Proponen crear una oficina técnica para saber cuánto cuesta cada ley

La Diputada provincial del PRO presentó un proyecto para establecer la Oficina de Presupuesto de la Legislatura de Corrientes, un organismo que analizaría el costo fiscal de cada iniciativa antes de su tratamiento. La legisladora advirtió que hoy es «frecuente la presentación y tratamiento de iniciativas que generan erogaciones sin contar con una adecuada estimación de su costo, ni con una identificación clara de sus fuentes de financiamiento». El expediente está en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.

En la Cámara de Diputados se encuentra para su análisis una propuesta de la diputada Sofía Brambilla (PRO), concerniente en la creación de un organismo técnico permanente en el Poder Legislativo correntino que evalúe, antes de su debate, el impacto presupuestario de los proyectos de ley que impliquen gasto público o afecten los recursos provinciales.
El Expediente Nº 19.958 se encuentra en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos para su análisis.
Lo que se propone, concretamente, es la creación de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura de la Provincia de Corrientes (Oplc), un ente con autonomía funcional que funcionaría en el ámbito del Poder Legislativo y asistiría a los legisladores en el análisis de variables presupuestarias, fiscales y económicas. La iniciativa se presentó con el objetivo de incorporar un mecanismo institucional de evaluación previa del impacto económico de las leyes.

OBJETIVOS
PRINCIPALES

En los fundamentos del proyecto, Brambilla señaló que en la práctica legislativa «resulta frecuente la presentación y tratamiento de iniciativas que generan erogaciones sin contar con una adecuada estimación de su costo, ni con una identificación clara de sus fuentes de financiamiento». Según la Diputada, esta situación «puede derivar en la aprobación de normas de difícil o imposible cumplimiento, afectando el equilibrio presupuestario y comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas provinciales».
Frente a ese diagnóstico, el proyecto estipula que todo proyecto de ley con impacto fiscal deberá ser remitido a la Oplc para que elabore un informe de impacto presupuestario. El organismo tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para expedirse desde la recepción del expediente. Si vence ese plazo sin que se haya emitido el informe, las comisiones legislativas quedarán habilitadas para continuar el trámite parlamentario de todas formas.
Un aspecto central de la propuesta es el carácter de esos informes: serán de emisión obligatoria, pero no vinculantes en su contenido. Es decir, los legisladores deberán contar con el análisis técnico antes de votar, pero no estarán obligados a seguir sus conclusiones. Según la impulsora del proyecto, esto «garantiza un adecuado equilibrio entre la incorporación de criterios técnicos y el respeto por la potestad decisoria de los legisladores».

Fortalecimiento

Otro de los fundamentos centrales de la iniciativa apunta a fortalecer el rol institucional del Poder Legislativo. Brambilla subrayó que la creación de la Oplc contribuiría a «reducir la asimetría existente respecto del Poder Ejecutivo en materia de análisis presupuestario», dotando a la Legislatura de herramientas técnicas propias. «Se promueve una mayor autonomía en la toma de decisiones y se mejora la calidad del proceso legislativo», destacó la legisladora en el texto presentado.
El proyecto también prevé que todos los informes producidos por la oficina sean de acceso público y se publiquen en los sitios web oficiales de ambas cámaras, lo que, en palabras de Brambilla, «fortalece la transparencia, el acceso a la información pública y el control ciudadano sobre el proceso legislativo».
La propuesta se inspira en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, creada mediante la Ley Nacional Nº 27.343, adaptando sus principios a «la realidad y necesidades de la Provincia de Corrientes», expuso la autora del texto.

Cómo se conduciría la Oficina de Presupuesto

Según el articulado del proyecto, la Oplc estaría a cargo de un director general con rango equivalente a secretario de Cámara, elegido mediante concurso de oposición y antecedentes. Para acceder al cargo, el postulante deberá contar con título universitario en Ciencias Económicas y al menos cinco años de experiencia en materia presupuestaria, fiscal o de políticas públicas. El mandato sería de cinco años, con posibilidad de una única reelección.
La selección quedaría en manos de un comité evaluador integrado por representantes de ambas cámaras, un delegado de la Universidad Nacional del Nordeste y uno del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con actuación en la Provincia. Ese comité elevaría una terna de candidatos a las cámaras, que designarían al director general mediante resolución conjunta adoptada por mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cuerpo.
El proyecto también crea la Comisión Bicameral de Asuntos Presupuestarios, integrada por los presidentes y un miembro de las comisiones de Hacienda de cada Cámara, con funciones de supervisión, aprobación del plan de trabajo anual y del presupuesto de la Oplc, y la potestad de proponer la remoción del director general.
De sancionarse la normativa, la oficina comenzaría a funcionar a los 90 días de la publicación de la ley en el Boletín Oficial provincial.