Los diputados nacionales de Unión por la Patria impulsan un proyecto de resolución solicitando que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, informe de forma urgente a la Cámara de Diputados sobre las acciones tomadas en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el jueves 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran Blanca Inés Osuna, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand, Christian Zulli, Cecilia Moreau, Eduardo Valdés, Eduardo Toniolli, Hilda Aguirre, Eugenia Alianiello, Lorena Pokoik, Carolina Gaillard, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán y Juan Manuel Pedrini.
El proyecto de resolución solicita información sobre cuestiones clave, como detalles sobre las medidas instrumentadas por el Gobierno nacional ante la posibilidad de un delito vinculado a la trata de personas. Segundo, se busca información sobre las acciones dirigidas al acompañamiento psicológico y social a la familia de Loan Danilo Peña, así como a sus amigos, allegados y comunidad afectada, entendiendo el trauma y dolor profundo que implica la desaparición del niño.
En tercer lugar, se pide un informe detallado sobre el estado de situación y avance de las investigaciones, incluyendo allanamientos, entrecruzamiento de llamadas y movimientos de cuentas bancarias realizados en los últimos diez días, particularmente en relación con el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el prefecto retirado Carlos Pérez. Además, se solicita una explicación sobre las políticas de articulación con las distintas jurisdicciones provinciales y federales para combatir la trata de niños y de personas. Esto incluye la colaboración solicitada por la Fiscalía Federal de primera instancia de Goya, a cargo de Mariano de Guzmán, con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), liderada por la fiscal Federal, Alejandra Mángano.
Finalmente, los diputados requieren información sobre las acciones realizadas por los diferentes organismos del Estado para fortalecer el control fronterizo y los resultados obtenidos. También se pide detallar las medidas, programas, políticas y compromisos internacionales y nacionales existentes para la prevención, rastreo y monitoreo de niños extraviados o sustraídos.
Un caso de máxima gravedad
Los legisladores remarcaron que la desaparición del niño es un caso de máxima gravedad que exige una respuesta inmediata y adecuada por parte de las autoridades de Seguridad, e instaron a la Ministra de esta cartera a cumplir con su deber y proporcionar información detallada sobre las acciones tomadas.
Los diputados recordaron que el DNU 8/2023 establece que el Ministerio de Seguridad es responsable de la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, y calificaron de crucial conocer las acciones específicas definidas por la ministra Bullrich para preservar la vida de Loan.
Subrayaron que el Decreto también menciona la función del Ministerio en la coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional y provincial, y el impero de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que implica el uso de todos los recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad para alcanzar sus objetivos.
Los diputados enfatizaron que, hasta la fecha, no hay registros oficiales ni testimonios que indiquen que el Poder Ejecutivo nacional se haya involucrado en el esclarecimiento de la desaparición de Loan.
Asimismo, remarcaron que la información solicitada no pone en riesgo la investigación y es necesaria para entender el accionar del Poder Ejecutivo nacional, y calificaron de esencial conocer cómo se está acompañando y brindando herramientas de contención a la familia, amigos y comunidad afectada.
Garantizar protección
Los diputados nacionales, además, observaron que la ministra Patricia Bullrich ha insistido en que la causa es llevada por la Justicia provincial, aunque sugirió que Loan podría estar retenido por alguien, y argumentaron que su pedido estriba en la preocupación de la sociedad.
Se enfatizó en que la trata de personas, especialmente de niños, se nutre de redes que aprovechan situaciones de vulnerabilidad social y de género, y que la desaparición de menores tiene un impacto social significativo, y requiere un seguimiento adecuado para visibilizar y estimar sus consecuencias. En ese sentido, remarcaron que la prevención de la trata debe acompañar con el mejoramiento de las medidas persecutorias de estos delitos, y citaron las palabras de expresadas por Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, quien el 22 de junio pasado sugirió que el caso de Loan podría involucrar trata de personas. Llobet criticó la investigación, señalando la tardanza en activar el Alerta Sofía y otros errores en el manejo del caso, a su vez de resaltar como la presión mediática y la atención comunitaria pueden ser elementos disuasorios en la consecución del delito.
A su vez, recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño establece medidas para impedir el secuestro, venta o trata de niños, protocolo que forma parte de la Constitución nacional argentina y define la venta de niños como cualquier transacción en la que un menor es transferido por remuneración. Asimismo, subrayaron que la Convención Interamericana de Tráfico de Menores también exige medidas eficaces para prevenir y sancionar el tráfico de menores, enfatizando en que este crimen representa una negación de los derechos humanos.
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