Ante los operativos de la Justicia en esas reparticiones oficiales el jueves pasado, el Gobierno salió ayer a asegurar que prestará la colaboración que se requiera, y recordó que la investigación surge a partir de una denuncia de los propios organismos de contralor.
02-TAPA-POLITICA-14El Gobierno de la Provincia, ante las acciones que inició la Justicia correntina en el ámbito del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, que el pasado jueves consistió en el allanamiento de las oficinas de dichas dependencias y la detención de los responsables de esas áreas, aseguró ayer que prestará la colaboración que se requiera, a la vez que garantiza el funcionamiento de las mencionadas áreas, tras recordar que la investigación en curso surge a partir de una denuncia de los organismos de contralor pertinentes.
Respecto de las medidas judiciales que afectan a los organismos provinciales, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, y la detención de sus directivos, el Gobierno provincial consignó que aguarda y colabora con la investigación y determinación de responsabilidades en los hechos presuntamente delictivos que habrían ocurrido, poniendo de relieve que las investigaciones se originaron a partir de las denuncias de los mismos organismos de contralor de las citadas reparticiones y que datan del pasado mes de febrero.
Oportunamente, a través de la citada denuncia, se aportaron todos los datos e información necesaria para avanzar con la investigación y salvaguardar los intereses de los ciudadanos afectados, se puntualizó.
FUNCIONAMIENTO
Asimismo, el Gobierno asegura que garantiza el funcionamiento de las mencionados organismos, fundamentales para el desarrollo de las actividades que involucran a las propiedades de los correntinos, y se remarcó que las actividades que el organigrama provincial le otorga a ambas se siguen cumpliendo de manera normal.
LA CAUSA
Cabe señalar que los hechos que se investigan tienen que ver con actividades desarrolladas por profesionales y ciudadanos del ámbito privado que habrían intentado o inscripto títulos de propiedades obtenidos de manera fraudulenta, lo que derivó con anterioridad en detenciones y acciones que intentan determinar las magnitud y la existencia de diversos delitos y los involucrados en su concreción.
Como se consideró en el análisis que se publicó en la Contratapa de la edición de ayer, la denominada mega causa de los terrenos encierra un nuevo round, quizás el más alevoso, de una interna radical sin tregua.
Más allá de los nombres propios en cuanto a los funcionarios y empleados detenidos en las oficinas de Catastro y Propiedad Inmueble, el detalle que explicaría la mayoría de los acontecimientos lo da la pertenencia política de algunos involucrados.
En cuanto a la oposición, reaccionó hasta el momento con una movida impulsada por el senador José «Pitín» Ruiz Aragón, cuyo proyecto de resolución, acompañado por sus pares, solicita la convocatoria al Ministro de Hacienda de la Provincia para brindar detalles de los hechos de las últimas jornadas. Aunque fuentes del palacio de Hacienda dejaron trascender que la responsabilidad en el caso pasó a tenerla el fiscal de Estado, Horacio Ortega. (Ver más Nota Aparte).
HAY COSAS QUE NO SE HACEN. Un caso de características similares, donde no se respetaron las formas del debido proceso y las garantías propias de un estado de derecho, le costo el cargo -hace veinte años- al más importante, por entonces, de los jueces federales de todo el país, el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich. Ahora sucedió algo similar. La escribana Demetrio, que es no solo Directora del Registro de Corrientes, sino Presidente del Consejo Federal de los 24 Registros de todo el país, fue sorprendida con la detención, sin siquiera haber sido antes imputada, y citada a declaración indagatoria. Ayer, desde el Consejo Federal, se pidieron explicaciones públicas por lo que está sucediendo en Corrientes; se reclamó por la incomunicación y por las condiciones en las que cumple la detención y se pidió celeridad en el trámite de la excarcelación. Un caso que deja mucha tela para cortar en el que, desde este medio, se analiza -con extremada cautela- la profusa información que llega a la mesa de trabajo y que, con profesionalidad, atiende un periodista de la talla de Luis Alarcón, respetado en el mundo tribunalicio por la objetividad, respeto a las personas y a las fuentes. Separar la paja del trigo no es tarea fácil.
.