La Secretaría de Trabajo de la Provincia declaró ilegal la medida de fuerza dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes en el marco del conflicto que afecta al servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.
La resolución oficial determinó que el paro de colectivos constituye una acción directa ilegítima y, en consecuencia, dispuso la conciliación obligatoria como instancia formal para encauzar el diferendo entre las partes involucradas.
La disposición administrativa establece, en su artículo 3, que la UTA-Corrientes deberá proceder al levantamiento inmediato de la medida de acción directa. De este modo, la autoridad laboral provincial intimó al sindicato a restablecer el servicio de transporte público, en línea con la normativa vigente que regula los conflictos colectivos de trabajo y prioriza la continuidad de los servicios esenciales para la comunidad.
Asimismo, la Secretaría de Trabajo fijó la audiencia de conciliación obligatoria para el día 12 de enero de 2026 a las 9 horas. Este encuentro tiene como objetivo generar un ámbito de diálogo formal entre el sector sindical y las empresas prestatarias del servicio, bajo la supervisión del organismo estatal, con el fin de acercar posiciones y evitar la prolongación del conflicto.
La declaración de ilegalidad fue adoptada en un contexto en el que el paro se implementó y continúa vigente, pese a que los haberes de los trabajadores fueron abonados en su totalidad. Desde el organismo provincial señalaron que la persistencia de la medida, aun después del cumplimiento salarial, constituye un elemento central en la evaluación realizada para avanzar con la conciliación obligatoria.
RECLAMOS SALARIALES Y CONTINUIDAD DEL PARO
El conflicto se origina en los reclamos salariales formulados por la UTA-Corrientes, que exige un incremento del salario básico de 1.200.000 pesos a 1.370.000 pesos. Además, el gremio solicita una actualización del viático diario, que pasaría de 8.000 pesos a 13.000 pesos, planteos que forman parte de la negociación en curso entre las partes.
Desde el sector empresario del transporte urbano consideraron que las demandas salariales resultan inviables en el actual contexto económico. Las empresas sostienen que los costos operativos y la estructura financiera del sistema no permiten absorber los aumentos solicitados, lo que profundiza la tensión en la negociación y dificulta un acuerdo inmediato.
En este escenario, la Secretaría de Trabajo de la Provincia analizó la situación y avanzó finalmente con la declaración de ilegalidad del paro y la imposición de la conciliación obligatoria. La intervención del organismo busca ordenar el proceso de negociación, garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y preservar el funcionamiento del transporte público como servicio esencial para la población.
No obstante la resolución oficial, desde el gremio de transporte aún no hubo una respuesta formal a la disposición emitida por la autoridad laboral. En consecuencia, el paro de colectivos continúa, generando un impacto directo en la movilidad urbana y a la espera de que se concrete la audiencia de conciliación prevista para el 12 de enero.