La Cámara de Diputados de Corrientes, bajo la presidencia de Eduardo Tassano, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que busca modernizar el Régimen de Promoción de Inversiones. Esta reforma tiene como eje central la adaptación del Estado a las nuevas dinámicas productivas, con el objetivo de fomentar la creación de empleo genuino para las familias correntinas.
El núcleo de la reforma es la modificación del artículo 3 de la Ley 5470. Con este cambio, se amplían formalmente los beneficios del régimen de promoción a sectores que hasta ahora quedaban fuera del marco legal, tales como la inteligencia artificial, la robótica, la industria 4.0 y el internet industrial. Según explicaron los legisladores, esta apertura busca posicionar a Corrientes como un polo competitivo frente a otras provincias, ofreciendo reglas claras y seguridad jurídica para quienes deciden invertir capital en el territorio.
UNIFICACIÓN NORMATIVA Y FACULTADES DEL EJECUTIVO
El proyecto, que ahora pasó al Senado para su tratamiento, propone un ordenamiento administrativo necesario: una vez sancionado, se derogarán las leyes 5768 y 6688. El objetivo es unificar todas las actividades promovidas en un listado único y un registro centralizado, evitando la dispersión legislativa que existía hasta el momento. Además, se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de incorporar nuevos sectores o actividades en el futuro, siempre que se ajusten a la política de desarrollo provincial.
EL ENFOQUE EN EL VALOR AGREGADO
Durante el debate, la diputada Sofía Brambilla resaltó que esta actualización responde a los nuevos modelos de producción que exigen innovación y generan empleo calificado. «Estamos ante una actualización que procura adecuar la legislación provincial a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas», señaló la legisladora, destacando que la unificación de las leyes previas permitirá una gestión más eficiente de los incentivos industriales.
OTROS TEMAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA
Más allá de la materia económica, el cuerpo parlamentario aprobó una prórroga de 180 días para la Comisión Técnica Especial encargada de redactar la reforma a la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Esta extensión busca garantizar un análisis profundo para la actualización de la normativa de protección de menores en la provincia.