En las últimas horas, sucedieron hechos que, aunque sorprendentes, no deben extrañar y deben llamar a la reflexión. Van concatenados con un reprochable fallo del Tribunal Oral de Paso de los Libres que, con alegre liviandad, y contrariando las constancias de la causa, terminó condenando a un servidor público que cuenta con una intachable foja de servicios y el respeto dentro de la fuerza. Le impuso dos años de prisión en suspenso. Una decisión que trasciende a una causa, en un fuerte mensaje a los cuadros policiales de parte de la Justicia, que dista de lo que es la política de irrestricto respaldo del Poder Ejecutivo, que dentro de sus aciertos está la política de seguridad.
La condena se dio en un caso de abigeato. En simultáneo, en los últimos días, productores de Monte Caseros denunciaron inacción de la Policía frente a la ola de nuevos hechos.
La pregunta obvia es que se puede pedir de la Policía y sus cuadros cuando los mismos no tienen respaldo de quienes, desde la comodidad de sus despachos, administran Justicia sin contextualizar sus decisiones en la realidad que se vive en el campo, y sin analizar las investigaciones que se llevaron a cabo.
Más allá del apoyo del Poder Ejecutivo, lo cierto es que fiscales y jueces, así como jefes comunales responsables de bregar no sólo por la bromatología, sino también acompañar los controles policiales, miran para el costado.
A ello debe sumársele algo que la tecnología exige, que es la provisión de cámaras en las que los intendentes no invierten, así como no se puede dejar de hacer notar que los productores, rápidos a la hora de exigir a la Policía, no hacen ellos mismos sus deberes con la prevención propia que deben poner para complementar cualquier investigación.
Con grandes extensiones de tierra, es obvio que la Policía no puede, con recursos materiales y personal limitado, suplir la propia responsabilidad de los dueños de los campos, que deben implementar recorridas, garitas de control, sistemas de comunicación, cámaras de campo estratégicamente ubicadas, las cuales posibiliten brindar información puntual al personal de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (Priar), que tienen cantidad de establecimientos en cada una de las jurisdicciones.
Con todo, nada será suficiente si la Justicia no hace Justicia. Más, si los precedentes que surgen de sus fallos desaniman a los cuadros policiales y confunden a los sectores productivos.
Con la decisión del Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres, se abre un debate con mucha tela para cortar. Sería bueno que jueces, fiscales y camaristas digan lo suyo: algo necesario para una sociedad que no ve la luz al final del túnel.
Como decía el dos veces Presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi: Los jueces no sólo deben hablar por sus sentencias. Deben estar más cerca de la gente. No es desde el olimpo de sus cargos bien remunerados que van a rescatar la confianza perdida.
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