Un proceso penal que está encuadrado en la Constitución

El magistrado se refirió al tiempo electoral que vive el Colegio que los agrupa junto a otros funcionarios del Poder Judicial. También al proceso de implementación gradual del nuevo Código Procesal Penal en la Provincia.

Estamos avanzando hacia la constitucionalización del proceso penal, que es un salto de calidad institucional también para nuestra provincia», expresó, entre otros conceptos, el juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, quien también participa en una de las listas que se presentará el próximo 4 de diciembre para la renovación del consejo directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes.
El doctor Vega dialogó con los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Darío Ramírez en el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes en dúplex con LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.
En el Colegio de la Magistratura habrá elecciones; acá el doctor Cotello ha ganado en el Colegio de Abogados. ¿Qué nos puede decir usted?
-Yo soy asociado al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes. Es una especie de sindicato, un gremio de los jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio Público y también de los secretarios. Solamente no están, de la estructura judicial, los trabajadores judiciales, que tienen su propio sindicato. Los funcionarios, desde secretario para arriba, estamos asociados en una organización que se llama Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Corrientes. Y es una organización que tiene elecciones para elegir su Consejo Directivo y que, salvo en caso de lista única, se realiza una contienda electoral que se va a llevar adelante, en este caso por ejemplo, porque hay más de una lista. Esto se va a llevar adelante el 4 de diciembre y yo formo parte de una lista que se llama Compromiso y Participación, que justamente postula esas dos actitudes de la sociedad frente al Colegio y estamos por la renovación de las autoridades. Los que están actualmente en el Consejo Directivo forman parte de la otra lista, que se llama Colegio Independiente. Nuestra candidata a presidente es la doctora Andrea Palomeque. El objetivo de nuestra lista es oxigenar la renovación de las autoridades, llegar al Colegio con nuevas ideas y la defensa de la función judicial, tanto de magistrados como de funcionarios y tratar de acercar el Colegio a los Magistrados y Funcionarios al Interior, que muchas veces tiene menos acceso por no estar en la Capital, donde está la sede del Colegio y se desarrolla la mayor cantidad de actividades que organiza el Colegio y también los beneficios que brinda como organización. Estamos en ese tren de tratar de ser una alternativa en el Colegio de Magistrados para la renovación de las autoridades.

UN NUEVO
SISTEMA

Haciendo un balance general, ¿cuáles son las principales ventajas que puede esperar la ciudadanía con los cambios en los códigos de procedimiento?
-Las principales ventajas es esto de tener un juez imparcial frente a sí, en caso de que sea acusado de un delito, que estén bien separadas las funciones de las partes. También se puede decir que ha mejorado en calidad, en el respeto de las garantías constitucionales y es un viejo anhelo que tenía la Corte, esto de acelerar los procesos. Decía que el ciudadano tiene las garantías de una sentencia en un tiempo razonable y le ponga fin a la incertidumbre que siempre representa para cualquier persona el estar sometido a un juicio penal a través de una resolución judicial que le ponga fin. Estamos avanzando hacia la constitucionalización del proceso penal de nuestra provincia, que es un salto de calidad institucional también para nuestra provincia.
¿Cuáles son los aspectos esenciales del nuevo sistema de procedimiento penal en la Provincia?
-Uno de los temas fundamentales, la diferencia con el sistema anterior, es que ahora existe un desdoblamiento entre las funciones propias del fiscal y la del juez. Nuestro sistema anterior tenía una especie de confusión porque el Juez de Garantía era un poco juez, un poco fiscal, en el sentido que el juzgado llamaba a personas a declarar, tomaba la declaración con sus empleados y de esa manera se inmiscuía en la investigación y también después, llegado cierto momento, decidir si lo procesaba o si dictaba falta de mérito. Es decir, tenía que valorar las pruebas ya en la investigación. En este nuevo sistema está bien marcadas las funciones y es el fiscal quien investiga y el juez quien decide en audiencias orales si lo que pide el fiscal, por ejemplo, un allanamiento, una detención, si están dados los requisitos que la ley solicita para habilitar ese tipo de medidas y allí el juez solamente decide. Es decir, la imparcialidad del juez es mucho más pronunciada en este nuevo sistema, respecto del sistema anterior.

Nuevos roles y procedimientos avanzados

¿Qué nuevos cambios sustanciales se destacan en el procedimiento penal?
-Justamente parte de los cambios es esta separación que existe entre los roles de los distintos actores en el proceso. El otro factor muy importante es que antes existía un expediente, que eran carpetas atadas, cocidas con piolas de papel y que en algunos casos llegaban a tener 20, 30, 40 o 50 cuerpos y eso tenían 200 hojas cada uno, o sea había causas que tenían 7 mil fojas. Ahora el sistema es oral y se realiza en audiencias que son desgrabadas por unas modernas cámaras de video y sistema de audio que graban con mucha definición y queda resguardado. Entonces se pierde esta cultura del papel que existía antes, que era ir sellando, firmando, foliando, registrando, copiando. Ahora lo fundamental se desarrolla en audiencias que son orales y que son filmadas. Y otro dato importante es que la ciudadanía también puede participar yéndose a las audiencias a escuchar, a ver cómo se solucionan los problemas dentro de la Justicia, está totalmente abierta a la comunidad. También las propias partes, por ejemplo, la víctima que se va a las audiencias donde se decide si va a continuar o no la persona en prisión preventiva y da su opinión. Es decir que este sistema tiene muchas ventajas, entre ellas, tiene un juez imparcial. Un juez que no está comprometido con la investigación, sino que es totalmente imparcial y decide solamente aquello que las partes, por ejemplo, el fiscal pone a su decisión y no se compromete en la investigación. Y por otra parte, acerca a la ciudadanía a las autoridades judiciales porque pueden ir y ver cara a cara en una audiencia oral. Esto es un salto cualitativo en cuanto al enjuiciamiento penal, porque muchas personas piden mano dura cuando suceden hechos que lamentablemente conmocionan a la sociedad, pero también muchas personas tienen que ser conscientes de que alguna vez pueden ser implicados injustamente en la comisión de un delito y por supuesto que ahí al ciudadano le va a interesar que la persona que lo vaya a juzgar sea una persona totalmente imparcial y que esté despojado de cualquier tipo de prejuicio y de concepto respecto de su persona y decida conforme a derecho, en una audiencia lo más transparente posible. Esto queda grabado en un soporte digital y además estas audiencias pueden ser observadas por los ciudadanos que quieran asistir a ver este tipo de audiencias.
¿Este cambio es novedoso en la región o es algo que ya se implementó?
-En la región sí. Por ejemplo, en la provincia vecina ya existía el sistema de corte acusatorio. El salto de calidad que hizo Corrientes es al tomar un sistema por audiencia, es acusatorio adversarial por audiencia, es decir que es un sistema muy moderno, muy parecido al que tiene la provincia de Santa Fe hace poco más de diez años. Es una tendencia que tenían todas las provincias, que iban cambiando de Código, se iban acercando a este modelo, porque es el que respeta la Constitución nacional. Cuando en el artículo 18 dice que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, ese juicio no puede ser cualquier cosa, tiene que ser respetuoso de todas las garantías constitucionales, entre ellas la imparcialidad del juez, el derecho de defensa, el derecho a ser oído por parte de los imputados… Por una ley provincial se acepta un modelo de enjuiciamiento que respeta la Constitución Nacional y que respeta también los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscripto en el concierto de las naciones. Es un salto que ya se venía dando en otros lugares y que ahora también la provincia de Corrientes lo está implementando paulatinamente.

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