El 10 de marzo es la fecha establecida en el calendario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); sin embargo, todo hace prever una postergación de plazos debido a un marco de incertidumbre en torno a un elemento clave para arrancar la campaña: el precio de las vacunas.
Desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes explicitaron su postura, reclamando una readecuación del calendario. Consideraron como una “necesidad que los funcionarios responsables implementen la tan esperada readecuación del actual plan de lucha contra la fiebre aftosa, conforme el proyecto del Senasa”.
En un comunicado, detallaron requisitorias como la de “excluir a la categoría novillo, junto a la de vaca y toro, en la segunda campaña de 2025. Y para 2026, realizar una única vacunación total y revacunar únicamente la categoría terneros”.
Advirtieron que “en los últimos años se está tornando habitual la controversia por las vacunas contra la fiebre aftosa, justo en la previa del inicio de la campaña establecida por Senasa”.
PEDIDO GENERAL
El Gobierno aprobó en tiempo récord la importación de una variante de la vacuna contra la fiebre aftosa, que se usa en otros países y no en Argentina. De allí surgió una guerra mediática entre laboratorios, que llegó a la Justicia, y que mantiene de rehenes a los productores que deben aplicar las vacunas de acuerdo a lo que establece el organismo sanitario. Hasta ahora, la discusión pasaba por el precio de las dosis, que era considerablemente más alto que en el resto de los países de la región.
Comenzó el 2025 y la controversia alrededor de la vacunación no se hizo esperar. Ahora, el problema no es el pecio alto de la vacuna, sino que la falta de precio. El plan sanitario contempla que desde el 10 de marzo se deba vacunar a todas las categorías bovinas, pero en el sector productivo está creciendo el malestar, ya que, a la fecha, no hay precio de referencia y se están generando problemas logísticos ligados a esto. Y la queja es nuevamente, contra los laboratorios fabricantes en Argentina.
Distintas entidades ruralistas del país advirtieron que los laboratorios “se resisten” a dar el precio de la dosis, lo que retrasa el inicio operativo del plan de vacunación. Ante esto resulta imprescindible contar con el precio cuanto antes, porque son las fundaciones, entes creados por Ley para llevar a cabo la tarea sanitaria, las que tienen un proceso administrativo donde se debe convocar a una asamblea de los productores de cada zona para compartir los costos, que son diferentes en cada caso, ya sea por el tamaño del mismo, por su distribución geográfica, por la cantidad de cabezas y/o de productores involucrados. Luego de esto, los veterinarios, que son quienes aplican las dosis, deben ponerle precio a su servicio, y de ahí sale el costo total de vacunación.