El operativo tuvo lugar en la zona rural tras una investigación por presunto maltrato animal. Intervino la Comisaría de distrito local y la Unidad Fiscal. Los equinos presentaban preocupantes signos de deshidratación y falta de alimento.
Un nuevo procedimiento enmarcado en la lucha contra la crueldad y el desamparo animal tuvo lugar en el Interior provincial. Durante la jornada de ayer, martes 2 de junio, el personal de la Comisaría de distrito de San Luis del Palmar encabezó un operativo en una zona rural que culminó con el rescate y resguardo de tres equinos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
La intervención policial fue el resultado de una investigación penal iniciada ante sospechas firmes de infracción a las normativas vigentes sobre maltrato y abandono animal. Con los elementos probatorios colectados, y en un trabajo coordinado con la Unidad Fiscal interviniente de la jurisdicción, las autoridades solicitaron una orden de allanamiento para inspeccionar el predio ubicado en el paraje Espinillar.
Una vez que los efectivos irrumpieron en el lugar con la colaboración de un médico veterinario de la institución policial, quien examinó a los ejemplares en el mismo terreno.
El diagnóstico del especialista
Los animales rescatados —una yegua junto a su pequeña cría y un caballo de estructura adulta— presentaban signos de desnutrición y deshidratación por falta de suministro de agua y pastura básica. Las condiciones sanitarias del entorno e infraestructura en las que permanecían amarrados fueron catalogadas como totalmente inadecuadas.
Frente a este cuadro de abandono, los uniformados procedieron al secuestro preventivo y al inmediato traslado de los tres equinos hacia un establecimiento rural seguro. Allí, según confirmaron fuentes de la Jefatura, ya reciben la atención veterinaria de urgencia, alimentación adecuada y los cuidados necesarios para iniciar un proceso integral de recuperación biológica.
Por estas horas, las actuaciones sumariales y el expediente correspondiente quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán determinar las responsabilidades penales del propietario o responsable legal del predio por la falta de preservación de los animales.