En un contexto de incertidumbre para el sector productivo de la segunda ciudad de la provincia, el Gobierno de Corrientes ratificó su compromiso de acompañamiento con los operarios que perdieron su sustento tras el cese de actividades de la hilandería Alal. A través de una acción coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Goya, se concretó una nueva entrega de asistencia alimentaria destinada a los 260 trabajadores despedidos.
Con esta medida, impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés, se busca mitigar el impacto socioeconómico inmediato, al tiempo que los extrabajadores de la firma aguardan definiciones de fondo en el ámbito judicial y administrativo.
ASISTENCIA CONTINUA
La entrega de estos recursos representa la segunda etapa de un plan de contingencia que el Estado provincial activó apenas se oficializó el conflicto. El pasado martes 10 se había realizado un primer aporte de similares características, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, junto al intendente goyano, Mariano Hormaechea.
Este despliegue territorial no sólo contempla la ayuda alimentaria, sino que forma parte de un monitoreo constante de la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las familias en cuestión tras el cierre definitivo de la planta textil, una de las firmas históricas de la región.
ALCANCE DE LAS MEDIDAS
El titular de la cartera social, José Irigoyen, brindó precisiones sobre el alcance de estas medidas y subrayó que la instrucción del Ejecutivo provincial es mantener una presencia activa en el territorio. El funcionario remarcó que se trata de una situación extremadamente compleja desde el punto de vista humano y laboral, por lo cual el Estado no puede permanecer ausente ante la pérdida masiva de puestos de trabajo.
Irigoyen recordó que, además de los módulos alimentarios, se han gestionado otros beneficios de carácter urgente, como la exención del pago de la tarifa eléctrica para los afectados, una herramienta que busca aliviar los costos fijos de los hogares en conflicto hasta tanto se logre una resolución definitiva.
SEGUIMIENTO
Desde el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio también se mantiene un seguimiento riguroso del caso. Las autoridades del área trabajan en la búsqueda de alternativas que permitan destrabar el reclamo de los trabajadores, quienes exigen el pago total de las indemnizaciones por los años de servicios prestados.
La decisión política de Juan Pablo ha sido clara en este sentido: brindar contención social inmediata mientras los canales institucionales y legales agotan las instancias para que la empresa Emilio Alal cumpla con sus obligaciones de ley frente a una dotación de personal que, de la noche a la mañana, se encontró con las puertas de la fábrica cerradas.
MEDIDA JUDICIAL EN FAVOR DE LOS EXTRABAJADORES
En sintonía con el reclamo de los exoperarios, la Justicia laboral de Goya dictó recientemente una resolución de alto impacto que representa un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores: el juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por un grupo de empleados y ordenó a la firma Emilio Alal el depósito de 142.680.903,17 pesos, con el objetivo de garantizar el pago del 50 por ciento de las indemnizaciones correspondientes.
La cifra surge de las planillas de liquidación integradas al expediente judicial y, según establece la medida judicial, debe ser depositada en una cuenta del Banco de Corrientes en un plazo no mayor a diez días.
El magistrado fundamentó su decisión al considerar acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones. La empresa, al momento de anunciar el cierre, había manifestado su intención de abonar únicamente la mitad de los montos previstos por ley, escudándose en la crisis del sector. Sin embargo, el juez Brest fue más allá y, además del depósito obligatorio, dispuso el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado.
Esta medida de garantía establece que, ante un eventual incumplimiento del depósito en efectivo, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los operarios perciban, al menos de forma parcial, los créditos laborales que les corresponden.
EL CIERRE DE UNA FÁBRICA EMBLEMÁTICA
El conflicto que hoy mantiene en vilo a la comunidad goyana se desencadenó formalmente el pasado 28 de enero, cuando la firma Emilio Alal confirmó el cese definitivo de sus operaciones en la planta de hilados y telas. En aquella oportunidad, la dirección de la empresa argumentó que la coyuntura económica nacional y la caída del consumo volvieron inviable la continuidad de sus actividades productivas. Esta decisión dejó un vacío profundo en el tejido industrial de Goya, dado que Alal no sólo era una fuente de empleo directo para 260 personas, sino que generaba un movimiento económico indirecto vital para los comercios y servicios de la zona.
A pesar de que la resolución judicial garantiza el cobro de una parte de las indemnizaciones, los trabajadores han manifestado que no abandonarán el reclamo por el ciento por ciento de lo que marca la legislación laboral vigente. El caso se ha inscripto en un escenario de alta conflictividad, donde el rol de la Justicia y el acompañamiento del Gobierno provincial se vuelven fundamentales para equilibrar la balanza frente a una decisión empresarial que afectó de manera masiva a la mano de obra local. La comunidad de Goya sigue con atención cada movimiento, entendiendo que el destino de estas 260 familias marca un precedente sobre la responsabilidad social empresaria en tiempos de crisis.
PERSPECTIVAS Y CONTINUIDAD DE LA ASISTENCIA
Hacia adelante, el Gobierno provincial mantendrá los canales de diálogo abiertos con los delegados de los trabajadores y con las autoridades municipales. La asistencia alimentaria y los beneficios en los servicios públicos se mantendrán de forma periódica mientras dure la transición hacia una solución definitiva. El objetivo primordial de la gestión de Juan Pablo es evitar que el cierre de la textil derive en una crisis social de mayores proporciones en el Departamento de Goya, priorizando siempre la paz social y el respeto por los derechos adquiridos de los ciudadanos.
En los próximos días, se espera que la empresa responda formalmente a la orden de depósito dictada por el juez Brest. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social ya planifica las próximas etapas de contención, reafirmando su prioridad en la seguridad alimentaria y la estabilidad de los hogares afectados.
El monitoreo de la situación es diario, y la articulación entre la Provincia y el Municipio se presenta como la principal barrera de defensa para los trabajadores ante un panorama industrial de incertidumbre.
