La inminente baja de más de 150.000 planes sociales provocó un fuerte impacto nacional y surge de una investigación judicial, debido a beneficiarios que viajaron al exterior. «Tenemos poca plata, no la podemos dejar para la corrupción», remarcó uno de los funcionarios responsables de la formidable purga.
La decisión se ejecutaría prontamente, en lo que más allá de lo económico es otro golpe de efecto de los que acostumbra como política de Estado la gestión Milei, en línea con sus promesas electorales.
En el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello aseguraron que la decisión está tomada, sólo resta ver «cómo y cuándo se comunicará».
Los planes Potenciar Trabajo que se acercan a la baja fueron detectados por el fiscal federal Guillermo Marijuan. De acuerdo al informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones arrojó que 159.919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos, yates, al mismo tiempo que cobraban planes. Una incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad que establece el Estado para otorgar los planes.
Marijuan presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo inicialmente recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. Al recibir la denuncia, Servini consideró que debía acumularse, por conexidad con la que ya tenía su par, Julián Ercolini, que investiga a otro grupo de más de 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) detectara que cobraban el plan pero tenían, entre otras incompatibilidades, más de una propiedad a su nombre. Además, se supo que habían comprado dólares y hasta había personas fallecidas en los listados. Ambos expedientes se tramitan ahora de forma conjunta y están delegados en la fiscalía 8, que subroga Eduardo Taiano.
CONCRETO
El Ministerio pidió a la Justicia la nómina de personas bajo la lupa, para «analizar y actuar».
En tiempos de la administración de Victoria Tolosa Paz se insistía con que muchas de las personas que figuraban como entrando y saliendo del país era porque vivían en zonas de frontera y que, por ende, sus actividades diarias los ubicaban entrando y saliendo del país. Entonces, se decidió suspender el cobro del plan de poco más de 1.000 personas a las que se consideraba que viajaron a destinos «onerosos». Ahora, la baja, al menos preventivamente, alcanzaría a todos los demás.
.