El oficialismo provincial hace valer sus «porotos» mientras Santilli recorre las provincias buscando adhesiones para el plan de Milei. Con los reclamos sobre la Autovía 12, el segundo puente y demás obras sobre la mesa, los legisladores correntinos ratifican su voluntad de diálogo pero, al mismo tiempo, no garantizan un respaldo absoluto si es que desde la Nación decidiesen ignoran aquellos temas que consideran necesarios para Corrientes.
02-TAPA-POLITICA-2El proyecto de ley de Reforma Laboral es, sin lugar a dudas, el tema sobresaliente en la arena política nacional. El presidente Javier Milei trabaja con su equipo de máxima confianza para lograr su sanción en ambas cámaras legislativas y, aunque el primer encuentro se dará en el Senado, afinan la punta del lápiz también en Diputados, a sabiendas de que, en caso de pasar el primer escollo de forma triunfal, se trata de una fase de dos partidos, y el segundo de ellos, en la Cámara baja, tampoco será nada fácil.
En ese contexto, los gobernadores de las provincias, entre ellas Corrientes, saben que cada voto de sus legisladores nacionales cuenta y, por eso, hacen valer su acompañamiento y aprovechan la oportunidad para asegurar acompañamiento a diversos reclamos. Así sucedió horas atrás en la Casa de Gobierno correntina, donde Juan Pablo hizo notar su valía al amalgamar compromisos mutuos con el ministro del Interior de la Nación, el «Colo» Diego Santilli, quien es el encargado de gestionar personalmente la suma de voluntades parlamentarias a lo largo y ancho del país.
MINUTO A MINUTO
Si bien desde el Gobierno nacional confían en contar con mayoría en ambas cámaras para aprobar el grueso del articulado, también saben que el apartado del Impuesto a las Ganancias, que afecta a las arcas provinciales, generó una notable alarma en los gobernadores, tanto de los rivales como también de los aliados. Sumar adherencias en ese sentido se ha convertido en la misión prioritaria para Santilli durante los últimos días.
Paralelamente a ello, continúa el trabajo persuasivo de parte de Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
«CHEQUES EN
BLANCO, NO»
Si bien la reciente reunión entre Juan Pablo y Santilli, según lo expuesto públicamente, fue fructífera para ambas partes, desde el equipo parlamentario que representa al Gobernador correntino fueron un tanto cautos a la hora de expresarse respecto de lo que sucederá en el Congreso.
«Esto no implica un cheque en blanco», dijeron fuentes del oficialismo provincial en diálogo con EL LIBERTADOR. «El Congreso es un espacio de concertación legítima, pero no vamos a claudicar en temas que son de estricta justicia para los correntinos», remarcaron.
Entre los puntos críticos, se enumeró la histórica deuda con el Instituto de Previsión Social (IPS), el pago de las regalías de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la inequidad en los subsidios al transporte y la energía. Como se conoció públicamente durante las últimas horas, el segundo puente interprovincial Corrientes-Chaco y la reanudación de la autovía 12 fueron los temas sobresalientes tras el encuentro que tuvo a Juan Pablo como anfitrión.
CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS
Más allá de la coyuntura de la Reforma Laboral, desde Fuerza del Cambio (interbloque que integran legisladores radicales junto al PRO, el MID y otras fuerzas), entienden que la labor que les toca realizar debe ser de buena fe, propositiva, pero al mismo tiempo detallista y sumamente analítica. Saben que cuentan con una impronta propia no menor, a punto tal de poder torcer o no el quórum en la Cámara de Diputados, lo cual no es un dato a considerar con vistas al período de sesiones extraordinarias, que está al caer, como así también al año parlamentario que se avecina.
«Estamos con una actitud propositiva en la que intentamos que el Gobierno nacional cumpla con sus metas, que lleve adelante sus planteos y su impronta, que es una atribución que tiene el Presidente porque, de hecho, para eso ha sido votado. Pero, al mismo tiempo, buscamos que no deje de reflejarse lo que denominamos una agenda federal, que son defender con claridad los intereses de la provincia de Corrientes», aseguraron fuentes de Fuerza del Cambio.
Lo que buscaron subrayar algunos integrantes del interbloque en cuestión consiste, ni más ni menos, en que una actitud constructiva no representa precisamente un colaboracionismo ciego, ni mucho menos, sino que cada proyecto será analizado al detalle; tal es el caso puntual del de la Reforma Laboral, el tema más candente durante los últimos días -dada la trascendencia que tiene para la gestión de Milei- y que continuará concitando la atención de la esfera política nacional.
«Nosotros tenemos bien en claro dónde estamos parados. Pero estamos dispuestos y con una estricta voluntad de defender los intereses de la provincia de Corrientes. Es decir, apoyar a conciencia, no todo lo que se demande, sino también obviamente solicitando lo que lo que entendemos que es justo, mirando siempre la letra chica de lo que estamos por votar y ver en cada caso cómo le va a ir a Corrientes en cada proyecto», aseveraron.
Cuando Corrientes le puso un freno a la Nación
Hacia finales de 2025, el Congreso de la Nación había sido escenario de una de las discusiones más tensas en materia de distribución de recursos. Para entonces, los legisladores de Fuerza del Cambio ya habían decidido acompañar la estructura general de la Ley de Leyes, entendiendo que el Gobierno nacional requería de herramientas previsibles para su gestión. Sin embargo, aquel consenso general había encontrado un límite infranqueable en el tratamiento de los artículos particulares que beneficiaban al puerto por sobre el interior.
La controversia se había centrado en el esquema de subsidios y deudas del mercado eléctrico. En ese sentido, los legisladores correntinos que integraban este interbloque habían apoyado oportunamente el Presupuesto 2026, que luego se convertiría en ley, aunque habían dejado sentada una salvedad histórica. Según los registros parlamentarios de aquella jornada, los representantes locales habían advertido que «en el capítulo 11 había un artículo que daba compensación a las empresas eléctricas por atraso tarifario, a las empresas de Gran Buenos Aires como de Edenor y Edesur, del Amba, pero no contemplaba compensaciones de las empresas eléctricas del interior, de las provincias».
Este antecedente resulta clave para entender la firmeza de la postura provincial. Mientras el Ejecutivo nacional había intentado subsanar el pasivo de las distribuidoras porteñas, había ignorado sistemáticamente la situación de las empresas de energía de las provincias, como la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). Acerca de ello, legisladores radicales correntinos recordaron ante EL LIBERTADOR que, en consecuencia, se habían posicionado en contra de ese apartado en particular.
Aquel rechazo no solo había representado un acto de coherencia política, sino que había evitado que se cristalizara, una vez más, una Argentina de dos velocidades: una con beneficios tarifarios para el Centro y otra con costos plenos para el Norte del país. La historia legislativa guardó este episodio como un recordatorio de que, incluso en contextos de alta necesidad de gobernabilidad, los intereses de los correntinos se mantuvieron por sobre cualquier disciplina partidaria centralista.