Los meses pasaron y los delegados del PJ Nacional no hicieron uso de ese plazo para acordar reglas de juego claras, en beneficio de la demorada normalización partidaria. Se había pedido, en todos los colores, un combo que incluía la reforma de la carta orgánica, un consenso en torno al reglamento y el cronograma electoral, y la integración del tribunal partidario, así como las modalidades de la contratación del Correo Argentino. Esta semana, el Juzgado Federal aprobó una reforma, promovida por la Intervención, que abrió un fuerte debate interno. En primer término, se cuestiona la legitimidad de modificaciones tan profundas propiciadas por delegados «flojos de papeles». Entre los artículos cuestionados sobresalen cinco, algunos claramente lesivos para la identidad de un partido que, se suponía, tenía la decisión de disputar la Gobernación. Otro de los artículos es el que deja a los congresales como «actores de reparto», «figuras decorativas sin peso real» que menoscaba las representaciones territoriales. Y un tercero, que institucionaliza y da facultades estatutarias y orgánicas a un esquema de poder concentrado. Permite que pocos consejeros acuerden alianzas y alteren los resultados de las internas electivas con corrimientos que no pueden ser objetados. Reformas estructurales que nada tienen que ver con un partido concebido como una herramienta electoral para disputar un gobierno, sino más bien como un esquema oligárquico y cerrado para perpetuarse en el control de un sello correlato en votos.
02-POLITICA 03-POLITICA-2Las expectativas se esfumaron. Ya está claro que esta Intervención no juega para que un peronista gobierne la Provincia a partir de 2025. A pesar de que se apunta a la identidad partidaria, al señalar en su artículo 81 que en las internas electivas sólo votarán los afiliados, lo cierto es que ese giro es claramente mentiroso. Ello porque el artículo 89 (ver aparte) establece textual e inequívocamente que el candidato a Gobernador puede ser afiliado a otro partido y podría encabezar la oferta electoral (o sea un radical, un macrista, un libertario o un conservador).
Es un secreto a voces que hay peronistas, algunos con representación institucional, que apuestan a acompañar a un candidato a Gobernador de otro partido, como ocurrió en el menemismo o durante los años de kirchnerismo que el justicialismo quedó como furgón de cola en 2001, de «Tato» Romero Feris. Y en los turnos electorales de 2003, 2005 y 2007, de la UCR. Ahora, los interventores le otorgan jerarquía estatutaria a esta posibilidad de resignar la disputa por el premio mayor. «Una capitis diminutio» que muestra el grado de entrega y que abrió un fuerte debate interno puertas adentro de un peronismo que comienza a entender que hay cosas que no cierran. «Gato encerrado», quizás ya no sea el término. «Hay operadores de trastienda», que juegan otros intereses y tiran «el carro para atrás». Y lo hacen amparados por una legitimidad que no tienen para introducir reformas estructurales, sin consenso de ninguna naturaleza y frente a una conducción nacional ausente desde hace años.
No menos grave es la forma cómo se devalúan las representaciones territoriales. Los llamados congresales serán «empanada de relleno», sin peso real como para decisiones que, aun en tiempos de Julio Romero, pasaban por el filtro del máximo órgano de conducción política.
En esta carta orgánica (ver artículo 90), el Congreso está llamado a expedirse sobre la decisión de la mesa del Consejo respecto a alianzas electorales y corrimientos de candidatos. Una previsión que encierra una trampa gigantesca por cuando no está determinado que -la aprobación o rechazo- sea previa. La autorización que se le otorga a la mesa del Consejo es «un cheque en blanco» porque, si bien establece que sus decisiones serán «ad referéndum del Congreso», no especifica -como debiera- que ello debiera ser previa como condición de su validez.
Ello no es todo. Esta suerte de superpoderes, otorgada a la mesa del Consejo, le permite correr sin la venia del Congreso a candidatos votados en la interna de cargos electivos. Algo que hace acordar la situación del ex intendente de Mburucuyá, Ibrahim Saba que, electo en segundo término, concluyó hace algunos años en el lugar número once en la boleta de las generales. Algo que, ahora, esta carta orgánica termina por convalidar.
Otras
cuestiones
La reforma del artículo 59, que extiende de 45 a 60 días y no a 90 la antelación para la convocatoria, es claramente insuficiente para desarrollar un cronograma electoral que prevea sus distintas etapas en un proceso que apunte a la unificación del partido mediante el voto de los afiliados.
Las críticas se extienden a otros varios artículos, modificados con ligereza y poco conocimiento de la realidad. De todas formas, conviene particularizar en el que establece una junta electoral conformada por once integrantes, a la que se atribuyen facultades excepcionales. Algo que no resiste el análisis y pareciera esconder las peores intenciones de parte de uno de los interventores al que se le atribuye la responsabilidad de lo que está llamado a ser un nuevo fracaso que se suma al de otras intervenciones partidarias que terminaron de la peor forma.
LA «COOPERATIVA» ADQUIERE FUERZA ESTATUTARIA.
La tristemente célebre organización que desde las sombras fue la responsable de sucesivos fracasos electorales del PJ, cobra ahora jerarquía institucional. El artículo le otorga a la mesa del Consejo la facultad de acordar alianzas, incluir candidatos que no hayan sido votados en las internas partidarias y correr a los que ganaron sus lugares. Un «cheque en blanco» que, dadas las experiencias, hace mucho ruido tanto más cuanto, si bien lo hace «ad referéndum del Congreso», no se especifica que éste deba reunirse antes de la elección. Una desprolijidad «muy grossa» para ser pasada por alto.
LOS CONGRESALES DESDIBUJADOS, SERÁN LLAMADOS «A LLORAR SOBRE LA LECHE DERRAMADA».
Representantes del poder territorial de los 74 municipios, serán «empanada de relleno». Si bien la decisión de la mesa del Consejo, en torno a alianzas e intercalación de candidatos y corrimientos se toma «ad referéndum del Congreso», con picardía, no se establece taxativamente que deba ser previa a la inscripción. Una práctica que se mantuvo inalterable, aun en tiempos de Julio Romero, donde era el Congreso el ámbito de participación más codiciado. Ahora queda totalmente desdibujado.
EL PJ PARECE QUEDAR AL MEJOR POSTOR.
Más claro echale agua. Hay un artículo que contempla la posibilidad de que un no peronista sea el candidato a Gobernador. Va más lejos. Claramente determina que un afiliado a otro partido o un independiente pueda serlo. Ello explica el «rum-rum» de los últimos meses.