La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó esta semana la ley de Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes, más conocida como Ley de Narcomenudeo. La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, marca un cambio significativo en la estrategia judicial y de seguridad: a partir de su implementación, la Justicia Provincial tendrá competencia para intervenir en causas relacionadas con la venta de drogas en pequeña escala, que hasta ahora quedaban bajo jurisdicción federal.
El objetivo central de la medida es optimizar los recursos del sistema judicial. Mientras los tribunales federales podrán concentrarse en causas de narcotráfico de mayor envergadura, la Justicia correntina asumirá las investigaciones de menor complejidad. De esta manera, se busca dar una respuesta más ágil y cercana a una problemática que afecta a distintos sectores de la sociedad y que, por su carácter cotidiano, requiere una capacidad de reacción inmediata.
NUEVAS HERRAMIENTAS
La nueva legislación contempla además la creación de una Unidad Fiscal de Narcomenudeo (Ufin), dependiente de la Fiscalía General. Esta área tendrá a su cargo la definición de estrategias de persecución penal, la conducción de investigaciones y la coordinación de acciones con fuerzas de seguridad tanto provinciales como nacionales. A su vez, se pondrá en marcha el Consejo Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, encabezado por el Ministerio de Seguridad e integrado por representantes de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina. Este organismo funcionará como espacio de articulación institucional para unificar criterios de trabajo y fortalecer las operaciones conjuntas.
En paralelo a la sanción de la ley, el Gobierno provincial ha intensificado en los últimos meses los operativos en barrios de la Capital y en distintas localidades del Interior. Los procedimientos, realizados por la Policía de Corrientes en colaboración con otras fuerzas, se enfocan en el desmantelamiento de kioscos narcos. En ese contexto, las intervenciones permitieron secuestrar droga fraccionada, incautar elementos de comercialización y detener a personas acusadas de integrar redes de venta minorista. El despliegue busca cortar el circuito de distribución barrial, que es el eslabón más cercano al consumo y el que genera mayor impacto en la vida cotidiana de las comunidades.
Con la combinación de herramientas judiciales específicas y una política de seguridad más activa en el territorio, Corrientes consolida una posición fuerte frente al avance del narcomenudeo. La decisión de provincializar este tipo de delitos refleja la voluntad de asumir un rol más directo en la lucha contra la comercialización minorista de estupefacientes.
Intervención provincial y mayor eficacia
Tras la sanción de la nueva ley, la expectativa se centra en que la desfederalización aporte mayor eficacia a las investigaciones y que los operativos sostenidos en los barrios logren resultados visibles en el corto plazo. La apuesta es clara: combinar capacidad judicial con presencia en el territorio para enviar una señal inequívoca de que la Provincia no permanecerá pasiva ante el avance de este tipo de delitos. Se trata de un paso más de la Provincia en el combate contra el narcomenudeo, un delito presente en múltiples barrios, en todo el territorio correntino.