Este sábado se confirmó que las unidades de transporte urbano de pasajeros ya no circularán más a partir de las 22, con un servicio interrumpido que recién se restituye a las 6 del día siguiente. La medida, que había sido ejecutada sorpresivamente en la noche de este viernes, se mantendrá de forma diaria y por tiempo indeterminado, razón por la cual se generó un clima de zozobra en los usuarios del servicio de colectivos de línea.
La interrupción del servicio nocturno afecta a todas las líneas operadas por las empresas Ersa (Empresa Romero Sociedad Anónima) y Transporte San Lorenzo. Esta restricción deja a miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos a la deriva, sin alternativas de movilidad en una franja horaria donde otros servicios, como los remises o Uber, resultan inaccesibles para muchos.
La situación escaló luego de que se esclareciera el origen de la interrupción. En un primer momento, la falta de colectivos en las calles sugirió la posibilidad de un nuevo conflicto salarial, pero fue el propio gremio quien desestimó esta versión. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Sabao, en diálogo con EL LIBERTADOR, desvinculó de plano a los trabajadores de la decisión: “Te explico que esto no es una medida de fuerza porque no fue convocada por la UTA, ni por el gremio, ni por los trabajadores”, subrayó el dirigente, al poner el foco sobre la responsabilidad directa de las firmas prestatarias en la parálisis del servicio.
UNA DECISIÓN UNILATERAL
La falta de preaviso fue uno de los puntos más críticos de la jornada. En la noche de este viernes, tanto los usuarios como los propios conductores se encontraron con la novedad en el momento en que las unidades debían continuar sus recorridos habituales.
Consultado acerca de ello, Sabao explicó que la UTA no recibió ninguna notificación oficial por parte de las cámaras empresariales ni de las gerencias de Ersa o San Lorenzo. “Nosotros nos enteramos por parte de los compañeros y ahí le pedí una explicación a la empresa, y recién ahí nos respondieron qué decisión habían tomado; así que nosotros, de manera sorpresiva, también nos enteramos ayer”, relató el referente gremial.
Según la información proporcionada por las prestatarias al gremio, la interrupción responde estrictamente a una cuestión de costos y sostenibilidad financiera. El objetivo principal sería la búsqueda de reducción del consumo de combustible y los gastos operativos en los horarios de menor recaudación, ante lo que consideran una crisis del sector: “Es una decisión netamente de la empresa debido a la crisis que dicen ellos que están atravesando, como para ahorrar combustible y demás, después de las 22”, detalló Sabao.
Asimismo, advirtió que la situación no es coyuntural, sino que “va a continuar”, dado que, según relató, “comenzaron ayer y hoy me informaron que seguirá por el resto de los días hasta un nuevo aviso”.
INCERTIDUMBRE ANTE UN SERVICIO ESENCIAL
La crisis del transporte en la Capital no es un fenómeno nuevo, pero esta modalidad de “apagón nocturno” marca un precedente peligroso en la relación entre la Municipalidad de Corrientes, como órgano de contralor, y las concesionarias. Los antecedentes inmediatos muestran un sistema golpeado por la quita de subsidios nacionales, el incremento de los insumos y las tensiones por las actualizaciones tarifarias que, pese a efectuarse de forma periódica y preventiva, nunca son suficientes para cubrir las expectativas empresariales.
Ante ello, distintos usuarios consultados por EL LIBERTADOR manifestaron su descontento ante una nueva interrupción de la prestación y al consecuente falta de micros en los distintos ramales. Ante ello, consideraron que se trata de una herramienta de presión que hace uso de este servicio esencial como moneda de cambio.
Ante este panorama, el rol de la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, queda bajo la lupa. La normativa vigente establece que el transporte urbano es un servicio esencial que debe ser garantizado por el órgano de contralor. Ahora bien: con este tipo de medidas -inconsultas y unilaterales- se pone en jaque a la autoridad real de quien tiene que controlar que esta prestación se cumpla de acuerdo con lo normado.
“Esto es por tiempo indeterminado, hasta que intervenga el órgano que corresponda”, sentenció Sabao, con lo cual dejó de manifiesto que la resolución del conflicto depende ahora de la intervención de las autoridades de aplicación para exigir un adecuado cumplimiento de las frecuencias.
“Seguramente la Municipalidad le va a pedir explicaciones a la empresa”, se esperanzó Sabao. Ante este panorama, desde EL LIBERTADOR se intentó -reiterada e insistentemente- dialogar con el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana municipal, Yamandú Barrios, durante toda la jornada del sábado, pero no se obtuvo ningún tipo de respuesta.
LOS USUARIOS, EL ÚLTIMO OREJÓN DEL TARRO
El impacto social de la medida es inmediato para quienes dependen del colectivo para retornar a sus hogares. Al no existir un sistema de transporte alternativo eficiente, el cese de actividades a las 22 condena a los usuarios a quedar varados o a incurrir en gastos que superan ampliamente sus posibilidades.
“Lo que se le podría aconsejar al pasajero es que esté un ratito antes, porque a las 22 algunos ya están cortando en la cabecera”, advirtió el titular de la UTA, evidenciando que incluso antes del horario pautado ya comienza el repliegue de las unidades, lo que reduce aún más la ventana de movilidad para los ciudadanos.
