El abogado defensor Aníbal Ibarra apuntó contra los fiscales de la Procunar, Diego Iglesias y Martín Uriona por «militar» las endebles condiciones del apresamiento que concluyó con el escape de Federico «Morenita» Marín en lo que entiende como parte de un pacto de ambos con el capo narco, para que acuse falsamente al ex juez Federal Carlos Soto Dávila.
02-POLITICA-3El abogado penalista, defensor en el caso del ex juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, advirtió en declaraciones a La Otra Campana, que transmite LT7 con la conducción de Gustavo Adolfo Ojeda, que la fuga de «Morenita» Marín es consecuencia directa de un convenio ilegal entre el Ministerio Público y el capo narco que ha corrompido los parámetros de la Ley N° 27.304 del Arrepentido.
Morenita Marín fue ratificado en fuga a EL LIBERTADOR el jueves 23 pasado, dos días luego de que sucediera.
El capo narco se escapó de un sitio sólo conocido por el Ministerio Público Fiscal, donde, con identidad falsa, cumplía prisión domiciliaria a disposición de los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona vinculado para la causa Sapucay.
La fuga de Marín, dijo Ibarra, es consecuencia del acuerdo de Iglesias y Uriona, del que en noviembre de 2022, cuando se produjo sólo hubo denuncias periodísticas, y sobre el que, según señaló, se mantuvo oculto para no revelar que el prófugo declararía con identidad reservada como testigo «plantado» al ex Juez Federal y los ex funcionarios de su foro, siendo responsable de su apresamiento.
Ibarra subrayó que el acuerdo, pese a haber sido establecido por el Ministerio Público Fiscal bajo el mando de la Ley del Arrepentido -que permite reducir la pena a personas que participaron de un crimen, si dan información que ayuda en la investigación de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, entre otros- no fue registrado.
El abogado defensor remarcó que este compromiso ilegal entre los fiscales Iglesias y Uriona y Marín no fue expuesto a la causa y que a través de él, con una promesa basada en falsos testimonios, el prófugo sorteó sus antecedentes y logró el beneficio de prisión domiciliaria que terminó con su escape el martes 26 pasado.
Se recuerda que Ibarra ya ha denunciado ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que el Ministerio a cargo de los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona habían plantado a una persona parte de la banda que operaba desde Itatí como «testigo reservado», señalado como «arrepentido», cuando a todas luces debía haber sido tratado como un imputado más.
Ibarra había advertido del mal procedimiento de ambos letrados en torno al testigo identificado como Renzo Jesús Molina que, se presume haya sido Marín.
Tras la fuga, el abogado defensor remarcó que de volver a ser capturado «Morenita» Marín deberá «cantar» cómo «negoció con los fiscales Iglesias y Uriona para que ‘mintieran y acusaran’ al ex juez Carlos Soto Dávila y a los ex secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina. «Espero que esto ocurra», deseó.
LA DEFENSA
SUBRAYA QUE
MARÍN DEBÍA
ESTAR EN PRISIÓN
El abogado defensor remarcó que Federico «Morenita» Marín no debía haber obtenido jamás el beneficio de prisión domiciliaria, recordó que ya se había fugado de la Justicia y enfatizó que su búsqueda y captura fue parte de un operativo de alto riesgo, además de que la suma de condenas en su contra lo seducirían a intentar un nuevo escape.
«Marín era y siguió siendo un jefe narco, según dicen el narco más importante en Corrientes», definió el letrado y recordó: «Estaba en Itatí, en Corrientes; él comerciaba droga desde que era un adolescente, y esto está en audios, donde tenía que admitir que desde los 18 años compraba merca».
«Morenita tuvo condenas», repasó Ibarra: «Él mismo en un audio dice, conozco todas las comisarías, estuve preso por todos lados. Le habían dado una condena. Le habían dado la libertad condicional. Se fugó. Y le revocaron la libertad condicional. En lugar de presentarse, no se presentó, se fue, se fugó. Entonces, estuvo varios años prófugo. ¿Qué pasó en esos años? Ofrecieron una recompensa -que en aquel momento era mucho- de quinientos mil pesos a aquel que ayudara a encontrar al mayor narco de la Argentina».
El letrado penalista también recordó cómo, cuando estaba prófugo a Marín «lo cercaron con camionetas, y él, en su camioneta ¿Y qué hizo?, empezó a chocar, se fue y se escapó, con la fuerza de policía adelante, con las fuerzas de seguridad adelante».
«Otro día lo encontraron y con un tiroteo, que le dieron en la mano, se escapó de nuevo. Tenía captura internacional y, como dije, recompensa. Con todo eso, lo agarraron, cuando lo agarran, le dan condena de doce y de ocho años, es decir, además de que había estado prófugo años y de que se había escapado de esas órdenes, de que había violado la libertad condicional, todo eso, le dan una pena de ocho y doce años, de prisión, sume y esto da veinte, y tiene causas abiertas, con lo cual iban a sumar más», remarcó.
LOS FISCALES
NECESITABAN
UN ACUERDO
El abogado defensor insistió en que los fiscales Iglesias y Uriona necesitaban acordar con «Morenita» una declaración que acusara al ex juez Federal Carlos Soto Dávila. Iglesias «no cumple con la prisión domiciliaria, si (Marín) no declara. Y por eso está en prisión domiciliaria. Porque tuvieron que cumplir con el pacto que habían hecho con ‘Morenita’. Es el pacto ilegal entre Iglesias y Marín el que hizo que un jefe narco, que estuvo media vida prófugo, esté ahora en libertad», remarcó.
Ibarra reiteró que la Ley del Arrepentido abre las puertas a «una negociación» que emprenden los fiscales para «bajarle la pena a cambio de que diga algo», en otras palabras, que no mienta y aporte información a la causa, instancia en la que Marín habría convenido que cese la persecución en su contra y lo trate como testigo encubierto, para luego reclamar trato especial para su mujer y pergeñar su escape.
«No lo persiguieron a Marín, liberaron a la mujer a la semana, Iglesias, antes de que declarara ‘Morenita’. Antes, la mujer era poco menos que el ‘Chapo’ Guzmán, y ahora, después, cuando declaró, fue la sorpresa de que se transformó. ¿Qué pasó entre medio? El acuerdo ilegal entre Iglesias y Marín y, entre esas condiciones, estaba ‘Morenita’. ¿Qué dijo Marín? ¿Quieren que declare contra Soto Dávila? Quiero la prisión domiciliaria», aseveró Ibarra.
«Ellos cumplían el pacto y le cumplieron el pacto a un jefe narco. ¿Quién puso preso a ‘Morenita’ Marín? Soto Dávila. ¿Quién lo mandó a domiciliaria? Iglesias. ¿Quién metió presa a la pareja de Marín?, Soto Dávila. ¿Quién la liberó?, los fiscales. ¿Y quién está sentado en el banquillo de los acusados? Soto Dávila. Y los fiscales con excusas, lo que no lo persiguieron a ‘Morenita’ Marín. La verdad es que esto es un escándalo. Es la punta del iceberg lo que estamos viendo», sostuvo.
Los fiscales «militaron» la
domiciliaria de Morenita Marín
Ibarra criticó con dureza el criterio vertido por el Ministerio Público y el Tribunal Federal que lleva los expedientes de Morenita Marín, para ampararlo con prisión domiciliaria con el pretexto de que sus hijos debían gozar de «figura paterna».
El abogado defensor, además, expresó que los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona, al reiterarlo con insistencia al Tribunal no sólo desconocieron los riesgos de la flexibilización de las condiciones de apresamiento de Federico Marín si no también la peligrosidad de su liberación.
Ibarra insistió que el reo gozó de hasta cuatro pedidos por parte de los fiscales para que su libertad condicional fuera tratada por el Tribunal, cuando, dados sus antecedentes, el pedido jamás debiera haber sido respaldado por el órgano encargado de acusarlo.
FACILITARON LA LIBERTAD
DE UN JEFE NARCO
Por otra parte, Ibarra, subrayó que la liberación de Marín no es comparable con la de un interno común y corriente. Se trata, resaltó, de un «jefe narco» que comandaba una banda organizada para el narcotráfico y armada con calibre pesado.
Por último, el letrado criticó que los parámetros de la Ley del Arrepentido hayan sido usados con ese fin y, además, en franco incumplimiento del artículo 6 que regla sobre actos de colaboración de que todo acuerdo deberá «registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior».
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