal representa un giro en la tesitura sostenida originalmente por la conducción económica, que consideraba innecesario realizar retoques al texto normativo vigente. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó el nuevo rumbo a través de sus canales de comunicación digital, al subrayar que existió un pleno consenso con las entidades profesionales respecto de los beneficios de la reforma. “Hubo consenso en que, si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen”, expresó el funcionario en la red social X al concluir el cónclave sectorial.
La premura por asegurar la eficacia de este sistema tributario radica en que el Gobierno nacional lo incluye dentro de las herramientas principales para dinamizar el nivel de actividad local en el corto plazo. El programa fiscal comparte prioridad de gestión con la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales y las reformas en materia laboral, si bien estas últimas se encuentran supeditadas a los compromisos de superávit asumidos ante los organismos multilaterales de crédito.
Los últimos indicadores provistos por la Arca reflejan que más de 80.000 ciudadanos formalizaron su ingreso al RSG, fundamentalmente motivados por la búsqueda de un blindaje frente a futuras fiscalizaciones de carácter retroactivo.
