Por Martín Zapiola Guerrico.
Los argentinos nos quejamos con frecuencia del funcionamiento del sistema judicial. En particular, de la idoneidad y de la independencia de nuestros jueces.
Hay muchos jueces probos, capaces y comprometidos. Pero la percepción social predominante está lejos de ser positiva, y no siempre sin razón: cada tanto emergen escándalos que parecen sacados de una ficción exagerada. A esos episodios se le suman experiencias personales bastante más extendidas: juicios que se eternizan, resoluciones difíciles de comprender, decisiones que generan una sensación de arbitrariedad.
Aquí aparece una paradoja que llama la atención. Quienes más cuestionan la calidad de la Justicia suelen mostrar escaso -cuando no nulo- interés por el proceso mediante el cual se selecciona a los jueces. Es como si dijéramos: “Elíjanlos como quieran”.
Ese desinterés es curioso y muy nocivo, porque una vez designados los jueces permanecen en sus cargos casi de por vida y sólo pueden ser removidos a través de mecanismos institucionales excepcionales y poco frecuentes. La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema. Si fallamos en el proceso de selección, estamos condenados a padecerlos durante décadas.
No obstante, su importancia, el régimen de selección vigente ha convivido durante años con amplios márgenes de discrecionalidad. En distintos tramos del proceso -la valoración de antecedentes, las entrevistas personales, la construcción de los órdenes de mérito- existen espacios donde los criterios no resultan transparentes. Además, los parámetros de asignación de mérito de los candidatos parecen dirigidos a evaluar lo que es de fácil evaluación y no lo que es predictor del buen desempeño en la magistratura. El resultado: muchas veces los peores candidatos terminan desplazando a los mejores, sin explicación alguna.
Y esto, a su vez, genera un círculo vicioso: la percepción de opacidad y discrecionalidad desalienta a muchos profesionales destacados y comprometidos para ingresar a la carrera judicial, o para esforzarse y seguir avanzando en la misma. Para alguien que confía en su capacidad e idoneidad, no resulta tentador jugar en una cancha tan inclinada.
Si el problema es estructural, la respuesta no puede ser menor. Y en esa línea aparece una novedad que, a mi entender, puede determinar un cambio sistémico sustancial en la manera que elegimos a nuestros jueces.
A través de la Acordada 4/2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en marcha una propuesta de reforma del sistema de selección que apunta directamente al corazón del problema: menos discrecionalidad, mejores criterios para evaluar mérito, más reglas objetivas y mayor transparencia en cada etapa del proceso. Obviamente, esta propuesta está sujeta a la consideración y eventual aprobación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano constitucionalmente encargado de intervenir en la selección de los jueces.
La propuesta de reglamento que impulsa la Corte incluye numerosos cambios sustanciales al sistema vigente, de los cuales me interesaría resaltar los siguientes:
• Anonimato absoluto garantizado: se establece un sistema de anonimato real en los exámenes escritos, basado en códigos alfanuméricos y sistemas informáticos auditables. Quien corrige no es quien diseña los exámenes y no tiene forma de saber a quién está evaluando. Esto elimina de raíz uno de los factores más sensibles de cualquier proceso de selección, la posibilidad de que el nombre, los vínculos o la trayectoria del candidato influyan -consciente o inconscientemente- en su calificación.
• Reducción de la incidencia de la entrevista personal: actualmente esta instancia funciona como un espacio donde pueden alterarse de manera significativa los órdenes de mérito construidos en las etapas técnicas. La entrevista personal permite hoy que los últimos en resultados técnicos terminen primeros y viceversa. La propuesta de la Corte limita la incidencia de la entrevista personal -necesaria en términos institucionales- al 10 por ciento de la calificación total obtenida por el entrevistado y además exige que se justifique cabalmente el puntaje que se asigna.
•Concursos anticipados como regla general: esta es quizás la modificación con mayor impacto sistémico para el servicio de justicia y el drama de los juzgados vacantes. Actualmente lo habitual (aunque hay esporádicas excepciones) es que se tramiten los concursos cuando se producen -y se acumulan- las vacantes en los tribunales. Algo así como llamar a concurso para cirujanos en el momento en que el paciente está ingresando al quirófano. La regla propuesta es que se realicen regularmente concursos anticipados para poder cubrir las vacantes cuando estas se produzcan y facilitar la planificación institucional.
Creo que el valor de esta iniciativa no es sólo técnico sino institucional: recordarnos que la calidad de la justicia no empieza en las sentencias, sino mucho antes, en la forma en que se elige a quienes van a dictarlas. Quizás sea momento de que, como sociedad, dejemos de mirar sólo lo que hacen los jueces y empecemos a prestar más atención a cómo llegan a serlo.
El autor es Abogado. Cofundador de la
Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Análisis (1)
Con notable claridad, poder de síntesis y precisión el doctor Zapiola puntualiza tres aspectos centrales en el proceso de selección que se viene aplicando hace más de tres décadas y que ha llevado a la degradación del sistema judicial en el país y en todas las provincias.
En este contexto, la propuesta de la Corte Suprema apunta a darle seriedad y transparencia a un sistema que no las tiene y que ha contribuido al descrédito de la Justicia que está en los escalones más bajos de valoración. Así lo reveló la reciente encuesta de Poliarquía, que marcó la diferencia con la opinión que de la Corte Suprema tiene la gente, que la pone en el sitial más alto entre los actores sociales con un 48 por ciento de ponderación positiva.
Zapiola Guerrico destaca tres aspectos fundamentales. En primer término, la necesidad de garantizar el anonimato, impidiendo que -con antelación- circulen las preguntas o existan mecanismos que permitan identificar a los que rinden.
En segundo término, reducción de la incidencia de la entrevista personal que ha llevado, en la práctica, a postergar, muchas veces, a los mejor calificados en beneficio de quienes venían, algunos muy atrás.
En tercer lugar, a anticipar el llamado a concurso, antes que las vacantes se produzcan, siempre que ello sea posible. El ejemplo que pone el doctor Zapiola es revelador de algo que es obvio y que cuesta entender, como así no se ha entendido en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo.
Se pregunta si sería válido esperar que el paciente esté entrando al quirófano para llamar a concurso para designar cirujanos.
En este marco, la opinión se suma para el debate esclarecedor que deberá darse tanto en el Consejo de la Magistratura nacional como en los superiores tribunales de justicia y consejos de la magistratura locales, así como en las respectivas legislaturas que tienen la posibilidad de establecer la regulación legal si se advirtiera un retardo, o indiferencia en los ámbitos específicos.
Análisis (2)
El debate abierto respecto a la forma cómo se elige a los jueces debe extenderse a lo que ocurre en las representaciones electorales en todos los niveles y jerarquías.
Argentina vive, desde hace más de dos décadas, una inédita crisis de representación, con partidos políticos que han dejado de funcionar democráticamente, lo cual ha llevado a una caída del nivel de las representaciones, algo que se verifica todos los días en la exposición mediática de quienes han sido electos por el voto popular.
Más allá de la declamada renovación, puesta en duda por muchos, porque se advierten que los nuevos que aparecen muchas veces traen todos los vicios que se atribuye a los anteriores, incluso aumentados. En esto, hasta los jóvenes distan de ser portadores de la frescura que podría traer la aparición de nuevas figuras, más allá de que canse el mantener en cartelera a quienes acumulan fracasos y han mostrado una particular habilidad para cambiar de camiseta sin el más mínimo rubor.
En este contexto, para que se entienda, hay que comenzar por lo primero que es cambiar las reglas de juego, algo que va más allá de los nombres.
En el marco interno, asegurar la vigencia de las Primarias obligatorias para que cada espacio defina sus candidatos, terminando con la práctica del “dedo” que no es una crítica que termine en Cristina Kirchner, sino que se ha extendido para sorpresa de todos los que quieren acciones superadoras tendientes a jerarquizar la política.
En lo que son las elecciones generales habrá que ver si la eliminación del Colegio Electoral fue una buena decisión, y sin duda terminar con las listas sábanas incorporando el voto electrónico asociado a la boleta única, terminando con la ley de lemas que es absolutamente distorsiva y que además otorga una ventaja definitoria a los que controlan la caja del Estado.