El sistema de transporte público en la ciudad de Corrientes ingresó en una fase de degradación acelerada que pone en jaque tanto la movilidad ciudadana como la estabilidad laboral del sector. En una maniobra que busca desesperadamente equilibrar las cuentas ante lo que las empresas denominan un «quiebre de la ecuación económica», las prestatarias Ersa y Transporte San Lorenzo habrían oficializado una reducción del 50% en la circulación de sus unidades.
Esta medida no es aislada, sino que forma parte de un esquema de contingencia que incluye suspensiones masivas y una reestructuración operativa que transforma la jornada de los choferes.
La implementación del «servicio cortado» es la cara más visible de este ajuste. Según lo acordado entre la patronal y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), unas 60 unidades salen de servicio durante las horas de menor demanda para concentrar la oferta en los horarios pico.
Bajo esta modalidad, los conductores cumplen jornadas de aproximadamente siete horas divididas en dos turnos, percibiendo a cambio el doble de viáticos y descansos los fines de semana, de acuerdo a declaraciones radiales de José Luis Sabao, secretario general del gremio.
Según Sabao, el objetivo declarado es reducir drásticamente el consumo de gasoil y optimizar la recaudación, en un contexto donde el flujo de pasajeros cayó más de un 20% interanual en el primer trimestre de 2026.
Amenaza de paro latente
La tensión alcanzó su punto máximo ayer, cuando la UTA amenazó abiertamente con un paro total de actividades tras la cancelación de reuniones clave en la Subsecretaría de Trabajo.
Sabao, advirtió que el sistema va «de mal en peor» y que la paz social está supeditada a que no se descargue la crisis sobre el salario de los trabajadores.
Esta advertencia se produce en medio de un goteo de notificaciones de suspensión sin goce de haberes: mientras algunas fuentes confirman 23 choferes afectados por 30 días, otros reportes sectoriales elevan la cifra a 89 trabajadores suspendidos por periodos que podrían extenderse hasta los 120 días, sumado a la no renovación de 25 contratos adicionales.
Desde la perspectiva de la administración pública y las concesiones, las empresas justifican estas medidas drásticas —amparadas en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo— citando la eliminación de los subsidios nacionales y el aumento descontrolado de los costos operativos.
La eliminación de los servicios nocturnos fue la primera consecuencia técnica de este déficit.
Para el gremio, no obstante, la responsabilidad final de garantizar la continuidad del servicio recae no solo en los privados, sino también en el Municipio y la Provincia, a quienes señalan como los verdaderos «dueños del servicio».
Por ahora, la ciudad se mueve a media máquina, bajo la sombra de un conflicto que amenaza con dejar a la Capital sin un solo colectivo en la calle en cualquier momento.