En una Argentina sacudida por crímenes que expusieron las grietas del sistema, la Cámara alta debate una reforma integral contra el maltrato infantil. El proyecto del Senador correntino busca pasar de la reacción espasmódica a una política de prevención obligatoria, en medio de una agenda legislativa marcada por la reforma penal juvenil y la crisis de seguridad.
05-POLITICA-2La Argentina transita un tiempo de deuda interna con sus ciudadanos más vulnerables. Las estadísticas no mienten, pero los nombres propios duelen más: Lucio Dupuy -en La Pampa-, así como Ángel López -en Comodoro Rivadavia- o la angustiante búsqueda de Loan Peña -en Corrientes- han operado como espejos crueles de un Estado que suele llegar cuando el daño ya es irreparable.
En ese escenario de urgencia social, el senador nacional Eduardo «Peteco» Vischi impulsa la Ley de Erradicación de la Violencia en la Infancia y Adolescencia (Expediente S-1.566/2025), una iniciativa que pretende cerrar las brechas por donde se filtra la violencia doméstica e institucional.
El proyecto, que ya circula por las comisiones del Senado, no aparece de forma aislada. Surge en un contexto donde el 70 por ciento de los casos de abuso y maltrato infantil en el país ocurre dentro del ámbito intrafamiliar, según datos de organismos nacionales y Unicef. El desafío que plantea Vischi es estructural: dejar de tratar la violencia como un suceso privado y asumirlo como una falla sistémica del orden público.
EL «EFECTO
ESPEJO»
La redacción de este proyecto tiene una base empírica trágica. El caso de Lucio Dupuy marcó un antes y un después en la legislación argentina con la sanción de la Ley Lucio, centrada en la capacitación de los tres poderes del Estado. Sin embargo, la iniciativa de Vischi busca ir un paso más allá, integrando la detección precoz y la reparación del daño como ejes obligatorios, no solo preventivos.
A escala regional, la conmoción por el caso Loan, que mantuvo en vilo a la provincia de Corrientes y al país entero, puso de manifiesto que los protocolos de alerta temprana y la coordinación entre fuerzas de seguridad, Justicia y comunidad educativa siguen siendo deficientes. El proyecto de Vischi ataca precisamente esa falta de articulación, proponiendo un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia que obligue a las provincias a homogeneizar sus respuestas.
La coyuntura: entre la prevención y la mano dura
El debate de esta ley llega al recinto en un momento de altísima tensión política en el Congreso. La Cámara alta no sólo discute protección; también está inmersa en el debate por la baja de la edad de imputabilidad y la reforma del Régimen Penal Juvenil. Mientras un sector del arco político presiona por medidas de corte punitivo para los menores que delinquen, la propuesta de Vischi actúa como un contrapeso necesario: atender al niño antes de que el sistema lo criminalice o lo abandone. La discusión en el Senado hoy se divide entre quienes ven en la seguridad una cuestión de castigo y quienes, como el legislador correntino, sostienen que no habrá seguridad ciudadana si no se garantiza primero la integridad de las infancias.
«La manera en que tratamos y educamos hoy tendrá impacto en la sociedad que seremos cuando ellos sean adultos», reza uno de los fundamentos más potentes del Senador. En un Senado que también debate la Boleta Única de Papel y pliegos judiciales de alto voltaje, la protección de la niñez aparece como uno de los pocos puntos de consenso posible para una dirigencia que busca reconciliarse con las demandas reales de la calle.
La deuda de la «negligencia»
Uno de los puntos más innovadores del proyecto S-1.566/2025 es la tipificación de la negligencia como forma de violencia. El texto señala que privar a un menor de alimentos, salud o cuidados básicos es una agresión tan letal como la física. En una Argentina con más del 50% de niños bajo la línea de pobreza, este artículo obliga al Estado a intervenir no solo ante el golpe, sino ante el abandono sistémico.
El desafío de la formación obligatoria
Al igual que la Ley Micaela transformó la mirada de género en el Estado, este proyecto busca la profesionalización del agente público. La norma establece que médicos y docentes -muchas veces los primeros en ver las marcas de la violencia- no solo tengan el deber de denunciar, sino la formación técnica para no ser revictimizantes. El incumplimiento de estas capacitaciones será considerado una falta grave, elevando el costo de la desidia funcionaria.
Antecedente Lucio
¿En qué se diferencian la Ley Lucio y la iniciativa de Vichi? Mientras que la normativa inspirada en el niño pampeano hizo foco en la detección del maltrato, el proyecto del Senador libreño amplía el espectro hacia el entorno digital (grooming y ciberacoso) y establece un mecanismo de reparación. No basta con detener la violencia; el Estado debe garantizar el acompañamiento psicológico y social posterior para que ese niño pueda reconstruir su proyecto de vida.