La totalidad de países limítrofes al Norte argentino, a excepción de Chile, respaldaron la postura de Paraguay ante la decisión de Argentina de cobrar peaje a las barcazas que naveguen por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, del río Paraná. Se argumenta que Argentina no demostró servicios efectivamente prestados para la navegación segura que ameriten la tarifa.
Las delegaciones de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay coincidieron en que la documentación presentada por la delegación de Argentina no demostró servicios efectivamente prestados para la navegación segura en el tramo de Santa Fe a Confluencia que justifiquen el cobro de una tasa retributiva en línea con el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
A esta misma conclusión arribó el sector privado, entre ellos, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp), entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios, y Cámaras de la industria argentina que reforzaron la posición de los países arriba citados y que las condiciones hidromorfológicas del río, por sus profundidades naturales, permiten la navegación segura de las embarcaciones a 10 pies de calado, las 24 horas, sin necesidad de mayores intervenciones de dragado.
La delegación de Argentina admitió que la tarifa de peaje no responde a intervenciones de dragado y la justificó en razón de servicios de señalización, cambio de trazas constantes y un Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) que permite conocer en tiempo real el posicionamiento de las embarcaciones y la navegación nocturna en dicho tramo, que no fueron demostradas y que las delegaciones y usuarios de la vía navegable calificaron de ineficientes.
Los cuatro países concluyeron luego de ocho meses de tratamiento de la cuestión en la Comisión del Acuerdo, en que se ofreció amplia oportunidad para la justificación por parte de Argentina dar por concluida la labor del órgano técnico y elevar la discusión al nivel del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH).
Invocaron para el efecto disposiciones reglamentarias que disponen que de no alcanzarse soluciones satisfactorias y no habiendo acuerdo en la Comisión, queda agotado el ámbito de tratamiento técnico y se abre la instancia del CIH para atender la controversia.
La delegación argentina se opuso a dicho procedimiento y planteó continuar el tema en la instancia técnica, sin acceder a suspender su intención de aplicar la medida conforme fue requerido nuevamente por los cuatro países.
El debate se realizó en Buenos Aires, en ocasión de la 59ª Reunión de la Comisión del Acuerdo con la participación presencial de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, integradas por funcionarios técnicos de sus respectivas administraciones.
La delegación del Paraguay estuvo encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada por técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; la Administración Nacional de Navegación y Puertos, y el Comando de la Armada.
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