La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, trabajadora incansable por los derechos de las mujeres y la educación en igualdad de posibilidades, presentó en la Cámara baja, un pedido de informe sobre los distintos aspectos de la implementación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
«Celebro que cada día más personas accedan a capacitaciones en materia de género. Sin embargo, el sistema de capacitaciones implementado en función de la Ley Micaela, de acuerdo a la experiencia personal que tuve en la Cámara de Diputados, no logró generar el impacto deseado». La capacitación en general se encuentra limitada en cuanto a criterios temporales. Creo que hay que hacer más fuerza en cuanto a la evaluación, para asegurar que los contenidos ofrecidos sean internalizados realmente por parte de los empleados y funcionarios públicos que reciben la capacitación», sostuvo la legisladora correntina.
FEDERALIZACIÓN
El proyecto solicita que se informe a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad puntos claves para saber sobre los grados de implementación de la Ley Micaela en los escalafones de menor jerarquía de los distintos poderes del Estado, el desglose de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de informar el estado de situación de cada distrito, y principalmente saber cómo se ha desarrollado la implementación de dicha ley durante la pandemia del Covid-19, entre otros puntos.
«La violencia de género es una problemática grave, y el Estado debe intervenir y debe participar. Cada persona que se desempeñe en la función pública, no sólo debe tener el compromiso, sino también la sensibilización, capacitación en la perspectiva de género, derechos humanos y violencia de género», puntualizó Brambilla.