El apoderado de la lista Radicales en Acción, Miguel Ángel Rey, solicitó formalmente a la Junta Electoral el retiro de la nómina provincial del espacio político.
La decisión, fundamentada en una serie de denuncias y cuestionamientos, pone en tela de juicio la transparencia y legitimidad del proceso electoral interno de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Corrientes.
El apoderado denunció que empleados públicos afiliados a la UCR que no se alinean con el espacio liderado por el gobernador Gustavo Valdés han sido víctimas de persecución laboral. Entre las acusaciones se incluyen aprietes, acosos laborales y despidos arbitrarios e injustificados, con un total de 400 desvinculaciones en diversas dependencias públicas.
Se señala el uso indebido de vehículos oficiales y otros recursos estatales para fines proselitistas en la campaña que encabeza el gobernador Valdés, quien aspira a la presidencia del Comité Central de la UCR.
La solicitud también denuncia que no se han cumplido los requisitos establecidos en los artículos 41, 42, 44 y 51 de la Carta Orgánica Nacional, así como el artículo 15 de la Carta Orgánica Provincial. Según Radicales en Acción, se han aceptado candidatos que no cumplen con la antigüedad mínima requerida.
La intervención del partido ha sido calificada como una medida arbitraria que desnaturaliza el proceso electoral interno. Además, se cuestiona que el interventor designado acumula atribuciones plenas, incluyendo las funciones de la Junta Electoral Partidaria, de forma unipersonal.
Radicales en Acción denunció la omisión de 15 mil fichas de afiliación presentadas en tiempo y forma, la falta de información sobre cortes de padrones, la cantidad de boletas requeridas para oficialización y sellado, y detalles sobre mesas, escuelas y autoridades designadas.
Finalmente, se argumenta que todas las irregularidades mencionadas representan un grave retroceso democrático, atentando contra los principios de pluralidad, libertad de participación y transparencia.