El gobernador Gustavo Valdés afirmó que la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes constituye una prioridad estratégica para la región y para el país. “El segundo puente es necesario, tiene aprobación del BID en su momento y ahora va a depender de que la República Argentina pueda invertir en una obra que es absolutamente necesaria”, subrayó.
Valdés recordó el accidente ocurrido en el puente General Belgrano y advirtió sobre los riesgos de depender de un único paso. “Necesitamos descentralizar una vía que es fundamental para todos”, afirmó, en referencia a la urgencia de contar con alternativas de conexión vial entre ambas provincias.
El Mandatario citó estimaciones oficiales según las cuales el puente tendría un costo aproximado de 790 a 800 millones de dólares, mientras que las obras complementarias podrían elevar la inversión a unos 1.300 millones de dólares. Señaló que se trata de recursos factibles, pero que requieren de una decisión política firme a nivel nacional para concretarse.
Valdés recordó que la obra proyectada busca mejorar la integración de la Mesopotamia con el resto del país y con los países vecinos, y explicó que el segundo puente no solo reforzaría la vinculación con Santa Fe y Uruguay, sino también el acceso al paso fronterizo de Cotecar, lo que facilitaría la conexión logística con Brasil.
El Gobernador remarcó que una infraestructura de esta magnitud permitirá impulsar la competitividad de las exportaciones y la seguridad vial en un corredor clave para el comercio regional. “Es fundamental invertir en este tipo de infraestructura logística porque la Argentina necesita tener esta transitabilidad”, enfatizó.
El Mandatario indicó que desde Corrientes, la gestión provincial acompaña las gestiones vinculadas al proyecto, aunque reconoció que la definición final dependerá de la voluntad del Gobierno nacional.
LEY DE NARCOMENUDEO Y ROL DEL PODER JUDICIAL
Por otra parte, también se refirió al debate generado por la nueva ley sobre narcomenudeo en la provincia. Ante las críticas de algunos sectores judiciales, sostuvo que los jueces deben acatar lo que establece el marco legal. “El poder judicial tiene que aplicar la ley y le corresponde al Congreso de la provincia la sanción de la norma”, manifestó.
Valdés recordó que la iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y que, al haber sido aprobada por el Legislativo, corresponde a la Justicia su cumplimiento. “Más allá de que estén de acuerdo o no, tienen que trabajar para defender y acompañar lo que dicen el poder ejecutivo y el legislativo, que son los que sancionan las leyes”, agregó.
El Mandatario defendió la necesidad de avanzar con políticas concretas para enfrentar el narcotráfico en todas sus dimensiones. En ese sentido, sostuvo que la provincia debe dotar de herramientas claras al sistema de seguridad y justicia para garantizar respuestas eficaces a una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto.
El Gobernador resaltó que la aplicación de la ley de narcomenudeo permitirá actuar en instancias locales contra delitos vinculados al microtráfico, fortaleciendo la coordinación entre fuerzas provinciales y federales.