Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, el oficialismo nacional acelera el paso hacia el Senado con la confianza en contar con el respaldo necesario. En ese contexto, la diputada nacional Virginia Gallardo defendió la iniciativa. «Nuestra propuesta se centra en un proyecto de acompañamiento preventivo; no se trata de una política de castigo o persecución», opinó la legisladora.
02-TAPA-POLITICA-7El proyecto de un nuevo régimen penal juvenil ya tiene la mirada puesta en el Senado de la Nación. Luego de obtener la media sanción inicial en la Cámara baja, desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) manifestaron su optimismo en cuanto a la posible la cosecha de votos en Senadores para sancionar definitivamente el nuevo régimen penal juvenil, con una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otras normativas.
En este escenario, la dirigencia oficialista confía en que el consenso alcanzado con sectores de la oposición dialoguista se replique en el Senado, permitiendo así una reforma estructural del sistema.
En medio de este avance parlamentario, la diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo de LLA, fue una de las voces que fundamentó la necesidad de este cambio normativo, apuntando a la deuda histórica del Estado. «Actualmente, nos regimos por una ley sancionada en 1980, bajo un régimen autoritario que solo buscaba disciplinar a las masas. Llevamos años de conversaciones profundas sobre este asunto que no han dado resultados», advirtió la legisladora.
Para Gallardo, la discusión no debe agotarse en la sanción, sino en el abordaje de las causas de fondo. «Debemos brindar nuestro apoyo al abordar flagelos que atravesamos desde hace mucho tiempo, como la inseguridad, la pobreza y la falta de educación», sostuvo.
Al referirse puntualmente al nuevo articulado, la correntina fue tajante al señalar que la privación de la libertad no es el eje central: «Con respecto a la ley penal juvenil, quiero enfatizar en que el encierro debe ser siempre la última opción. Nuestra propuesta se centra en un proyecto de acompañamiento preventivo; no se trata de una política de castigo o persecución».
La Diputada explicó que el nuevo régimen busca que el menor no sea el único eslabón de la cadena de responsabilidad. «El enfoque es cuidar a los niños y adolescentes bajo una figura de responsabilidad civil, contando con tutores que respondan por sus actos ante la sociedad», detalló.
REPARAR EL DAÑO
Otro de los puntos destacados por la representante de LLA es la inclusión de la víctima en el proceso de justicia restaurativa. Gallardo señaló que se proponen «proyectos comunitarios que incluyan la participación de la víctima, permitiendo que el joven tome conciencia de sus actos, asuma su responsabilidad y, por sobre todas las cosas, pueda reparar el daño ocasionado».
«No es un tema más. Es una discusión profunda que nos interpela como sociedad sobre cómo cuidamos a nuestros niños y cómo asume el Estado su responsabilidad cuando llega tarde», reflexionó la legisladora, concluyendo que el país necesita de manera urgente «una ley seria, moderna y equilibrada» para dejar atrás un sistema con más de 40 años de desactualización.
ROLES CLAVE
En el marco del trabajo en comisión, Gallardo se alineó con la postura de la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, en cuanto a que, frente al delito, «el esfuerzo vale la pena».
Precisamente, Bullrich es la persona a quien designó el presidente Javier Milei para persuadir a sus pares en el Senado de la Nación en distintos proyectos clave en este período de sesiones extraordinarias: no solamente el nuevo régimen penal juvenil, sino también otros como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que también proviene de Diputados con media sanción; y la mentada reforma laboral, que -en proceso inverso- nació en la Cámara alta, logró la correspondiente media sanción y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento complementario.
Justamente, este lunes, en la recta final del período extraordinario, Milei mantuvo un encuentro con Bullrich, a fin de ajustar la hoja de ruta para aprobar la reforma laboral. La reunión se hizo en la Quinta de Olivos, pese al feriado de Carnaval.
En torno a este tipo de labores, la legisladora cuenta con un hombre clave: el senador nacional por Corrientes, Eduardo «Peteco» Vischi. El libreño, quien preside la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, tuvo un rol fundamental a la hora de unir partes, aunar voluntades y, de en consecuencia, conseguir los votos necesarios para la primera media sanción de la reforma laboral, entre otras temáticas trascendentes.
CON MILEI
En un plano más político, Gallardo resaltó su compromiso con el proyecto nacional que encabeza el presidente Javier Milei. Manifestó su orgullo por integrar una fuerza que, según adujo, con solo dos años de gestión, enfrenta problemas estructurales heredados: «No hay lugar para discutirle a este Gobierno cuando, de hecho, está combatiendo problemas centrales como la inflación y la pobreza», sentenció. A su vez, aseguró que la crisis actual es producto de «respuestas del Estado que no llegaron a tiempo en el pasado» y no de la ejecución de la actual administración.
Las 5 claves
El proyecto no solo modifica la edad de imputabilidad, sino que reestructura todo el proceso procesal para los menores. Los puntos centrales:
Baja de la edad de imputabilidad: el cambio más significativo es la posibilidad de iniciar procesos penales a adolescentes a partir de los 14 años (actualmente el límite es 16) para delitos que tengan una pena mínima de dos años.
Escala de penas: para los menores de 18 años, las penas serán reducidas en comparación con los adultos. El máximo de la pena de prisión no podrá exceder los 20 años, independientemente de la gravedad del delito.
Justicia restaurativa: se incorpora la figura de la reparación del daño. El joven podrá realizar tareas comunitarias o resarcimientos económicos a la víctima como parte de su proceso de asunción de responsabilidad, buscando evitar la reincidencia.
Plazos procesales acotados: el régimen establece que la prisión preventiva para menores será excepcional y tendrá un plazo máximo de un año, prorrogable por seis meses más en casos de extrema complejidad.
Especialización obligatoria: todo el personal interviniente (jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad) deberá contar con formación específica en derechos del niño y Justicia Penal Juvenil.