Angel Fernández tiene 33 años, vive con sus padres en una casa del barrio Doctor Montaña y padece una extraña discapacidad que lo hace electrodependiente. Este martes fue protagonista de una tensa situación, cuando un grupo de personas se presentó en su vivienda para ejecutar una orden de desalojo. Lo único que impidió que la concreten, por unos días, fue el hecho de que no contaban con una ambulancia para trasladarlo. El joven pide ayuda y sostiene: «Si siguen adelante con esto, me condenan a muerte».
Según contó a EL LIBERTADOR, el problema viene desde hace años, por la sucesión de los terrenos en donde está construida la vivienda. «Mi papá le compró este lote al señor Pedro Montaña, por el que después lleva el nombre el barrio. Esto fue en 1983 y lo pagó en 120 cuotas a cambio de lo que le quedaron los boletos de compra-venta», explicó.
«Él pensó que con eso ya estaba y por eso no hizo el título. El problema vino después, cuando falleció el señor Montaña y los hijos pusieron en sucesión todos los terrenos, entre esos, el que mi papá había comprado. Nosotros no sabíamos que se estaban peleando por algo que ya era nuestro», agregó.
Ángel comentó que luego de resolver sus conflictos, los sucesores pusieron a la venta el lugar y que en 2013 tuvieron que pasar por un primer intento de desalojo. «En ese momento, mi madre estaba sola y si no hubiera sido por unos obreros que estaban trabajando en la calle y la ayudaron, la iban a echar», recordó.
También contó que, desde entonces, comenzó la pelea judicial. «A mi padre lo denunciaron por usurpación, pero él tenía los boletos de compra-venta y fue sobreseído. La Cámara Civil y Comercial dio un fallo ejemplar, acompañando con toda la documentación y nos dieron la razón a nosotros. Pero en abril de este año vino lo peor: el Superior Tribunal falló a favor de ellos y en ese entonces nos dieron diez días para salir de acá. Tuvimos que acudir a la Subsecretaría de Derechos Humanos y mediante un escrito frenaron esa nueva decisión. Pero ayer (por el martes), volvieron y están decididos a sacarnos nuestra casa», expresó.
«Estoy con internación domiciliaria por mi problema de salud. Y vinieron con policías para hacer el desalojo. No pudieron sólo porque no contaban con la ambulancia que necesito para movilizarme. De lo contrario, no sé qué iba a pasar», describió.
VULNERABLE
Sobre su discapacidad, Ángel contó que se llama Síndrome de Intestino Corto, lo cual impide a su organismo absorber los nutrientes que necesita.
«En 2017 sufrí una isquemia que me afectó esta parte del cuerpo. Desde entonces, tengo que estar permanentemente conectado a una máquina que me permite vivir relativamente alimentado. Soy electrodependiente porque sin eso, no vivo. Si siguen adelante con esto, me condenan a muerte», explicó.
Dijo también que el Ministerio de Salud de la provincia le provee el alimento especial con los nutrientes que necesita. «Estoy muy agradecido por eso, porque de lo contrario sería imposible para nosotros conseguirlo», mencionó y destacó el esfuerzo de sus padres para acompañarlo en todo momento: «Ellos están asistiéndome todo el tiempo».
En cuanto a las novedades sobre su situación, explicó que una nueva intervención de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, dilató por diez días la ejecución de la orden. «Me dijeron que van a tratar de gestionar la adquisición de una vivienda. También me llamaron del Juzgado para decirme que el otro miércoles tengo una audiencia por Whatsapp. La gente del Coprodis (Consejo Provincial del Discapacitado), también se comunicó conmigo. Y lo mismo, del Invico (Instituto de Vivienda de Corrientes) que iban a venir a entrevistarse con nosotros. Mientras tanto, seguimos esperando a que todo esto se resuelva», concluyó.
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